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Miércoles 29 de Diciembre de 2010

El Gobierno presenta a los padres como enemigos de sus hijos ante el TC

14:57 h | Educación para la Ciudadanía,Objeción de conciencia | chequeescolar | Comentarios cerrados

El informe de la Abogacía del Estado en el que pide al Tribunal Constitucional, en nombre del Gobierno, que rechace el recurso de una familia objetora a Educación para la Ciudadanía, está “completamente revestido del autoritarismo y el adoctrinamiento de la propia asignatura, hasta el punto de considerar a los padres como enemigos del bien y del interés de sus hijos”, denuncia José Castro, portavoz de ChequeEscolar.org, plataforma cívica adherida a HO que junto a otras entidades cívicas hace apenas una semana que ha presentado precisamente una Declaración por la Libertad de Educación como base de la Calidad de Enseñanza: el Manifiesto Libertad de Educación, Base de la Calidad.
El alegato de la Abogacía del Estado es “un burdo intento voluntarista de dar la vuelta al art. 27.3 de la CE, de tal forma que ya no son los padres los que deben decidir la educación de los hijos sino el Gobierno, pues según la defensa del Gobierno los padres pueden ir en contra de la libertad ideológica de sus hijos”, expone Castro, que añade con ironía que “desde la visión del Gobierno, los padres pueden incluso formarles en alguna religión o creencia moral y a eso no tienen derecho”.

Art. 27.3 CE: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Abogado del Estado: “La libertad de creencias asiste a los menores de edad en su derecho a no compartir las convicciones de los padres o a no sufrir sus actos de proselitismo, de manera que la libertad ideológica del menor no puede quedar abandonada a lo que puedan decidir quienes tienen atribuida su guarda y custodia o su patria potestad”.

Esto es, el Gobierno entiende que el derecho constitucional de los padres a elegir con libertad la educación que desean para sus hijos no es tal cuando se dan, como en el caso de EpC, situaciones de conflicto. Entonces, “el Estado, más allá de sus atribuciones subsidiarias, se impone contra la Constitución como la instancia última y decisoria sobre la formación de los hijos” en este escrito, según denuncia ChequeEscolar.org.

Incoherencia y adoctrinamiento

Como es lógico, esta imposición confirma el carácter adoctrinador y liberticida de Educación para la Ciudadanía y es en el propio alegato que se reclama la formación de “sentimientos y valores” como misión del Estado por encima, de nuevo, del texto constitucional. Es más. El escrito asegura que no cabe la objeción a EpC porque a su juicio no hay “finalidad adoctrinadora”, pero acaba admitiendo que no hay neutralidad cuando afirma que “no se puede descartar el riesgo de que tanto la reglamentación en la materia como los actos dictados por la Administración Educativa lleguen a violar” dicha neutralidad ideológica.

En ese mismo sentido, denuncia el portavoz de ChequeEscolar.org, el Abogado del Estado “como alumno aventajado de la EpC del Gobierno, nos define lo que es la Democracia, esto es, el relativismo moral y filosófico. Teoría según la cual es lo mismo el asesino y la víctima, el ladrón y el robado, la autoridad o el que debe obedecer, pues todo es relativo”. En ese caso, prosigue Castro, “ni siquiera los padres pueden educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones, sino que debe ser el Gobierno, garante relativista de los derechos de todos, el que defina cómo deben ser educados los hijos, arrebatando a los padres las almas de sus hijos”.


Martes 28 de Diciembre de 2010

El Gobierno vuelve a apuntar contra la educación diferenciada

1:08 h | diferenciada | chequeescolar | Comentarios cerrados

Bereda señala que su “ideal” sería que no existieran centros concertados que “separan a los alumnos por género” porque, dice, los escolares que imparten una educación “irreal”

REDACCIÓN HO / EUROPA PRESS.- Cuando los mismos datos avalan la calidad de este tipo de enseñanza, como el hecho de que el fracaso escolar es seis veces menor en la educación diferenciada que en la pública, o queEel 95% de los niños de colegios de educación diferenciada concluye sus estudios universitarios, y siendo al final un tema que entra en el campo del derecho de los padres a elegir sobre la educación que quieren para sus hijos, el secretario de Estado de Educación, Mario Bereda, ha señalado que su “ideal” sería que no existieran centros concertados que separan a los alumnos por género porque, en su opinión, los escolares que acuden a este tipo de escuelas reciben una educación “irreal”. Ello cuando la misma Justicia se ha pronunciado frente a quienes intentan revestir al educación diferenciada como ‘discriminatoria’.

“Yo no soy partidario de que esto se haga -ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press-. En la vida, cuando vas por las calles o al trabajo, no están separados los hombres de las mujeres y, por tanto, a los chicos hay que educarlos en la realidad y que se conozcan y traten desde pequeños. Lo irreal es mantener separados a niños y niñas en la educación”.

Para Bereda, este planteamiento es “tan normal” que le “cuesta” comprender que no se entienda. En este sentido, ha subrayado que el tema tiene más profundidad de lo que se puede extraer de una conversación, al tiempo que ha insistido en que desde el Ministerio de Educación creen que “los niños y niñas tiene que estudiar juntos”.

En todo caso, ha precisado que la organización de los centros corresponde a las comunidades autónomas. “A nosotros nos gusta la enseñanza mixta, pero las comunidades en función de su autonomía, están tomando diferentes caminos porque es una tema que no está jurídicamente cerrado. Hay una efervescencia de cuestiones jurídicas que habrá que ver cómo se cierra”, ha reflexionado.

Concierto

Respecto a los conciertos educativos, ha señalado que en la Comisión de la escuela concertada (formada por sindicatos, cuatro comunidades autónomas, ministerio de Educación y patronal de centros de enseñanza), que se ha reunido recientemente, Educación ha puesto de manifiesto que está dispuesto a “hablar de todo, sin prejuicios”.

Además, ha asegurado que el PSOE no reniega de los conciertos porque fue precisamente hace 25 años cuando los socialista pusieron encima de la mesa los conciertos educativos. “Estamos dispuestos a mejorar este módulo, es decir, incrementar su cuantía, porque la concertada se queja de que es escaso”, ha enfatizado.

No obstante, ha aclarado que, a cambio, las escuela concertada debe asumir en las mismas condiciones que la pública aquellos alumnos que tiene dificultades o necesidades de apoyo especiales. “Es tan sencillo como eso -ha añadido-. Si están financiados con fondos públicos tiene que haber garantía de que se forma en las mismas condiciones que en la escuela pública”.


Lunes 27 de Diciembre de 2010

Objeción jerezana a la Educación para la Ciudadanía

1:38 h | Educación para la Ciudadanía | chequeescolar | Comentarios cerrados

Una de cada diez peticiones en contra de recibir esta asignatura que se formulan en la comunidad autónoma procede de esta ciudad

Fue en el verano de 2007 cuando las primeras familias jerezanas presentaron oficialmente su rechazo a que sus hijos cursaran Educación para la Ciudadanía (EpC), una materia que se iba a impartir en diferentes cursos de Primaria y Secundaria de forma obligatoria. Desde el primer momento, el Foro de Laicos Asidonia lideró este movimiento social en la ciudad con la presentación de unas 70 objeciones de conciencia en la Delegación Provincial de Educación, la mayoría de ellas, de colegios concertados y privados. Hoy son ya 1.025 las familias que se han sumado a esta protesta educativa, una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que supone más del 10% de toda Andalucía y la mitad de la provincia de Cádiz (2.100 objeciones en su conjunto).

Además de Sevilla, Jerez es una de las ciudades con más familias objetoras de Andalucía. El hecho de que la iniciativa se encauzara desde el principio a través de un colectivo al que los padres pueden consultar cualquier tipo de duda es una de las razones que sitúan al municipio a la cabeza de la comunidad autónoma. Otro de los colectivos que trabaja en este mismo ámbito es la denominada Plataforma Jerez Libre para Educar, que aglutina a 400 familias.

«En esta provincia empezamos a trabajar de forma coordinada antes que en ninguna otra parte», aseguró el portavoz del Foro de Laicos Asidonia, Ignacio Martínez, que desde entonces se está recorriendo muchos colegios e institutos de la provincia informando a las familias y prestándoles asesoramiento. «Se ha generado una movilización social importante, todos los días hay noticias de este tema», indicó Martínez.

Esta actividad opositora a EpC demuestra, entre otras cosas, «que los padres estamos cada vez más pendientes de la educación de nuestros hijos». Según Martínez, «hasta profesores de Filosofía de Bachillerato están enfadados porque les han quitado tiempo de su asignatura para impartir EpC». Estos días, el Foro de Laicos presentará otro medio centenar de objeciones a la asignatura en la Delegación Provincial de Educación.

Desde que empezaron hace ya tres cursos, el colectivo sigue ofreciendo charlas informativas en los colegios que lo solicitan y prestan apoyo jurídico a las familias que decidan objetar o incluso ir más allá y optar por la vía judicial. El Foro forma parte de la federación España Educa en Libertad, que canalizan este movimiento en todo país. «La batalla está bastante extendida. Los padres tienen muy claro que no van a transigir más», dijo Martínez convencido.

La Voz Digital


Viernes 24 de Diciembre de 2010

La educación en el hogar ante el Estado invasor en vida privada de los ciudadanos

18:21 h | Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Por Rafael Navarro Valls

El reciente Informe PISA (siglas de Program for Internacional Student Assesment)  ha encendido las luces de alarma en el sistema educativo español. Aunque el  porcentaje de alumnos que tienen un nivel muy bajo en comprensión lectora (20%), Matemáticas (23%) y Ciencias (19%) no es elevado, los datos bajan en picado en relación con los estudiantes que alcanzan la excelencia: menos del 1%. Es decir, el sistema educativo español parece igualar a los alumnos por abajo, pero sin el incentivo de la búsqueda de la excelencia. El alto número de alumnos repetidores (casi un 40%) así lo demuestra. Se entiende que, desde distintos sectores, se pida una urgente “revitalización” del sistema educativo, que devuelva la confianza de la sociedad en su funcionamiento.

Es en este contexto donde una serie de padres acaban de  plantear al Tribunal Constitucional español (TC) la posible inconstitucionalidad de la prohibición vía judicial del  derecho a educar a sus hijos en casa. Antes de analizar la respuesta que el TC ha dado a la demanda de estos padres (sentencia de 2 de diciembre de 2010), digamos que, en el derecho comparado, el sistema de escolaridad obligatoria está sufriendo un doble ataque. El de aquellos que en el plano teórico lo tachan de grave intromisión del Estado en la vida privada de los ciudadanos (por ejemplo Milton Friedman) y el de asociaciones americanas, españolas, alemanas, francesas, canadienses, australianas o inglesas que postulan como alternativa “la educación en casa” (home schooling). La tensión ha llegado a tales extremos que un  juez de inmigración norteamericano acaba de conceder la solicitud de asilo político a una familia de Bissinggen (Alemania), que huyó de la “persecución sufrida por las autoridades alemanas”, tras decidir educar a sus hijos en casa en vez de escolarizarlos. En la decisión de concesión de asilo se lee: “Los homeschoolers constituyen un grupo social particular, que el gobierno alemán está tratando de suprimir, quebrantándose en este caso derechos humanos básicos, que ningún país tiene derecho a violar”.

Entre los países que admiten la posibilidad de educación en casa se encuentran Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile, y, en Europa, aunque más restringidamente, Reino Unido, Irlanda, Austria, Hungría, Finlandia, Francia, Dinamarca o Bélgica. Quizás sea EEUU el sistema más liberal. Allí todo empezó con la decisión del Tribunal Supremo federal (TS, equivalente al TC español) en el caso Wisconsin versus Yoder. Miembros de la comunidad religiosa Amish (recuérdese la película Único testigo) fueron sancionados por rehusar enviar a sus hijos a la escuela a partir de los 14 y 15 años, contraviniendo la ley de Wisconsin, que impone la escolarización hasta los 16. Para los padres Amish, la adolescencia es una etapa crucial en la formación de los jóvenes en valores, y en ese periodo deben vivir integrados en su comunidad. El Supremo norteamericano aceptó esta postura: “El interés del Estado por la escolarización obligatoria debe ceder ante la libertad de los padres para marcar la orientación moral de sus hijos”. Ciertamente, en ese caso estaba en juego la libertad religiosa. Sin embargo, buena parte de la jurisprudencia estatal estadounidense admite el sistema de enseñanza en casa, siempre que existan unas condiciones mínimas en el aprendizaje y los programas impartidos por los padres.

La escuela, medio único y excluyente

En España, el establecimiento de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años ha planteado en sectores responsables esta pregunta: ¿Puede el Estado limitar la libertad de elegir el tipo de educación que los padres desean para sus hijos, incluida la libertad de decidir escolarizarlos en casa? Repárese que estos nuevos “objetores” no plantean eludir la obligación de educar a sus hijos (artículos 27 y 39 de la Constitución y 154 del Código Civil), sino que rehúsan aceptar que la escuela sea el único y excluyente medio de conseguir ese objetivo. Hace un tiempo me manifesté de acuerdo con el profesor Da Sirviera cuando apunta que la entidad de la  libertad fundamental en juego (autonomía de la familia) no admite su limitación por simples razones de eficiencia, bienestar o igualdad. Sólo se justifica la escolarización obligatoria por razones conectadas con el principio de libertad. Es decir, porque facilita un ejercicio efectivo y duradero de las otras libertades. En aquellos casos singulares en que se compruebe que la elección hecha por una familia -incluida la decisión reflexiva de sustraer a los hijos del sistema escolar obligatorio- no impide que éstos  desarrollen las competencias necesarias para que puedan ejercer sus libertades, el Estado no debería recurrir a medidas coercitivas.

Pero el afloramiento en España de este nuevo caso de “objeción de conciencia subterránea” plantea otra cuestión de entidad. Numerosos estudios indican que el éxito escolar depende, en buena parte, de los hábitos que uno aprende en casa. Así, uno dirigido por James Colman, de la Universidad de Chicago, analizó la influencia del dinero gastado, el número de alumnos por clase, la calidad profesional del maestro (años de experiencia, nivel de formación, etc.) sobre la madurez escolar. Y concluía que esos factores son interesantes, pero el más importante era la  propia influencia de la familia. Incluso ésta  presta una ayuda grande al éxito escolar aun cuando no pretenda hacerlo. Pero su influencia se centuplica si se lo propone. El caso de los beat people recién llegados de Indochina es un dato ya clásico. Vivían en penuria, en pisos pequeños y en un país para ellos desconocido. Pero un análisis de la Universidad de Michigan constató que todos estos elementos desfavorables se neutralizaban por el fuerte estímulo familiar que suponía  la atención de los hermanos mayores sobre los menores y de los padres sobre los hijos. Conclusión: “Los colegios son un éxito principalmente para las familias estables: un fracaso para las inestables y desorganizadas”.

Así las cosas -volvamos a la situación española- el Tribunal Constitucional (STC 133/2010) acaba de entender que la decisión adoptada por el legislador mediante el art. 9 LOCE, es decir, educación obligatoria hasta los 16 años, en cuya aplicación al caso concreto se adoptaron las resoluciones judiciales impugnadas en este proceso, resulta “constitucionalmente inobjetable”,  razón por la cual se desestima el recurso de amparo de los padres.

Educar no es escolarizar

La sentencia, sin embargo, no es tan contundente como inicialmente podría entenderse.  Es decir, no considera inconstitucional un sistema razonable  de “educación en casa” que respete la sociabilidad en los menores y su formación pedagógica, sino que, con la actual legislación en mano, subraya que no puede entenderse inconstitucional el sistema contrario, es decir, la escolarización obligatoria. De ahí que expresamente afirme que, a la vista del art 27 de la CEE, “no cabe excluir otras opciones legislativas que incorporen una cierta flexibilidad al sistema educativo y, en particular, a la enseñanza básica”. Naturalmente, el TC no puede erigirse en legislador, por eso se abstiene describir “cuáles deban ser los rasgos de esa regulación alternativa del régimen de la enseñanza básica obligatoria para resultar conforme a la Constitución”.

Educación no es sinónimo de escolarización. Aunque ésta es la regla general, ya hemos visto que numerosos países tienen una tradición de permitir la ‘enseñanza en casa’ -home schooling, o home education, según la terminología británica- cuando ésa es la opción preferente de los padres. En la propia España, la Fiscalía de San Sebastián (julio de 2008) archivó las actuaciones de un proceso penal seguido contra una familia que se negaba a escolarizar a sus hijos.

En todo caso, como precisa el Prof. Martínez-Torrón, de la UCM, no se trata de que el Estado, cuando permite la educación en el hogar, se desentienda de lo que ocurre con esos menores en su ámbito familiar. Al contrario, existe una regulación, que varía de un país a otro, con diversos modelos de control público sobre la enseñanza que se proporciona por las familias, de manera que se garanticen tanto los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos como el cumplimiento de los deberes asumidos por el Estado sobre enseñanza de la juventud durante el periodo de educación obligatoria -deberes que, a su vez, constituyen una garantía del derecho de los menores a la educación, reconocido por el derecho internacional y normalmente también por las Constituciones nacionales. El hecho de que el home schooling se encuentre regulado responde a la preocupación razonable y legítima del Estado por asegurar un mínimo de eficacia en cuanto a los contenidos de la educación, y también -como se observa en el caso de Francia- de evitar que esa posibilidad sea aprovechada por grupos religiosos radicales para adoctrinar a los menores en un entorno aislado de la sociedad civil.

Por lo demás, también el Ministerio de Educación tiene alguna responsabilidad en la materia. No parece razonable que se conforme con que la STC no encuentre inconstitucional el sistema vigente, sino que debería prestar oídos a la sociedad civil, y tomarse la cuestión en serio. Es decir, iniciar un proceso interno de reflexión y un proceso paralelo de diálogo con las principales asociaciones implicadas para buscar puntos de equilibrio que satisfagan los legítimos intereses de esas familias y permitan al mismo tiempo garantizar algunos objetivos esenciales en la educación. De otra manera, podría generarse un conflicto semejante al de la Educación para la Ciudadanía. Lo cual sugeriría que el gobierno va por un lado y la sociedad por otro, y nada bueno auguraría para el futuro de una educación que, en España, necesita, en efecto, ser “revitalizada” de manera urgente y con políticas consensuadas a largo plazo.

Rafael Navarro-Valls, catedrático y académico numerario de la Real de Jurisprudencia y Legislación

El Confidencial


Jueves 23 de Diciembre de 2010

Ocho puntos innegociables e imprescindibles en defensa de este derecho fundamental a la educación

13:36 h | Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Representantes de diversas plataformas cívicas defensoras de la libertad educativa en España presentan en la sede de HO el Manifiesto Libertad de Educación, base de calidad, ocho puntos innegociables e imprescindibles en defensa de este derecho fundamental.

REDACCIÓN HO.- El Manifiesto Libertad de Educación, Base de Calidad, ha sido presentado este mediodía en la sede de HazteOir.org por representantes de las distintos colectivos cívicos promotores: Azucena Caballero Asociación por la Libre Educación, ALE http://educacionlibre.org/inicimarc.htm, Rafael Lara –Epysteme -, Pablo Victoria (Paideia), María Menéndez –Madrid Educa en Libertad-, Jaime Urcelay –Profesionales por la Ética-, Jorge Sánchez-Tarazaga –FEDEL– y José Castro ChequeEscolar.org-.

El manifiesto resume en ocho puntos fundamentales las bases para garantizar la libertad educativa como premisa de una enseñanza de calidad.reproducimos a continuación el contenido íntegro del Manifiesto:

Libertad de educación, base de la calidad

Las entidades defensoras de la Libertad de Educación que hoy nos hemos reunido consideramos que:

  1. La Educación en una tarea que corresponde de manera preferente a los padres.
  2. Como establecen la Constitución Española y varios tratados internacionales, son los padres quienes tienen el derecho de elegir para sus hijos el tipo de Educación que consideren acorde con sus convicciones religiosas, morales, filosóficas y pedagógicas.
  3. El Estado, como institución subsidiaria, tiene como misión fundamental garantizar el pleno ejercicio de la libertad de educación en todas sus facetas.
  4. Debe haber más libertad para que los padres que libremente deciden educar a sus hijos en casa, de manera responsable, puedan hacerlo sin trabas administrativas ni presiones de ninguna clase.
  5. Debe haber más libertad para que los padres que opten por escolarizar a sus hijos en algún centro docente puedan realmente elegir el que consideren más apropiado.
  6. Deben establecerse formas de financiación de los centros públicos y de iniciativa social que faciliten el ejercicio de ese derecho.
  7. Debe apoyarse toda iniciativa social que, mediante la creación de nuevos colegios, asuma de manera responsable la tarea educativa, en colaboración con las familias.
  8. Deben respetarse las decisiones de los padres y alumnos que, por razones de conciencia, soliciten la exención de cursar materias o asistir a actividades que, como las asignaturas de Educación para la Ciudadanía o los programas de educación sexual que establece la ley del aborto, sean una forma de imposición ideológica o moral

Manifiesto


Domingo 19 de Diciembre de 2010

Hacia la tiranía: los niños no son de sus padres, sino del Gobierno

18:42 h | Homeschooling,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

El Tribunal Constitucional ha prohibido a dos familias que eduquen a sus hijos en casa (el famoso fenómeno del ‘Home Schooling’).
Tendrán que llevar a sus hijos al colegio y dejar su educación en manos de los profes. Habrá que recordar que el sujeto del derecho a la libertad de enseñanza no es el Estado ni el colegio, sino los padres.

Es más, los padres que, hartos de la tiranía de la escuela, controlada por los políticos -también la privada, concertada o no-, ejercían esta modalidad examinan a sus hijos en Estados Unidos, y a través de los acuerdos educativos entre países validan sus calificaciones y títulos en España. Ahora, esa única puerta abierta podría cerrarse.

Por cierto, lo que ahora hace el TC, vergüenza máxima de la vergonzosa justicia española, es refrendar al juez que ordenó escolarizar a unos niños que hablaban 5 idiomas. Que tiene bemoles, la copla.

Vamos, que los niños no son de sus padres, sino del Gobierno, que es donde se concreta la acción del Estado. Se enfrentan dos modelos: la familia, una célula de resistencia a la opresión, cuya únicas normas de funcionamiento son el compromiso y el afecto, y el Estado, personificación de la represión, dado que impone sus criterios por vía de ley, es decir, a la fuerza.

En definitiva, el fallo del TC es liberticida. Pero a mí aún me sorprende más la falta de reacción de la sociedad española, cuyas tragaderas sólo se comparan con su modorra. La intromisión del Estado -Gobierno y judicatura, principalmente- ha alcanzado en la edad moderna, cuotas peligrosas, que llegan incluso a la retirada de la patria potestad a los padres de un niño por estar gordo.
Un siglo atrás la modernidad ya atacaba a la familia con toda la fuerza de la legalidad, es decir, del Estado, Gilbert Chesterton cuenta el siguiente caso:

“Ayer en Epping, Thomas Woolbourne, un obrero de Lambourne, fue citado a juicio junto a su esposa por negligencia de sus cinco hijos. El Dr. Alpin declaró que fue invitado a visitar el hogar del acusado por inspectores de la sociedad nacional para la prevención de la crueldad contra la infancia. Tanto la casita como los niños estaban muy sucios. Comprobó que la salud de los niños era extraordinariamente buena, aunque la situación sería grave en caso de enfermedad. Se comprobó que los acusados estaban sobrios. El hombre quedó en libertad. La mujer, que alegó en su defensa que no podía limpiar la casita porque no tenía agua corriente y estaba enferma, fue sentenciada a seis semanas de cárcel. La sentencia sorprendió a los acusados. La mujer fue arrastrada fuera de la sala llorando y gritando “¡Qué Dios me ayude!”.
“No sé como llamar esto si no es chino. Invoca la imagen mental de una arcaica e inmutable corte oriental en que hombres de rostro reseco ejecutan alguna atroz crueldad acompañándose de proverbios y epigramas cuyo sentido han olvidado. En ambos casos lo único que podemos considerar real es la injusticia. Si aplicamos el menor toque de razón, todas las acusaciones de Epping se disuelven hasta la nada.
Desafío aquí a cualquier persona cuerda a explicarme por qué metieron en la cárcel a esa mujer. O por ser pobre o por estar enferma”.
Ahora el suceso de Epping se reproduce, nada menos que en el altísimo Tribunal Constitucional, que le otorga fuerza de jurisprudencia. La “célula de resistencia a la opresión” ha sido golpeada y ningún político abre la boca para protestar. No sé si es más grave el ataque a la familia o el silencio cómplice por ese ataque. O empleando palabras del propio Chesterton, somos pueblos que hemos perdido “la capacidad de quedarse atónitos ante sus propias acciones. Cuando dan a luz una moda desmesurada o una ley lamentable no se sobresaltan ni se asombran del monstruo que han parido”.

Eulogio López


¡Viva el cheque escolar!

13:01 h | Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Por Ramón Pi

En este festival de corrupción del lenguaje al que asistimos, apenas prestamos atención a la falsificación de un término usado con notable profusión: la gratuidad de algunos servicios públicos. Los servicios públicos gratuitos no existen. Los pagan los ciudadanos.

Probablemente el caso más sangrante de esta palabra engañosa es el de la educación. Por ley, la educación de los españoles en los niveles primario y secundario, hasta los 16 años, es “obligatoria y gratuita”. Como la Constitución consagra la libertad educativa, los Gobiernos intervencionistas se inventaron en su día el sistema de los “conciertos” con los centros privados que han de soportar: mecanismo perverso que ha permitido al poder establecer una panoplia de exigencias y limitaciones a la libertad de elección de centro para los padres y la libertad de ampliación de aulas para los centros, amén de otras imposiciones.

¿Hay alguna forma de eliminar estas arbitrariedades? La respuesta es sí. Basta con sustituir al interlocutor del poder político, de forma que no sean los centros, sino los padres, verdaderos representantes de los protagonistas de la educación, que son los alumnos. Una vez evaluado el coste de cada puesto escolar con aproximación razonable (existen sistemas para hacerlo), el dinero público destinado a cubrir la famosa gratuidad se da en forma de cheque a los padres, que lo entregan a los centros de su elección, públicos o privados, y éstos los hacen efectivos.
Sencillo y eficaz: por lo pronto, se cumple la ley. Pero además, al introducirse la competencia entre los centros, mejora la calidad; se elimina cualquier intento del poder político de practicar la ingeniería educativa, a la que tiene tanta afición; se estimula a los centros para dar cumplida satisfacción a los padres.

Y si la cosa parece tan clara, ¿por qué no se implanta? También aquí la respuesta es sencilla: porque al poder le aterra la libertad, y los sindicatos de docentes y las patronales de los centros prefieren mantener su estatus. Por eso, todo discurso alegando complejidad, riesgos o dificultades para su implantación debe ser tomado como lo que es: un intento inmovilista interesado, por unas u otras razones, probablemente difíciles de confesar. Así de fácil, así de claro.

Semanario Alba 304


La solución al fracaso escolar: el cheque escolar

13:00 h | Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Por Fernando Díaz Villanueva

La enseñanza en España es un completo desastre. Y no es una apreciación individual, sino un hecho objetivo. Los datos de los sucesi vos informes PISA que miden la cali dad educativa en todo el mundo son concluyentes. España va a la cola en casi todos los apartados del informe, especialmente en los tocantes a ciencias y matemáticas, en el que se sitúa muy por debajo de la media de los países de la OCDE.

Nuestros niños y jóvenes reciben una pésima educación a pesar de que el presupuesto dedicado a este capítulo no hace sino aumentar. Hoy hay más y mejores escuelas que en cualquier otro momento de nuestra historia. El profesorado es numeroso, está bien remunerado y el oficio de enseñar disfruta del prestigio social que antaño no tuvo. Los medios técnicos de los que dispone el sistema educativo nada tienen que envidiar a los de ios países más ricos del mundo.

Las escuelas españolas tienen aulas amplias con calefacción. Desde hace más de una década no existe masificación porque han coincidido dos circunstancias que habitualmente no se dan; a saber, prosperidad económica y bajos índices de natalidad. Esto ha repercutido en altísimas inversiones por alumno, inéditas desde que se creó la instrucción pública en España hace algo más de siglo y medio. El colegio público medio tiene campos deportivos, gimnasio, aulas dedicadas a la informática, laboratorios, cursos de idiomas y otras instalaciones y servicios que, hasta hace no mucho, eran patrimonio de la educación privada.

Un plato indigesto
Aquí aparece la paradoja. Mientras la inversión en educación describe una curva ascendente, la calidad desciende en la misma proporción. ¿Por qué sucede esto? Básicamente por dos razones de fondo. La primera, de sobra conocida, es la aplicación de un modelo educativo anclado en la mediocridad, que penaliza el mérito y rechaza la disciplina. La segunda es una cuestión de titularidad. La enseñanza pública en España es eso mismo: pública, es decir, forma parte orgánica del Estado, que, aparte de financiarla con cargo al erario, se encarga de gestionarla.

Los colegios en España son, como los ministerios, propiedad del Estado. El profesorado y el personal de administración y servicios son funcionarios. A los ciudadanos nos toca un colegio por zona de residencia y hemos de escolarizar a la fuerza a nuestros hijos en él. Aunque todos pagamos la infraestructura y las nóminas mediante impuestos, la libertad de elección y el control sobre la educación es nulo. El Estado, mediante las comunidades autónomas, a las que están transferidas las competencias, hace y deshace a su antojo ofreciendo un plato único, generalmente indigesto, oneroso para los bolsillos del contribuyente y, de propina, muy ideologizado.

El resultado está a la vista. Desde la Administración insisten, además, en que, aunque mejorable, no existe otra opción.

O esto o caer en la insoldable sima de la liberalización educativa, lo cual implicaría, según ellos, un verdadero drama escolar. Las familias de menos recursos sacarían a sus hijos de los colegios y los pondrían a trabajar. Se pondría fin a la igualdad de oportunidades y España volvería a los tiempos bárbaros en los que apenas un décimo de la población sabía leer y escribir.

Ante un panorama tan sombrío todos tragan y nadie piensa. O casi nadie. Thomas Paine ya propuso a finales del siglo XVIII un sistema mediante el cual el coste educativo corriese a cargo del Estado, pero fuesen los padres quienes decidiesen a qué escuela llevar a sus hijos. Entre uno y otros mediaría un cheque que, anualmente, el Gobierno enviase a cada hogar para cubrir la factura del colegio. Esta idea de Paine se debatió en Francia a finales del siglo XIX sin grandes resultados. Los estatistas, temerosos de privar al Leviatán de una de sus mejores herramientas de adoctrinamiento, frenaron la iniciativa.

Un siglo después el economista Milton Friedman recuperó la idea ante el abandono de la enseñanza pública por parte de los gobernantes. Los contribuyentes seguirían financiando la educación, pero ésta no sería un apéndice estatal, sino que tanto la titularidad como la gestión correspondería a agentes privados especializados en ofrecer este tipo de servicio. Ante la avalancha de críticas Friedman arguyo que, precisamente porque le preocupaba la educación pública y universal, era vital encontrar un sistema que mejorase su eficacia y garantizase la calidad.

En cuestiones de eficiencia, satisfacción del cliente y calidad ningún monopolio puede medirse con la libre concurrencia de actores que acuden al mercado con la intención de ganarse el favor de los consumidores. Esto es así en todos los sectores de la economía y mucho más en proveedores de bienes y servicios básicos como la alimentación, el vestido o la educación.

Nuestro ordenamiento jurídico afirma que recibir una formación académica básica es un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Eso, claro, no significa que tenga que ser el mismo Estado el encargado de suministrar esa formación. Y es aquí donde el cheque entra en juego.

Como en otras actividades, el Gobierno se limitaría a fijar el marco legal y efectuar las inspecciones oportunas. Los jueces, por su parte, arbitrarían los conflictos y observarían el cumplimiento de los contratos entre ambas partes. Resumiendo, lo mismo que sucede, sin ir más lejos, en el mercado de los alimentos, con la diferencia de que éstos no se pagan con dinero del contribuyente a pesar de que son infinitamente más necesarios para vivir que la enseñanza.

Zoquetes iletrados
La familias recibirían un cheque que atendería la totalidad de los gastos escolares del curso. Ese cheque podrían gastarlo en el colegio que quisiesen. Así de simple. Las ventajas serían muy numerosas. En el sistema escolar público habría, por vez primera, sanísima competencia entre colegios. Esto haría aumentar la oferta educativa en función de una demanda que, en el caso de la educación, se ha demostrado variadísima. Los padres tendrían dónde elegir y se acabarían de golpe interminables conflictos como el del laicismo, los derivados de la lengua vehicular o el de la selección de contenidos.
Habría colegios muy religiosos y otros que no lo serían en absoluto
. Colegios especializados en las artes y otros en disciplinas como las ciencias o las humanidades. Habría, por último, colegios normales, equilibrados en todo y sin asomo de excesos ideológicos o académicos. La cantidad de unos y otros la fijaría la mayor democracia de la Historia, que es y seguirá siendo el orden espontáneo emanado del libre mercado, donde, de forma pacífica, convergen voluntades coordinando la sociedad como ningún otro sistema basado en la coacción ha conseguido jamás.

La calidad de la educación variaría de un centro a otro, pero subiría ostensiblemente respecto al modelo centralizado y estatal que padecemos actualmente. El mercado premia y fomenta la excelencia. El profesorado malo sería, como la mala moneda o el café de achicoria, retirado paulatinamente del mercado educativo. El buen profesor sería promocionado. La razón es fácil de entender. Ningún padre quiere que su hijo sea un zoquete iletrado. Muy al contrario, los primeros interesados en la exigencia escolar y la disciplina suelen ser los padres. Con el cheque en la mano podrían escoger entre la lenidad logsiana de la nueva pedagogía, actualmente de curso forzoso, y escuelas donde los aprobados generales no fuesen moneda corriente.

Los amigos de lo público estarían de enhorabuena. Salvo alguna excepción atada al estatus, desaparecerían definitivamente los colegios privados. Todos lo serían. El Gobierno no tendría que asignar cantidades siempre crecientes para mantener el gravoso, conflictivo e hipersindicalizado mamotreto educativo. Serían los empresarios del sector los que, asignando recursos y factores, se encargasen de esa menudencia.

Todos ganaríamos. Entonces, ¿por qué no se adopta el cheque escolar? Probablemente porque sean demasiados los intereses que se amontonan sobre la enseñanza. El Estado no quiere prescindir de algo tan ideológicamente útil que, además, le proporciona una generosa clientela reacia a exponerse al veredicto de la libre elección. De ahí que sea un tema tabú y a quien se atreve a tocarlo le caen dicterios por doquier. Es, utilizando un símil educativo, una asignatura pendiente que tal vez nunca podamos aprobar.

Leído en Semanario Alba 304


Sábado 18 de Diciembre de 2010

Causas de la catástrofe educativa

14:39 h | Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

El sistema de enseñanza en España prima la vulgaridad y destierra el mérito, la excelencia y el esfuerzo. La LOE propone menos calidad, más igualitarismo por abajo, más control estatal, más fracaso. La sociedad española es hija de esa izquierda que lleva 30 años ejerciendo el monopolio cultural.

José Javier Esparza

El Informe PISA nos suspende. La educación en España roza la catástrofe. Pero hay tres razones que hacen la catástrofe más honda: una, que es la tercera vez en 10 años que pasa esto, o sea que somos tenaces reincidentes; dos, que a la mayor parte de la sociedad le da igual; tres, que esto no es un azar desdichado, sino el fruto directo de un sistema de enseñanza que nuestros gobernantes se niegan a cambiar.

En nuestro naufragio educativo hay razones ideológicas de fondo y conviene ponerlas en claro. El modelo de educación vigente en España desde hace un cuarto de siglo, implantado por el PSOE de Felipe y Rubalcaba, obedece a un objetivo: crear una sociedad igualitaria sobre la base de “valores” supuestamente compartidos por todos. Frente a la escuela tradicional, que enseñaba materias concretas, en sentido vertical, a un alumnado desigual por naturaleza, la escuela socialista aspira a enseñar valores en sentido horizontal a unos alumnos igualados de grado o por fuerza. En ese camino, los psicopedagogos socialistas encontraron una buena herramienta en las teorías de la “escuela comprensiva”. Eso fue la Logse. Esta gigantesca operación ideológica no ha sido exclusiva de España; otros países pasaron antes por ella y vivieron sus nocivas consecuencias. Pero sólo España sigue aferrada al modelo.

Causas del desastre

Como la Logse era un fiasco, los Gobiernos de Aznar intentaron cambiar las cosas. Fracasaron. La primera vez, por la oposición de las minorías separatistas. La segunda, por la mala gestión del propio PP, que no acabó el proyecto de Ley de Calidad de la Educación hasta el último año de legislatura y, por eso, no llegó a entrar en vigor. Zapatero lo primero que hizo fue anular esa reforma sin contemplaciones. Y para sembrar de sal el campo, hizo aprobar una nueva ley que no es sino un ahondamiento en los desastres de la vieja Logse.

¿Cuáles son esos desastres? Desterrar el mérito y el esfuerzo; la LOE lo confirmó al permitir el paso de curso con dos asignaturas suspensas. Privar de autoridad a los profesores. No garantizar la libertad de elección de centro; la LOE elevó el problema al cubo al afirmar el privilegio estatal de mediatizar la elección de los padres. Arruinar la formación del espíritu con la amputación de las Humanidades y el destierro de la asignatura de Religión. En definitiva, menos calidad, menos libertad, menos excelencia; más igualitarismo por abajo, más vulgaridad, más control estatal y, evidentemente, más fracaso. En vez de proponer un horizonte de excelencia al que todos puedan llegar, se propone un horizonte de mediocridad del que nadie pueda escapar.

Las soluciones al problema son bien conocidas. Hay que organizar la educación pensando en los alumnos y en la sociedad. La escuela está para impartir conocimientos, no ideología. Es llamativo que los dos puntos negros de la enseñanza en España sean precisamente las dos asignaturas más objetivas y menos ideológicas: Matemáticas y Lengua. Además, si las personas son diversas por naturaleza, habrá que aceptar que los resultados de la educación sean desiguales. La única manera de estimular el aprendizaje es premiar el esfuerzo, así que habrá que reintroducir el concepto de mérito. Como no hay esfuerzo sin autoridad, será preciso subrayar el papel del docente. Y aquí habrá que recordar a las familias cuál es su papel.

Todas estas cosas, que parecen elementales, causan erisipela en las mentes “progresistas”. El problema es que su luminoso mundo no termina de amanecer. Y lo que emerge, en su lugar, es un escenario de descomposición social, incultura individual y zozobra colectiva. El gran drama de la izquierda ilustrada española es que su programa regenerador se ha resuelto en el fracaso escolar, el desamparo ético y la telebasura. La izquierda haría bien en preguntarse en qué se ha equivocado. Porque la sociedad española presente es hija de esa izquierda que lleva 30 años (¡30!) ejerciendo el monopolio del poder cultural. Esto que hay lo han hecho ellos.

Lo que sí y lo que no

En cuanto a los proyectos de reforma que abandera la derecha, si se limitan a acentuar el éxito de la formación técnica, so pretexto de “utilidad”, tampoco nos llevarán muy lejos. No basta con exigir más en “inglés y nuevas tecnologías”. Eso no sirve de nada si no se devuelve a las Humanidades al lugar que merecen. Porque si no sabemos dónde está lo bueno, lo bello y lo justo, ¿para qué sirve lo útil? La tragedia del utilitarismo es que termina siendo inútil. Es lo que pasa con la estúpida pregunta “para qué sirve estudiar Filosofía”: estudiar Filosofía sirve para no hacer preguntas tan tontas. La finalidad de la educación no es sólo formar seres útiles para la sociedad, fabricar buenos aparatos; criar bestias eficientes es un horizonte más bien poco prometedor. La educación sirve para cosas mucho más altas. Los griegos veían la formación del ciudadano como una obra de arte. Por eso enseñaban cosas tan poco “prácticas” que han proyectado su sombra durante milenios. Los egipcios, al contrario, limitaban la enseñanza a la instrucción técnica de los escribas; su civilización obtuvo logros, pero desapareció sin dejar rastro vivo.

Lo que la educación socialista propone es un tipo de hombre hedonista y lúdico, una suerte de versión progre del “buen salvaje”, sin reparar en que ese hombre, por su absoluta carencia de asideros éticos y conceptuales, lo tiene todo para convertirse en un esclavo voluntario, en un épsilon sin voluntad que flota en el universo blando del consumo. La alternativa tiene que ser una idea distinta y más alta: un hombre que sepa pensar y actuar en contextos complejos, acostumbrado a exigirse y a dominarse, enraizado en una cultura y una patria, con sentido de la justicia para valorar el mérito y la excelencia, con una formación espiritual para saber que el sentido de la vida va más allá del propio apetito individual. Ahí hay que apuntar.

Gaceta


Viernes 17 de Diciembre de 2010

Comunicado oficial de ALE ante la sentencia de Tribunal Constitucional

13:10 h | Homeschooling | chequeescolar | Comentarios cerrados

La Asociación para la Libre Educación, ante la Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, en la que se deniega el derecho a una familia de Málaga a educar a sus hijos en el hogar, y ante la interpretación que de dicha sentencia han hecho algunos medios de comunicación, quiere poner de manifiesto el hecho de que una sentencia, por si sola, no crea jurisprudencia por lo que su aplicación efectiva no puede equipararse a la de la legislación vigente.

En cuanto al fondo del asunto, consideramos que los fundamentos de la sentencia contienen algunas imprecisiones jurídicas que son consecuencia de la falta de un posicionamiento claro en el marco normativo español. El Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación restrictiva del derecho de los padres de elegir la educación de sus hijos (derecho que, sin embargo, confieren tanto la Constitución Española como la Declaración Universal de Derechos Humanos). Sin embargo, admite que “no cabe descartar otras opciones legislativas que incorporen una cierta flexibilidad al sistema educativo y, en particular a la enseñanza básica”, lo cual indica una invitación al legislador para que termine de una vez por todas con el vacío legal en el que actualmente se encuentra esta opción educativa en España y que deja a las familias en una situación de absoluto desamparo e inseguridad jurídica. No debemos olvidar que, pese a este vacío legal, los tribunales españoles vienen interpretando la legislación de un modo totalmente favorable a la educación en casa y, en especial, a la libertad de elección de cada familia.