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Jueves 29 de Octubre de 2009

ALE (Asociación por la Libre Educación) agradece la contribución de HO

17:54 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Azucena Caballero.JPG

La presidenta de la Asociación, Azucena Caballero, agradece en una carta el apoyo ciudadano a través de las alertas de HO, tras elúltimo éxito en los tribunales en pro del reconocimiento del derecho de todo padre a escoger el tipo de educación de sus hijos.

REDACCIÓN HO.- La presidenta de ALE, Azucena Caballero, se ha dirigido a HO para pedir que difundamos la carta de agradecimiento de su asociación al apoyo cívico recibido desde nuestra plataforma:

“Desde ALE – Asociación por la Libre Educación- deseamos dar gracias por todo el apoyo incondicional e invaluable que desde HazteOir.org hemos recibido en pro de la libertad de educación.

Gracias al apoyo de tantas y tantas personas que han sentido que firmar una carta de apoyo era un pequeño grano de arena que podían aportar para luchar por el reconocimiento del derecho de todo padre a escoger el tipo de Educación que desea para sus hijos, los padres de la familia Gómez -Calatayud, progenitores cuidadosos y admirables, lograron ganar su juicio en el que se les acusaba de abandono de sus obligaciones inherentes a la Patria Potestad por no querer escolarizar a sus hijos. La Justicia demostró que la constitución española sí sirve, que es la máxima ley de este país, y que a pesar de no escolarizar, sí se puede educar. Gracias de corazón a todos y cada uno de los miembros de HazteOir.org que constantemente están apoyando a tantas y tantas familias para que puedan ejercer sus derechos de libertad y elección de enseñanza. Saludos,

Azucena Caballero

Presidenta de la Asociación para la Libre Educación


Lunes 26 de Octubre de 2009

Nuevo triunfo de la libertad educativa: absuelta la familia de homeschoolers de Teruel

20:03 h | Homeschooling,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

 

REDACCIÓN HO / LA OPCION DE EDUCAR EN CASA.-  La  sentencia, fechada el pasado 9 de octubre por el juez de lo Penal de Teruel absuelve a esta familia que optó por educar en casa a sus hijos que habían estado previamente escolarizados, según consta en la propia sentencia:

“La anterior decisión se adoptó por los encausados después de matricular a sus hijos en….. para el curso escolar 2007-2008….., comunicando su propósito por escrito a la entidad educativa basándose en sus propias convicciones morales, éticas y espirituales”.

Resulta importante resaltar este dato, y el de la comunicación escrita con base a un derecho constitucional, ya que la razón para la desescolarización se basa directamente en el art. 27, 3 de la Constitución.

La imputación

En su momento, se les imputó a estos padres en un procedimiento dimanante del Juzgado de Instrucción, por un presunto delito de Abandono de Familia en su modalidad de incumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, del art. 226 del Código Penal, a cuyo tenor,

1. El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.

Los hechos fueron calificados como delito por el Ministerio Fiscal, para los que pedía, al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, una multa de nueve meses. El Código Penal establece  actualmente un sistema de multas día que oscila entre dos cuantías que se obtiene de multiplicar los días impuestos por una cantidad de euros que va de 2 a 400 € respectivamente, dependiendo de las circunstancias económicas de la persona imputada y condenada en su caso. En este caso habría que multiplicar 180 por 2€ o 400€ respectivamente, lo que daría una multa de entre 360 € a 72.000 €, como digo, dependiendo de la capacidad económica de la familia imputada, con arresto personal subsidiario en caso de impago. Responsabilidad que consiste en un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. A esta cuantía se suman las costas procesales en caso de condena.

En el relato de hechos probados se establece que

…los titulares de la patria potestad decidieron poner en práctica el método de la escuela en casa en lugar de escolarizar a sus hijos en un centro educativo homologado y reconocido por la Administración; para ello tomaron la decisión de que uno de los progenitores -la madre en este caso- se dedicase en exclusiva a la educación de los menores procurando lograr los avances necesarios no sólo desde el punto de vista académico sino desde un punto de vista global que atendiese a una formación integral de los mismos.

También se indica entre los hechos probados que los acusados son socios de ALE.

En cuanto a los razonamientos jurídicos, la sentencia se aleja de las que hasta el momento han absuelto a titulares de la patria potestad que han optado por educar a sus hijos e hijas en casa, en el sentido de que esta sentencia no se refiere al procedimiento elegido, siguiendo la Sentencia del Tribunal Supremo de 1994, que no reprochaba a la Administración por perseguir estas conductas, pero sí que lo hiciera por vía penal, y recomendaba la consecución de las vías civil y administrativa.

Así sucedió en la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 112/1996, de 29 de febrero, que absuelve a los acusados por desescolarizar a sus hijos en base a que el procedimiento penal no debe ser el adecuado para perseguir este tipo de conducta.

Por ello, trasladar esos factores al campo de Derecho Penal es tarea difícil e insegura casi siempre. El Juez no puede entrar en el santuario de las creencias personales y en el marco de las relaciones personales, la posibilidad intervencionista por parte del derecho permite adoptar decisiones correctoras de una relación perjudicial para los intereses del niño, pero el derecho penal sigue siendo la última línea de actuación y sólo está justificada cuando existe un daño efectivo, real y trascendente.

Este caso, sin embargo se separa de la jurisprudencia que se inició en 1994 con la sentencia del Tribual Supremo en el caso de casación presentado por la Generalitat contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que absolvía a los padres y madres del Colectivo de los Niños de Dios por no enviar a sus hijos al sistema escolar. En su lugar,  se entra directamente a dilucidar si estamos ante un ilícito penal, y se llega a la conclusión de que los acusados con su actuar no incumplen el deber de prestar la formación integral que es inherente al ejercicio de la patria potestad. De hecho, la juez ni siquiera menciona la Sentencia del Tribunal Supremo aludida.

En esta sentencia la juez ha separado claramente los conceptos de escolarización y educación para valorar que la educación que proporcionan en el hogar es suficiente para considerar cumplido el contenido del ejercicio de la patria potestad, sin necesidad de escolarizar, como requisito indispensable para ese cumplimiento. El avance es evidente hacia un noción más permisiva del contenido de los deberes de la patria potestad que comprendería tanto la escolarización de lo menores, como el proporcionar la formación integral a aquellos de modo autónomo en el propio hogar.

Por otro lado a lo largo de la sentencia se pueden apreciar estos argumentos:

1. Por parte de la Fiscalía “en nuestro país la escolarización es obligatoria desde los tres hasta los dieciséis años de edad”, y que existe un vacío legal en orden a la práctica de la enseñanza en el hogar. La edad de escolarización obligatoria mencionada es un error de bulto por parte de este Ministerio.

2. El hecho de desescolarizar, en opinión de la juez “no significa que se desentiendan del proceso educativo de sus dos hijos. Por la Defensa se recalca que escolarización y educación no son términos sinónimos y que los acusados no han incumplido el deber de educar a sus hijos que les impone el art. 154 del Código Civil…..sino que se han implicado directa y personalmente en el mismo asumiendo el trabajo que supone engrosar sus conocimientos académicos a la vez que se han encargado de su formación moral y ética”.

Además la sentencia del Tribunal Supremo a la que se refiere la sentencia, en concreto la STS 1563/1998 de 15 de diciembre, que debate un supuesto de ABANDONO DE FAMILIA, recoge un caso flagrante de abandono de menores en incumplimiento palmario de los deberes derivados de la patria potestad. La diferencia entre ambos supuestos es evidente. Veamos el relato de hechos de la sentencia referida:

…”cuando tan sólo contaba con 8 años de edad, con objeto de que no le estorbara en el desenvolvimiento de su vida ordinaria, lo dejaba sólo en su domicilio durante largos períodos de tiempo a lo largo del día, con independencia de la hora y que debiera efectuar sus comidas ordinarias, o bien lo dejaba solo en un parque cercano, donde lo recogía cuando volvía a su casa”.

La juez separa radicalmente los supuestos de absentismo escolar y educación en casa, al establecer la conexión entre las familias y la organización a la que pertenecen y la valoración del pedagogo quien tras haber observado el estado de los menores destaca que no se aprecia en éstos ninguna deficiencia ni en el ámbito personal ni en el relacional, mostrándose afables, abiertos y respetuosos.

Se valora positivamente la pertenencia de los acusados a la asociación ALE, y al contacto que esta familia tiene con otros miembros de la Asociación.

“…de forma que siguen un método de enseñanza pautado por esta entidad, hecho acreditado por la testifical del perito reseñado y las numerosas cartas personales unidas a este procedimiento procedentes de asociados que siguen las mismas prácticas que los acusados”.

La sentencia declara como consecuencia de todo ello, la libre absolución de matrimonio acusado del delito de Abandono de familia del art. 226 del Código Penal, declarando así mismo las costas de oficio.

Texto íntegro del fallo en PDF

 


Miércoles 21 de Octubre de 2009

Las chater schools: la libertad de enseñanza y el buenos resultados

22:19 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

En Estados Unidos, las charter schools (escuelas públicas, pero autónomas) son un motor de innovación educativa y dan a las familias más libertad de opción; el presidente Barack Obama ha alentado a los estados a facilitar que sigan expandiéndose. Un reciente estudio de Caroline Hoxby, profesora de Economía de la Universidad de Stanford, concluye que dan mejores resultados que los colegios públicos normales.

Aunque las charter schools forman parte de la red pública y son, por tanto, totalmente financiadas por los estados o ayuntamientos, tienen carácter propio por ser iniciativa de grupos de profesores o padres, ONG o empresas. Tienen margen para definir el plan de estudios, alargar la jornada escolar, usar determinados métodos pedagógicos, escoger qué profesores contratar y fijar la escala salarial.

A cambio, tienen que sujetarse a las normas generales de las escuelas públicas, entre ellas no seleccionar a los alumnos: si no hay plazas para todos los que desean entrar, se adjudican por sorteo. Así ocurre habitualmente: hay más de 4.400 charter schools en 40 estados y en el distrito de la capital, con casi un millón y medio de alumnos más unos 365.000 en lista de espera. Algunas se distinguen por su énfasis en determinadas materias (humanidades, un idioma…) y hay varias de educación diferenciada.

¿De quién es el éxito?

El trabajo recién publicado examina 44 charter schools de Nueva York con datos de los cursos 2000-2001 a 2007-2008. Antes del último estudio, otros habían señalado que los alumnos de charter schools obtienen mejores resultados que los de las escuelas públicas normales.

Pero sobre estas conclusiones planea la sospecha de que las mejores notas no sean por la educación que imparten, sino por los alumnos mismos. Aunque no puedan hacer selección, las charter schools reciben a chicos cuyas familias, por el mero hecho de pedir plaza, muestran más interés que la media en la educación de sus hijos. Tal vez, entonces, estas escuelas no sean mejores, sino que se llevan a los mejores alumnos.

Para despejar esta duda, el reciente estudio de Hoxby compara las calificaciones de los alumnos de las charter schools de Nueva York con las de aquellos que solicitaron plaza pero no la obtuvieron, y se quedaron en colegios públicos convencionales.

Mejores resultados

Pues bien, los estudiantes del primer grupo obtuvieron mejores resultados que los del segundo en matemáticas y lectura. Así, en los exámenes estatales llamados Regents, obtienen una media de 3 puntos más por cada año transcurrido en una charter school. Parece, por tanto, que tales escuelas efectivamente tienen algo diferente que hace progresar más a los estudiantes.

Hoxby sugiere dónde puede estar “el secreto” de esas escuelas. Según su estudio, hay correlación estadística entre los mejores resultados y ciertas prácticas muy comunes en ellas: la mayor duración de la jornada escolar, pagar a los profesores por objetivos y un régimen de disciplina claro, que castiga las infracciones y premia la buena conducta.

De todas formas, algo tienen también los chicos que aspiran a entrar en una charter school. Según descubre el estudio, los que pidieron plaza y no la lograron, obtienen notas ligeramente mejores que la media.

Datos discutidos

Pese a los buenos resultados, las charter schools no cuentan, en general, con el favor de los sindicatos de profesores de la enseñanza pública. Una razón principal es que esos colegios suelen aprovechar su mayor autonomía para contratar personal docente no sindicado y, por tanto, no cubierto por convenio colectivo, a fin de poder exigir más horas de trabajo y aplicar la retribución por resultados, en vez de pagar sólo según la titulación y la antigüedad.

A la vez, los sindicatos no están convencidos de las virtudes académicas de las charter schools. Randi Weingarten, presidenta de la American Federation of Teachers, el mayor sindicato nacional, cuando salió el último estudio de Hoxby recordó que en junio pasado otro equipo de Stanford había publicado uno más amplio y mucho menos favorable a las charter schools. Este otro trabajo, obra del Center for Research of Education Outcomes (Credo), revisó las charter schools de 16 estados y concluyó que la mitad no daban mejores resultados que los colegios públicos convencionales, y un tercio los daban peores.

La profesora Hoxby publicó después una nota en donde reprochaba al estudio del Credo un grave error metodológico. Según ella, el fallo está en que su informe comparaba las calificaciones de cada alumno de una charter schools con la media de un grupo de chicos, de similares características (sexo, raza, nivel de vida…), que estudian en los colegios públicos tradicionales de la misma área geográfica. Esto supone que las notas de unos y otros están estimadas con distintos márgenes de error.

Alumnos modestos

De todas formas, parece significativo que, según el Credo, las charter schools no sean mejores en general, pero sí para dos tipos de alumnos: los de familias de renta baja y los que llegan sin saber inglés. De hecho, estas escuelas son apreciadas sobre todo por gente de condición modesta, que sin ellas no podrían escapar de escuelas públicas que no les satisfacen.

Así, las charter schools neoyorquinas —como se ve en el estudio de la profesora Hoxby— tienen una proporción de alumnos negros muy superior a la media de las escuelas públicas convencionales. Más de la mitad de este tipo de colegios están en barrios como Harlem y el Bronx.

La popularidad de la fórmula ha alentado a las autoridades educativas de Nueva York, que han aprobado 22 nuevas charter schools recién abiertas este curso académico. El responsable de la red escolar del municipio, Joel Klein, ha manifestado, a la vista de los resultados de la reciente investigación de Stanford, que desea “hacer de Nueva York el Silicon Valley de las charter schools”. Y la experiencia parece que está dando muy buenos resultados.

De Aceprensa y Gaceta


300 alumnos objetores de Castilla y León pueden ser eximidos de cursar EpC

16:06 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

El abogado Ramos Vega considera que el TS podría cambiar su criterio, tras “tomar en consideración” los argumentos del TSJCyL.

REDACCIÓN HO.- Desde el 23 de septiembre y hasta el lunes 19 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha notificado 23 sentencias que eximen a 34 alumnos objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) de cursar estas asignaturas. Es previsible que, durante las próximas semanas, el Alto Tribunal castellanoleonés siga acordando resoluciones que podrían llegar a exonerar de la obligación de recibir esas enseñanzas a unos 300 alumnos.

Las 23 sentencias ya comunicadas a las partes, jurídicamente irreprochables, han desconcertado a los que, erróneamente, aseguraban que con dictadas por el Tribunal Supremo el 11 de febrero de 2009 la problemática de la objeción a EpC había quedado definitivamente zanjada.

¿En qué situación estamos respecto a la objeción? Para aclarar esta interrogante que muchas familias españolas se formulan, Profesionales por la Ética ha entrevistado a Francisco José Ramos Vega, abogado del Ilustre Colegio Abogados de Salamanca, un prestigioso letrado que ha presentado ante el TSJCyL 250 recursos en representación de los padres objetores a EpC. Las sentencias favorables notificadas ya a las familias objetoras de la región corresponden a algunos de esos procedimientos.

¿Cree Vd. que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se ha rebelado contra el Tribunal Supremo?

No se puede hablar de rebelión sino de argumentación jurídica. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León cita las sentencias del Supremo y recuerda que este Tribunal es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Los tribunales aplicarán e interpretarán las leyes según los preceptos constitucionales, conforme a la interpretación que de los mismos haga el Tribunal Constitucional. Y la objeción de conciencia, que es lo que nos ocupa, es un derecho reconocido en diversas sentencias por nuestro Tribunal Constitucional.

¿Qué consecuencias prácticas tienen las sentencias del TSJCyL?

Los alumnos directamente afectados por las sentencias no tendrán que cursar EpC ni asistir a clase de este conjunto de asignaturas; además, la objeción no puede implicar ningún tipo de perjuicio académico para ellos.

Para el resto de los objetores a EpC de Castilla y León y para los padres castellanoleoneses en general, estas sentencias confirman su derecho constitucional a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, en virtud del mandato constitucional que obliga a todos los poderes públicos (art.27.3 CE).

Desde el punto de vista jurídico, los argumentos de las sentencias del TSJCyL pueden ser utilizados por otros Tribunales Superiores de Justicia; en Valencia los objetores acaban de presentar 250 recursos que deberán ser resueltos. Y lo mismo puede suceder en otras Comunidades. Cuando estas sentencias lleguen al Supremo no se descarta que pueda tomar en consideración los irrefutables argumentos de Castilla y León y cambie su criterio.

¿Qué les diría Vd. a los padres españoles que tienen hijos en edad escolar?

Sin duda, que tienen derecho a objetar a EpC. Las sentencias de Castilla y León han reiterado el carácter ideológico de estas asignaturas y la objeción sigue teniendo amparo constitucional y moral. A los que han objetado, les diría que perseveraran en su actitud. A los que creen que EpC no les afecta porque llevan a sus hijos a los colegios que han elegido, les diría que hay niños cuyos padres no pueden o no saben defenderse. Abandonar ahora esta oposición a EpC sería un gran fracaso para las futuras generaciones, estaríamos sembrando el país de clones que no serían capaces de discernir, de elegir, de oponerse a la maquinaria propagandística del partido gobernante. Es necesario continuar en esta lucha por la libertad.

Ha sido el propio Gobierno el que, al dictar los reglamentos que diseñan EpC ha incumplido con el mandato constitucional de garantizar a los padres el derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y ha hecho irremediable la presentación de la objeción de conciencia como único medio para que sus hijos no sean educados en una ideología, en una moral y una ética impuesta por el Gobierno de turno, con el objeto de provocar en los niños una reconstrucción de valores.


Martes 20 de Octubre de 2009

Declaraciones tras sentencias TSJ Castilla y León

15:27 h | Educación para la Ciudadanía,Libros | chequeescolar | Comentarios cerrados

Declaraciones de Marisa Pérez Toribio, presidenta de Soria Educa en Libertad, tras las 21 nuevas sentencias del TSJCyL que eximen de cursar EpC a 31 alumnos.

 Las familias objetoras piden la dimisión de Juan José Mateos, consejero de Educación, y del viceconsejero Sánchez Pascuala.

 

REDACCIÓN HO.- Estaba cantado. Tras las dos primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que eximieron de cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) a 3 alumnos objetores, comienzan a llegar en aluvión nuevas resoluciones favorables al movimiento objetor: en los últimos días el Alto Tribunal de la región ha notificado 21 nuevas sentencias que amparan a otros 31 alumnos.

En resumen, a fecha de hoy el TSJCyL ha notificado un total de 23 sentencias que exoneran a 34 alumnos (19 de Salamanca, 12 de Soria y 3 de Valladolid). Estas resoluciones reconocen que, puesto que la administración autonómica tiene competencias en materia educativa, “cualquier incidencia que surja en relación con la educación de un alumno ha de ser resuelta por las autoridades educativas autonómicas”, por lo que éstas podrían y deberían haber reconocido los derechos de los padres y hacer efectivo su respeto, evitándoles tener que acudir a los Tribunales para defender unos derechos que la propia Constitución les reconoce y que la Junta de CyL no ha protegido.

Valoración jurídica del abogado Ramos Vega

Francisco José Ramos Vega, abogado de los objetores castellanoleoneses, recuerda que, al igual que las sentencias notificadas el mes pasado (las primeras de un Tribunal Superior de Justicia tras las sentencias del Supremo) “el Tribunal avala el derecho a objetar a EpC porque entiende que, en la interpretación de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, es vinculante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y no la del Supremo. Es el Tribunal Constitucional el intérprete supremo de la Constitución”.

El letrado también ha reiterado que las sentencias hacen un riguroso análisis de los reglamentos que regulan EpC en Castilla y León y llegan a la conclusión de que, al imponer a los menores la reconstrucción y nueva creación progresiva de valores, exigen que “donde había unos valores ya construidos, provenientes del ámbito familiar, se proceda a sustituirlos por otros de nuevo cuño”, lo que denota, con palabras de los magistrados, “un marcado fin de adoctrinamiento”. Existe, por tanto, un riesgo exorbitante de injerencia en la esfera de privacidad que el art. 27. 3 CE reserva a los padres, y que éstos no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar que cristalice, por lo que les reconoce el derecho a la objeción de conciencia.

La noticia de la notificación de estas 21 más recientes sentencias ha sido recibida con enorme alegría por parte de las 10 plataformas de padres objetores de Castilla y León. Para Marisa Pérez Toribio, presidenta de Soria Educa en Libertad y portavoz de los padres objetores de esta región, “hoy los alumnos de Castilla y León son más libres porque la Justicia ha confirmado un derecho constitucional recogido en la Constitución. Y esta es una buena noticia para todos los ciudadanos”.

Los objetores exigen la dimisión del consejero Mateos y del viceconsejero Sánchez Pascuala

Sin embargo, Pérez Toribio no puede ocultar la indignación de estas familias con la Junta de Castilla y León. Y es que el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera sigue ninguneando a los objetores a las materias de EpC, mientras repite que en su Comunidad Autónoma estas asignaturas son menos adoctrinadoras que en el resto de España.

Ante esta actitud, Marisa Pérez Toribio recuerda a Herrera:

Que los decretos autonómicos que desarrollan EpC en Castilla y León tienen los mismos objetivos, contenidos y criterios de evaluación que los decretos estatales, como confirmó el propio TSJCyL en sentencias dictadas en los meses de abril y junio pasados. Por tanto, contra lo que afirma Juan Vicente Herrera, el decreto autonómico que desarrolla EpC en Castilla y León no ha rebajado en absoluto el carácter ideológico y adoctrinador de estas asignaturas.

Que, con su actitud, la Junta de Castilla y León ha sido tan beligerante con los padres objetores como el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero. En este sentido, las plataformas castellanoleonesas que se oponen a EpC recuerdan las amenazas del consejero de Educación a los objetores sorianos en julio de 2008, así como las maniobras de la Junta para evitar la presentación de objeciones y la negativa del viceconsejero de Educación, Fernando Sánchez Pascuala, a adoptar ninguna medida para prevenir el adoctrinamiento en EpC tras las sentencias del Tribunal Supremo.

La Junta de Castilla y León ha patrocinado cursos de formación de profesores de EpC impartidos por autores marxistas (como Carlos Fernández Liria, autor del libro de EpC de la editorial Akal) y altos cargos del Ministerio de Educación (como Pedro Uruñuela).

El presidente Juan Vicente Herrera se ha negado reiteradamente a recibir a los padres objetores, que le han solicitado entrevistarse con él en tres ocasiones.

Por todo ello, en un comunicado fechado hoy, las 10 plataformas de objetores de Castilla y León exigen la dimisión del consejero de Educación, Juan José Mateos, y la del viceconsejero, Sánchez Pascuala, “por su nefasta gestión del conflicto de EpC y su reiterado menosprecio a los padres objetores”.

Por otra parte, Marisa Pérez Toribio ha manifestado que el presidente Herrera tendrá que recibir a los representantes de las plataformas y rectificar sus declaraciones, por constituir éstas “una afrenta a la verdad de los hechos

 

 


Lunes 19 de Octubre de 2009

La web de la Consejería de Educación enseña a niños de Primaria cómo utilizar el preservativo.

22:47 h | Educación para la Ciudadanía,Libros | chequeescolar | Comentarios cerrados

REDACCIÓN HO.- Este fin de semana, en declaraciones realizadas a la Cadena COPE, la presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM), Esperanza Aguirre, ha acusado al Gobierno de Rodríguez Zapatero de pretender reeducar a la sociedad en cuestiones ideolgógicas y éticas y ha asegurado que para eso ha hecho la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). La máxima autoridad del Ejecutivo madrileño ha querido tranquilizar a las familias de la región afirmando que el currículo de EpC fijado por la Consejería de Educación, de la que es titular Lucía Figar, está formado únicamente por contenidos que están recogidos en la Constitución.

En respuesta a esas declaraciones, Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, ha replicado a Esperanza Aguirre que “el conjunto de asignaturas de Educación para la Ciudadanía adoctrina en esta región al igual que en el resto de España”.

Estos son los datos a los que remite un comunicado de la citada asociación:

La página web de recursos educativos de la Comunidad de Madrid recomienda el famoso multimedia Sexpresan a niños de Primaria (ver este enlace). Entre otras actividades, Sexpresan explica a los alumnos (y para ello se sirve de dibujos) cómo ponerse un preservativo (ver imágenes 1 y 2).

La Fundación laicista CIVES, presidida por el socialista Mayoral, recoge en su Memoria de Actividades de 2008 que tiene suscrito un convenio con la Comunidad de Madrid para formar profesores de EpC.

El desarrollo curricular de las asignaturas de EpC (incluyendo la Educación Ético-Cívica que se imparte en 4.º de la ESO) en la Comunidad de Madrid recoge plenamente lo que establece la legislación estatal y contiene las enseñanzas mínimas establecidas por el Ministerio de Educación, como confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado mes de agosto.

La Comunidad de Madrid no ha distribuido ninguna comunicación a los inspectores de Educación (algo que sí ha hecho, por ejemplo, la Junta de Andalucía) informándoles del criterio del Tribunal Supremo, que ha establecido claramente que la educación estatal no puede tomar posturas respecto de temas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española ni erigirse en árbitro de las cuestiones morales controvertidas.

“Por todo ello”, explica Fernández de Alarcón, “solicitamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que evite eficazmente y no de palabra el adoctrinamiento escolar en su jurisdicción”.

Por otra parte, Profesionales por la Ética recuerda que la presidenta Aguirre no ha atendido a las peticiones de entrevista que le han formulado los objetores a EpC residentes en la CAM.


Viernes 16 de Octubre de 2009

La Junta de Castilla y León sigue despreciando a los objetores a EpC

16:52 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

En febrero, se apresuró a hacer extensivas las sentencias del TS a los hijos de todos ellos, pero se niega a hacer lo mismo tras el respaldo del TSJCyL a la objeción.

REDACCIÓN HO.- El día 23 del pasado mes de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) notificaba dos sentencias favorables a 3 alumnos objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) residentes en la región.

El hecho implicaba dos novedades importantísimas:

Era la primera vez que el Tribunal castellanoleonés dictaba sentencia sobre la objeción a EpC.
Era la primera vez que un Tribunal Superior de Justicia dictaba sentencia favorable a los objetores tras las resoluciones del Tribunal Supremo sobre esta materia.
El letrado que ha tramitado los recursos de varias de las plataformas castellano leonesas, Francisco José Ramos Vega, ha confirmado que el TSJCyL ha dictado ya 49 sentencias que eximen de cursar EpC a 97 alumnos objetores y que estas resoluciones se irán notificando a las partes en los próximos días. Ramos Vega también ha recordado que quedan cerca de 240 recursos pendientes de resolución por parte del Alto Tribunal castellanoleonés, por lo que se espera que en las próximas semanas la notificación de sentencias prosiga su curso.
El letrado afirma que, en las resoluciones que ya le han sido notificadas, el Tribunal avala el derecho a objetar a EpC porque entiende que, en la interpretación de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, la jurisprudencia vinculante no es la del Tribunal Supremo sino la del Constitucional, que es el “intérprete supremo de la Constitución” (art. 1 de la Ley Orgánica del TC).

Ramos Vega explica que las sentencias hacen un riguroso análisis de los reglamentos que regulan EpC y llegan a la conclusión de que, al imponer a los menores la reconstrucción y nueva creación progresiva de valores, exigen que “donde había unos valores ya construidos, provenientes del ámbito familiar, se proceda a sustituirlos por otros de nuevo cuño”, lo que denota, con palabras de los magistrados, “un marcado fin de adoctrinamiento”. Existe, por tanto, “un riesgo exorbitante” de injerencia “en la esfera de privacidad” que el art. 27. 3 CE reserva a los padres, y que éstos “no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar que cristalice”, por lo que les reconoce el derecho a la objeción de conciencia.

Así mismo, las sentencias reconocen que en materia de educación son concurrentes las competencias de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y puesto que la ejecución es competencia autonómica, “cualquier incidencia que surja en relación con la educación de un alumno ha de ser resuelta por las autoridades educativas autonómicas”, por lo que éstas “podrían haber entendido existentes los derechos reclamados, y en consecuencia hacer efectivo su respeto”. En definitiva, el TSJCyL deja en evidencia, una vez más, que la Junta de Castilla y León ha hecho dejación de sus funciones y ha mostrado una pasividad injustificada en el tratamiento de la resolución del conflicto creado por EpC, pese a que en esta Comunidad Autónoma hay más de tres mil familias objetoras.

“A pesar de la gravedad de la situación que han puesto de manifiesto los magistrados, los responsables de la Junta persisten en su desprecio a las familias objetoras”.

Quien así se expresa es Marisa Pérez Toribio, presidenta de Soria Educa en Libertad, quien añade que desde la Consejería de Educación se podían haber articulado las medidas correspondientes para hacer extensivo el contenido de las sentencias a todos los alumnos objetores, ya que estos sólo esperan la notificación de una sentencia que previsiblemente les confirmará su derecho a objetar.

Pérez Toribio espera que Juan Vicente Herrera ponga orden en la Consejería de Educación, cuyos dos máximos responsables (el titular Juan José Mateos y su segundo Fernando Sánchez Pascuala) se han señalado como manifiestamente hostiles para con el movimiento objetor:

“Es una grave irresponsabilidad tener sometidos a tantos alumnos a una situación de indefensión absoluta frente a lo que los magistrados han calificado de riesgo exorbitante; y todo por una evidente falta de voluntad tanto del Consejero como del Viceconsejero, que a lo largo de este conflicto han menospreciado y acosado a miles de familias que, tal como ha reconocido el Tribunal, estaban ejerciendo un derecho constitucional que no ha sido respetado por las administraciones. Si el presidente Herrera no se pone al frente de esta situación y adopta inmediatamente las medidas necesarias para proteger a todos los objetores, tendremos que pensar que sus palabras de respeto a los padres que han objetado no eran más que declaraciones mediáticas, absolutamente vacías de contenido. Y que en realidad el Presidente de Castilla y León nos respeta tan poco como los responsables de la Consejería de Educación. Sería lamentable llegar a esa conclus


Jueves 8 de Octubre de 2009

Observatorio por la Libertad en la Educación de Andalucía: Ciencias del Mundo Contemporáneo es “ilegal”

22:27 h | Educación para la Ciudadanía,Libros | chequeescolar | Comentarios cerrados

Observatorio por la Libertad en la Educación de Andalucía (presentación). Foto: La Razón

El abogado Carlos Seco exige al Ministerio de Educación y al Gobierno regional que su currículo sea “urgentemente retirado”.

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- El Observatorio por la Libertad en la Educación de Andalucía ha denunciado hoy la “ilegalidad” de la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que se imparte en 1.º de Bachillerato, por considerarla “contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.

Según el coordinador del Observatorio, el abogado sevillano Carlos Seco, el Alto Tribunal, en sus sentencias de 11 de febrero de 2009 sobre Educación para la Ciudadanía (EpC), sentó la doctrina al afirmar que “será exigible una posición de neutralidad por parte del poder público cuando se esté ante valores distintos a los comúnmente aceptados, subyacentes en los Derechos Fundamentales establecidos en la Constitución de 1978”.

Seco explica que, por ello, según las citadas resoluciones, “ni la Administración educativa, ni tampoco los centros docentes ni los concretos profesores pueden imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”, ya que “el deber de neutralidad ideológica del Estado prohíbe a éste incurrir en cualquier forma de proselitismo”.

Seco considera que, en aplicación de esta jurisprudencia del TS, el currículo de la asignatura ‘Ciencias para el mundo contemporáneo’ de primero de Bachillerato “resulta manifiestamente ilegal”, por lo que pide que sea “urgentemente retirado por la Consejería de Educación y por el Ministerio de Educación, y modificado para su adaptación a la citada doctrina jurisprudencial”.

El Observatorio resalta que en el propio currículo de la asignatura se especifica que ésta “debe contribuir a dar una respuesta adecuada a interrogantes sobre temas de índole científica y tecnológica con gran incidencia social”. Ello “resulta contrario a la citada doctrina jurisprudencial” por la forma en que están formulados algunos de los “objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la materia”.

Entre los objetivos de la asignatura que considera contrarios a Derecho, el Observatorio destaca el de “conocer algunos conceptos, leyes y teorías, sobre cuestiones científicas y tecnológicas, que tengan incidencia en las condiciones de vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate público”.

En cuanto a los contenidos, denuncia la ilegalidad -por sus implicaciones morales- de los que la propia asignatura “llama la revolución genética, el genoma humano, las tecnologías del ADN recombinante o la reproducción asistida, la clonación y sus aplicaciones, así como la investigación con células madre o la Bioética”.

Por lo que hace referencia a los criterios de evaluación, Seco resalta que el currículo “persigue que el alumno conozca las bases científicas del origen del universo y de la vida, de la manipulación genética y embrionaria, valorar los pros y contras de sus aplicaciones y entender la controversia internacional que han suscitado”.

Así pues, tanto los elementos del currículo de Ciencias del Mundo Contemporáneo tienen como finalidad, según Carlos Seco, “el desarrollo de contenidos que son objeto de controversia y de debate social, que invaden el espacio de libertad de conciencia que el Tribunal Supremo ha impuesto respecto a la educación”.

Finalmente, también afirma que el esta asignatura “vulnera el derecho de las familias a educar a los hijos conforme a sus convicciones, y se aparta de la más exquisita neutralidad ideológica que le es exigible, por lo que dicha asigntaura resulta a todas luces ilegal y debe ser retirada y modificada urgentemente”.

El Observatorio por la Libertad en la Educación de Andalucía, que fue presentado oficialmente el pasado 18 de junio en Sevilla, es un organismo creado bajo el impulso de Concapa, el Foro Andaluz de la Familia, Profesionales por la Ética y la Fundación San Pablo-CEU.


Martes 6 de Octubre de 2009

La fundación laicista Cives ha formado a 1500 profesores de EpC

9:21 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

La entidad presidida por el socialista Victorino Mayoral asegura tener un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid.

REDACCIÓN HO.- Como es sabido, la Fundación CIVES, presidida por el ex diputado socialista Victorino Mayoral y fundada por otros socialistas (como Ludivina García Arias, Claudio López Serrano o Francisco Contreras Pérez), ha tenido mucho que ver con la implantación de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC).

CIVES elaboró, junto a la Universidad Carlos III, la primera propuesta de EpC; en esta propuesta ya anunciaba su propósito de formar en valores comunes a los futuros ciudadanos ya que las creencias religiosas eran un asunto privado y aseguraba que “la palabra Dios carece de significación real, una voz sin sentido que no afecta para nada a la vida de la mayoría de los ciudadanos”.

Ahora la Fundación que preside Mayoral ha elaborado su Memoria de actividades en 2008 (documento 1) y su agenda para el 2009. Estas son algunas de las novedades sobre las que Profesionales por la Ética llama la atención en un comunicado:

Los cursos de formación del profesorado de EpC han contado con la colaboración del Instituto Superior de Formación Permanente del Profesorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las consejerías de Educación de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid (documento 2), instituciones con las que CIVES tiene suscritos convenios, priorizando la capacitación de profesores de EpC.

Además de los cursos correspondientes a los convenios con las consejerías de Educación de las citadas comunidades autónomas, se han impartido cursos en Murcia, Zamora, Valladolid, Alcorcón (Madrid), La Coruña, El Ferrol, Cee (La Coruña) y Valencia.

En 2009 CIVES sigue promoviendo EpC entre el profesorado, con cursos en ciudades como Zamora y Murcia. Y está muy interesada en los profesores de Primaria: en Cantabria, la Fundación laicista acaba de organizar un encuentro con 300 maestros de EpC, encargados de impartir la asignatura. También están previstos cursos de CIVES en Murcia y Zamora para este año.

Para Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, “la colaboración del Ministerio de Educación con CIVES es una nueva muestra del carácter ideológico de estas asignaturas. Nos llama poderosamente la atención que CIVES asegure que tiene suscrito convenio de colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para formar a profesores de EpC. El Partido Popular tendrá que aclarar si esa afirmación es cierta; y de serlo, deberá aclarar de una vez cuál es su verdadera posición respecto a estas asignaturas”.

Según los datos de Profesionales por la Ética, entre 2007 y 2008 los cursos y jornadas organizadas por CIVES han llegado a unos 1 500 profesores de EpC, lo cual equivale a afirmar que los criterios ideológicos de CIVES llegarán aproximadamente a unos 50 000 alumnos.


Jueves 1 de Octubre de 2009

Los padres objetores a EpC solicitan diálogo al Ministro de Educación

20:23 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Los manifestanantes explicaron que han solicitado “en muchas ocasiones” un encuentro con Gabilondo sin que todavía éste haya accedido a recibirles, y reiteraron que tienen “la mejor voluntad” para llegar a un acuerdo. Los padres objetores también registraron en la sede del Ministerio una hoja del calendario del mes de octubre de 2009 en la que aparece escrita la frase, a modo de tarea pendiente: “Recibir a los padres objetores de EpC”.