jump to navigation

Miércoles 30 de Septiembre de 2009

Objetores de la Comunitat recurren al TSJ para que exima de cursar EpC a 240 menores

12:44 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Trackback

Asesorados por AEL, CEL y VAEL, han solicitado el amparo judicial después de que Font de Mora no haya resuelto los recursos de reposición que siguieron a la denegación administrativa de sus objeciones de conciencia.

REDACCIÓN HO.- Los padres de 240 niños y adolescentes de las tres provincias valencianas interpusieron el viernes 25 de septiembre recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en los que solicitan que, por razones de conciencia, sus hijos queden eximidos de cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC).

182 de estos menores residen en la provincia de Alicante, 34 viven en la de Valencia y los 24 restantes en la de Castellón.

A mediados del pasado mes de agosto, estas familias presentaron recursos de reposición contra la resolución del conseller Alejandro Font de Mora que les denegó el reconocimiento de ese derecho. Transcurrido el plazo del que la Administración disponía para resolverlos sin que la Conselleria haya respondido a los interesados, los servicios jurídicos de las asociaciones Alicante Educa en Libertad (AEL), Castellón Educa en Libertad (CEL) y Valencia Educa en Libertad (VAEL), en representación de los afectados, han planteado los oportunos recursos para la protección de los derechos fundamentales de la persona.

José M.ª Llanos, asesor jurídico de las citadas asociaciones y abogado que ejerce la representación procesal de los recurrentes, recuerda que en octubre del pasado año fueron centenares los objetores valencianos que, asistidos por los letrados de CONCAPA o por los de VAEL, recurrieron al TSJCV con la misma finalidad.

Aquellos recursos se interpusieron por silencio administrativo, pues la Conselleria de Educación no había respondido a las declaraciones de objeción de conciencia. El Alto Tribunal valenciano estimó que no procedía resolver nada sobre el fondo, pues consideró que se trataba de un derecho que creían tener los padres, y que por eso lo ejercían; pero que la Administración no estaba obligada a resolver y que ese silencio no podía entenderse ni como denegación ni como reconocimiento del derecho invocado. Una decena de las familias inmersas en aquellos procedimientos, representadas por el abogado Jorge Sánchez-Tarazaga, interpusieron recursos de casación ante el Tribunal Supremo, instancia en la que se tramitan actualmente.

“Con posterioridad a aquella decisión del TSJCV”, destaca Llanos, “la Administración educativa valenciana ha entendido que sí debía responder a las declaraciones de objeción planteadas, porque obviamente ejercitar el derecho a la objeción o no ejercitarlo tiene repercusiones académicas y, por ello, jurídico-legales”.

“Por eso, ante la resolución expresa de la Administración, que deniega las objeciones, planteamos recurso para la protección de los derechos fundamentales de la persona (en este caso, el de libertad ideológica y religiosa y el que asiste a los padres para decidir la formación moral de sus hijos, previstos en los artículos 16.1 y 27.3 de la Carta Magna), confiando en que el Alto Tribunal autonómico reconozca lo que es un derecho de objeción de conciencia”, explica el abogado.

La objeción de conciencia a EpC es un derecho… y un deber

Llanos aclara: “La objeción de conciencia no se plantea por nuestra parte ni siquiera como un ‘derecho’ por el que nos negamos a cumplir la ley; se plantea como un ‘deber’, por cuanto la conciencia nos impide cumplir esa ley”.

José Berná, que comparte con Llanos y Sánchez-Tarazaga la asesoría jurídica de las tres entidades, considera que en el ámbito judicial “aún hay mucha tela que cortar, a pesar de que el poder político pretende dar por finalizado el debate después de las sentencias acordadas por el Supremo el 11 de febrero”. “Lo demuestran”, añade, “las dos sentencias dictadas el pasado 23 de septiembre por el TSJ de Castilla y León en las que se reconoce la legitimidad de la objeción de conciencia a EpC”.

“Las sentencias del TS que deniegan tal derecho”, precisa Llanos, “no son fuente de nuestro derecho, no tienen carácter vinculante (por los temas que tratan), se refieren a los casos estrictamente enjuiciados (que están recurridos ante el Tribunal Constitucional) y quedan otras instancias a las que reclamar la protección de estos derechos: el propio Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Además, apostilla Berná, “la posición constitucional e institucional del Tribunal Supremo, conforme a lo establecido en los artículos 123, 152.1 y 161.1.b) de la Constitución, es la de órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo -precisamente- en materia de garantías constitucionales”.

Por último, José M.ª Llanos destaca que “en la inmensa mayoría de países del mundo occidental, tanto en Europa como en América, existen cláusulas de conciencia, que suponen la posibilidad de recurrir a la exención del cumplimiento de una ley, cuando se considera que atenta contra la conciencia personal”. “Su inclusión en la normativa académica podría contribuir a la solución del conflicto de EpC; esa fue”, recuerda, “una de las fórmulas que se propusieron durante la tramitación de la LOE y, como todas las demás, fue despreciada por el Ministerio de Educación. Ahora que el Sr. Gabilondo dice buscar un pacto nacional por la educación, que no sería completo sin un acuerdo sobre esta materia, volvemos a ponerla sobre la mesa”.

Para más información:

alicanteeducaenlibertad@gmail.com
castelloneducaenlibertad@gmail.com
valenciaeducaenlibertad@gmail.com