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Miércoles 5 de Mayo de 2010

El Defensor del Menor de Madrid investiga si un instituto discriminó a una menor por objetar a EpC

0:53 h | Educación para la Ciudadanía | chequeescolar | Trackback

La familia denuncia que se le aplicó un procedimiento de evaluación que no consta en la programación de la materia

REDACCIÓN HO.- Por medio de un comunicado emitido este martes, Madrid Educa en Libertad ha dado a conocer a la opinión pública un caso de posible discriminación de una niña objetora a Educación para la Ciudadanía (EpC) que estudia en un instituto madrileño. Sus padres han denunciado al Defensor del Menor (que ha abierto una investigación) que, al ser calificada de esa materia en 2.º de ESO, se le aplicó un procedimiento de evaluación que no está contemplado en la programación de la asignatura.

Entre septiembre de 2008 y junio de 2009, cuando cursaba de 2.º de ESO, María no asistió a las clases de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (denominación de la EpC en ese nivel educativo). Sus padres habían objetado a esa asignatura y, en aplicación de las instrucciones del Gobierno madrileño en relación con este asunto que entonces estaban vigentes, permanecía en la biblioteca durante la hora semanal dedicada a esa asignatura, esperando una alternativa (por ejemplo, trabajos teóricos o trabajo social) para superarla.

Se presentó a examen y sacó un 6,9, pero la suspendieron

Cuando el Tribunal Supremo dictó sentencias sobre la objeción a EpC, los padres de María decidieron que se presentara al examen de EpC en septiembre. Sin embargo, la dirección del instituto les recomendó que se examinara en junio. La alumna lo hizo y obtuvo en el examen una nota de 6,9. Pese a haber superado la prueba, María fue evaluada en las notas de final de curso con un 4.

Siguiendo el procedimiento habitual para la reclamación de notas, sus padres se entrevistaron con el Jefe de Departamento y con la profesora que había impartido EpC, quienes les indicaron que habían aplicado a María los procedimientos ordinarios de evaluación continua, en los que el 60% correspondía a la nota del examen y el 40% al trabajo en clase. Ese procedimiento de evaluación aparecía, según los representantes del centro, en la programación de la asignatura.

La familia defiende que María no debería haber sido evaluada mediante esa fórmula, porque ella no había entrado en clase; consiguientemente, no podía aplicársele la evaluación continua, sino que habría tenido que utilizarse el procedimiento de evaluación extraordinaria que cada departamento didáctico ha de contemplar en su programación anual. En todo caso, los padres de María reclamaron la nota ante la Dirección Territorial de Educación.

Paralelamente, la madre de María se acercó al instituto para recoger los contenidos de EpC que se iban a exigir en septiembre y le entregaron un documento que no se atenía a los contenidos oficiales de la asignatura. Solicitó entonces contrastar los contenidos con la Programación del Departamento, algo que le fue negado de muy malas formas, a pesar de ser un documento que cualquier alumno o padre tiene derecho a consultar.

El procedimiento con que evaluaron a María no está previsto en la programación

Con posterioridad, los padres se entrevistaron con la inspectora de Educación en el propio instituto y, entonces sí, pudieron revisar la programación de EpC. Cuentan que se encontraron con la sorpresa de que habían sido engañados, pues en ese documento nada se decía de calificar a los alumnos (ni aun a aquellos a quienes fuese de aplicación la evaluación continua) con un 60% por la nota del examen y un 40% por el trabajo de clase.

Así pues, los padres entendieron que el instituto había utilizado con María un procedimiento arbitrario con el único objetivo de perjudicarla. Entre unas gestiones y otras, llegó el mes de agosto y la Consejería de Educación no se había dignado a contestar la reclamación de la nota de junio, con lo que María no sabía si tenía o no que presentarse en septiembre al examen de EpC.

Finalmente, la Resolución de la reclamación (desfavorable a la petición) llegó a los padres el 1 de septiembre, que era la víspera de la celebración de la prueba.

En este contexto, convencidos de que su hija ha sufrido una evidente discriminación por ser objetora a EpC, los padres de María han acudido al Defensor del Menor madrileño, quien ha decidido solicitar un exhaustivo informe a la Dirección Territorial de Educación en relación sobre las actuaciones del instituto de María. Concretamente, la Consejería de la que es titular Lucía Figar habrá de detallar los procedimientos ordinarios y extraordinarios de evaluación, cómo se aplicaron en este caso y cuándo fue notificada a los afectados la Resolución que denegaba la reclamación de la nota de María.

En opinión de María Menéndez, portavoz de Madrid Educa en Libertad, plataforma que agrupa a buena parte de los padres objetores a EpC residentes en Madrid, lo ocurrido en el caso de María “evidencia la absoluta indefensión en la que el Gobierno de Esperanza Aguirre abandonó a los padres que habían objetado a EpC, cuando no dejaron de interesarles como reclamo electoral. También queda clara la voluntad de los padres de defender sus derechos y los de su hija hasta el final”.

Escrito del Defensor del Menor a la familia de María

1. frid Jueves 6 de Mayo de 2010 | 9:39 h

Si se tiene en cuenta que la evaluación es de “actitudes”, el subjetivismo está servido y el suspenso es de libre disposición.