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Viernes 26 de Septiembre de 2008

Los objetores del Instituto Español de Lisboa plantan cara a las amenazas

18:42 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Instituto Español en Lisboa (ubicación)

Han advertido de ello a la Embajada, mediante una carta remitida al Consejero de Educación y al Embajador, y han creado la Plataforma de Padres para la Libertad de Educación en Portugal.

REDACCIÓN HO.-Como el pasado día 16 de septiembre informó HO, un grupo de familias cuyos hijos estudian en el Instituto Español Giner de los Ríos, de Lisboa (Portugal), rechazan el adoctrinamiento ideológico y moral que encierra el currículo actual del grupo de asignaturas denominado Educación para la Ciudadanía (EpC) y han decidido objetar por razones de conciencia, para impedir que sus hijos cursen esas materias. Así mismo, han constituido la Plataforma de Padres para la Libertad de Educación en Portugal, para actuar de forma coordinada y, a través de ella, vincularse al movimiento objetor en España.

Ayer por la tarde tuvo lugar una reunión del Consejo Escolar del centro, del que Javier Calderón (uno de los objetores) forma parte, como representante de los padres de alumnos.

El propio Calderón ha hecho saber a HO que, durante la sesión, leyó una carta que los objetores con hijos en ese instituto han remitido al Consejero de Educación de la Embajada de España en Lisboa y solicitó que ello constara en acta.

“El director, muy amablemente, explicó que la postura del centro había sido la de reunir a los 4 niños a los que directamente les afecta la objeción este curso”, cuenta el portavoz de los padres. “También aseguró que había entregado a los padres objetores un texto con los contenidos mínimos de EpC y que les había dicho que, en caso de que los niños faltaran a esas clases, se les aplicará el régimen de ausencias injustificadas”, añade.

“Le pedí al director que lo que acababa de decir constara en acta… y así fue”, prosigue narrando Calderón, para quien “el acta del Consejo Escolar es un medio probatorio de gran importancia y en este caso se expresa de forma clara la postura del centro, que vulnera un derecho fundamental y no respeta la objeción de conciencia de las familias de varios de sus alumnos”.

Por otra parte, afirma saber que “la respuesta del Ministerio a las objeciones ya está en la Secretaría del centro, lo que supone una prueba más”.

Javier Calderón valora mucho “el valor que están demostrando los padres a los que la objeción les afecta este año y también el esfuerzo de sus hijos, unos jóvenes valientes que luchan por un futuro mejor”.

Ayer mismo, supo que “una alumna del centro, por su propia iniciativa, les dijo a sus padres que quería objetar, su padre estudió el asunto y presentará la objeción”. “¡Esto es como un milagro!”, asegura.

“A partir de ahora, y con las pruebas escritas que tenemos, empezaremos a accionar los mecanismos jurídicos que el derecho español reconoce a cualquier persona que sea víctima de la vulneración de alguno de sus derechos fundamentales”, advierte el representante de los padres.

A continuación, reproducimos el texto de la carta dirigida al Consejero de Educación de la Embajada y al Embajador de España en Lisboa, que fue leída en el Consejo Escolar del Instituto Español Giner de los Ríos:


Los padres objetores del Instituto Español de Lisboa – Giner de los Ríos, habiendo manifestado por escrito su objeción a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, Educación Ético-cívica y Filosofía y Ciudadanía, por razones de conciencia, amparándose en el derecho fundamental a la libertad ideológica reconocido en el Art.16 de la Constitución Española, y porque todavía pasados 15 días de la data de entrada de la primera objeción entregada en la secretaría del mismo, no han tenido una contestación oficial:

– Solicitan formalmente, y conforme al derecho que les asiste, una respuesta por escrito en la cual se vea claramente reflejada la posición del colegio ante la objeción de conciencia frente a las citadas asignaturas, denominadas genéricamente Educación para la Ciudadanía, y en el que se expresen claramente la atención que el centro ha decidido dispensar a los alumnos hijos de objetores, para evitar posteriores errores de interpretación por ambas partes (la Administración tiene obligación de hacerlo expresamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de las Administraciones publicas y del procedimiento Administrativo Común).

Queremos un vez más manifestar que los padres representados por la Plataforma de Padres para la Libertad de Educación estamos totalmente abiertos y deseosos de encontrar, conjuntamente con el colegio, soluciones dentro de las cuales nuestros derechos fundamentales y los de nuestros hijos queden preservados, y aceptaríamos que nuestros hijos realizasen alguna actividad sustitutoria de las mencionadas asignaturas, siempre que no se oponga a nuestras convicciones. Debe quedar claro que no aceptaremos ningún tipo de presión ni discriminación que atenten contra nuestros derechos fundamentales.

Reafirmamos que la objeción de conciencia se formula exclusivamente contra los Reales Decretos que regulan estas asignaturas, y no contra el Centro Educativo en el que estudian estos niños, o sus profesores.

Así, remitimos esta carta a D. Javier Calderón (representante de todos los padres en el Consejo Escolar) para que se dé conocimiento y conste en acta de la reunión que ese órgano celebrará en el día de hoy el contenido de la misma, así como al Embajador de la Embajada de España en Lisboa y al Consejero de Educación de la Embajada de España en Lisboa.

Sin otro asunto nos despedimos atentamente,

los padres objetores, con el apoyo de la Plataforma de Padres para la Libertad de Educación (educaenrespetoylibertad@gmail.com).

Lisboa, 25 de septiembre de 2008.


Libertad de enseñanza igual a cheque escolar

17:32 h | Artículos,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Tras las sentencias de los Tribunales Superiores que lo reconocen
cheque.jpgChequeEscolar.org reclama de las Administraciones que hagan efectivo el derecho de las familias a escoger un colegio conforme a sus convicciones.

CHEQUEESCOLAR.ORG. Tras la sentencia nº 247 del Tribunal Contencioso Administrativo de Barcelona que ordena a la Generalitat de Cataluña a “escolarizar de inmediato” a una niña de cuatro años en el colegio concertado elegido por sus padres y niega que se le pueda imponer otro centro “por razones materiales y presupuestarias”, la plataforma ChequeEscolar.org exige de las Administraciones que hagan efectivo tal derecho para todas las familias españolas.En palabras de José Castro, coordinador de la plataforma, “la manera más eficiente y equitativa de garantizar el derecho de los padres a elegir el colegio que responde a sus propias convicciones, es la implantación del cheque escolar, sistema que permite garantizar la financiación del centro elegido conforme a las preferencias de los padres”.

El cheque escolar es un sistema de financiación de la educación por el cual el Estado atribuye a las familias una cantidad de dinero por cada hijo en edad escolar. De este modo el Estado financia la educación de sus ciudadanos, sin embargo en vez de financiar a los centros educativos financia a los educandos, que son los verdaderos sujetos del derecho a la educación. La cantidad atribuida a las familias estaría en relación con el coste medio del puesto escolar.

La sentencia citada afirma que la Generalitat vulneró el derecho fundamental de los progenitores a elegir un centro docente que consideren acorde con su ideario moral y religioso, y se une a sentencias anteriores en el mismo sentido (véase p.ej. STSJ Andalucía de mayo de 2008)

“Con el cheque escolar” -continua Castro- “se potenciaría la libertad de elección de los padres y la autogestión para los centros, sin el exceso de control burocrático al que hoy se ven sometidos y que indudablemente les asfixia. Esta falta de libertad de padres y centros es lo que lleva a la educación española a situarse en uno de los niveles más bajos en relación a los países de nuestro entorno”.

Por último la plataforma anima a todos los padres a recurrir aquellas decisiones de la Administración que no les garantizan “un centro adecuado a sus propias convicciones”.

Chequeescolar.org es una plataforma de padres, educadores, juristas, economistas y entidades civiles que, ante las carencias del sistema de educación español que priva a los padres, en especial a los más desfavorecidos, del derecho a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos, reivindican que el Estado reconozca que deben ser los padres los que decidan qué hacer con el dinero que ellos mismos aportan, a través de sus impuestos, para sufragar la educación de sus hijos. Entre los miembros del Comité Asesor de Chequeescolar.org destacan los catedráticos y profesores Carlos Rodríguez Braun, Pedro Schwartz, Jesús Tanco,  Antonio Moreno y María Calvo, el  actual DG COPE Alfonso Coronel de Palma, el rector Daniel Sada, el periodista Enrique de Diego y el autor de la primera ley del Cheque en el mundo, D. Jose Manuel Otero Novas.


Jueves 25 de Septiembre de 2008

Ocho alumnos oscenses quedan provisionalmente eximidos de cursar EpC

23:54 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


Dos nuevos autos de medidas cautelares amparan a los hijos de dos familias que recurrieron ante la Justicia las denegaciones administrativas de sus objeciones a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía.

REDACCIÓN HO.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca dictó los pasados días 17 y 19 de septiembre sendos Autos mediante los que concede a dos matrimonios de objetores las medidas cautelares que éstos habían solicitado, durante la tramitación de los recursos que en su día interpusieron contra las resoluciones de la Consejería de Educación de Aragón que les denegaron el reconocimiento de su derecho a objetar, por razones de conciencia, para que sus hijos no cursen las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC).

Así pues, los alumnos quedan eximidos de la obligación de asistir a las clases de esas materias y de ser evaluados en ellas, hasta que la magistrada dicte sentencia en los procedimientos que se sustancian en ese juzgado.

El Auto del 17 de septiembre deja en suspenso “la obligatoriedad de cursar el conjunto de las asignaturas denominadas genéricamente como Educación para la Ciudadanía (Educación para la ciudadanía y lo derechos humanos, Educación ético-cívica y Filosofía y ciudadanía)” respecto a siete hijos de los recurrentes.

En cuanto al Auto emitido el día 19, afecta tan solo a un alumno. La resolución impugnada por estos padres fue adoptada por el viceconsejero de Educación el pasado 1 de agosto y en ella se acordaba “no haber lugar a la objeción de conciencia planteada” por los progenitores y se obligaba a su hijo a recibir las enseñanzas de EpC, “en contra de las convicciones de sus progenitores”, según recoge literalmente el texto del Auto.

En las argumentaciones jurídicas de ambas recoluciones, que son idénticas, la juez M.ª José Cía considera que la concesión de la medida solicitada (la suspensión de la obligación de cursar EpC) no perjudica a terceros, “pues a estos no se les priva de la asistencia a la referida clase, limitándose la suspensión solicitada únicamente a los hijos de los recurrentes”.

Si, por el contrario, no se adoptara la medida cautelar, los alumnos recibirían “unas enseñanzas no queridas que soslayarían la finalidad del recurso interpuesto haciéndole perder la efectividad a la sentencia, en caso de resultar favorable a sus intereses, pues el resultado no querido ya se habría producido”, expone la magistrada.

Por otra marte, su señoría manifiesta que “resulta imposible, en este momento, realizar una valoración de las posiciones de fondo de las partes, dada la complejidad del debate jurídico existente sobre este tema”. “Muestra de ello son las diversas sentencias contradictorias dictadas por diferentes Tribunales Superiores der Justicia”, añade.

Con estos son ya diez los Autos de esta naturaleza que han emitido los juzgados aragoneses. Los otros ocho se reparten entre las tres provincias de la comunidad.

Auto med. caut. Huesca (17-09-08).pdf 52.54 KB

Una sentencia obliga al gobierno catalán a escolarizar a una niña en el colegio elegido por su familia

23:53 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


Ernest Maragall, consejero de Educación de Cataluña

La resolución recrimina a la Consejería de Educación de Cataluña que antepusiera aspectos de planificación educativa al derecho de los padres a elegir el centro que consideren acorde con sus convicciones.

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- El Juzgado Contencioso-administrativo número 8 de Barcelona ha condenado a la Generalitat a “escolarizar de inmediato” a una niña de cuatro años en un colegio concertado de Santpedor (Barcelona), que habían elegido sus padres, porque, al rechazarla e imponerle otro centro “por razones materiales y presupuestarias”, vulneró el derecho fundamental de sus progenitores a elegir un centro docente que consideren acorde con su ideario moral y religioso.

La sentencia señala que, “por razones de planificación educativa, cabe imponer un centro educativo a los padres, salvo que dicho centro, a diferencia del elegido, no dé respuesta a su opción por una determinada formación religiosa o moral”.

La Consejería de Educación rechazó la solicitud de admisión de Gisel·la en el nivel P3 de Educación Infantil en el Centro Llisach para el curso 2007/08 y le asignó una plaza en un colegio público de nueva creación -pero que no se ajustaba al ideario de sus padres- por motivos logísticos y alegando que el derecho a la educación de los niños “prevalece” sobre el de sus progenitores a elegir centro.

Los padres de la menor, David V. P. y Antonia R. C., interpusieron un recurso de alzada ante los Servicios Territoriales de Educación y, al no obtener respuesta, presentaron un recurso contencioso-administrativo contra la Administración educativa catalana, que se opuso a la admisión del mismo alegando que no vulneró el derecho a la escolarización de la niña, pues le asignó una plaza en otro colegio.

La Generalitat ha incumplido un mandato constitucional

La magistrada María Rosa Gutés reconoce haber leído “con estupor” los alegatos de la Generalitat, ya que “cualquier estudiante de segundo de Derecho” sabe que la Constitución prima por encima de “las limitaciones presupuestarias” que aduce la Administración catalana, que no ha demostrado que el centro impuesto garantice una formación equivalente a la del colegio que David y Antonia escogieron. Muy al contrario, según su señoría, el centro que la Generalitat impuso a esta familia para su hija Gisel·la “ni por aproximación ofrece lo que se buscaba del centro elegido”.

Además, recuerda a la Generalitat que “los derechos fundamentales, lejos de constituir meras declaraciones de intenciones, deben hacerse efectivos sobre cualesquiera normas o actuaciones, públicas y privadas, que los obstaculicen”.

La magistrada sostiene que imponer el centro educativo que a la Generalitat le conviene, si no se ajusta al ideario religioso y moral que los padres estiman adecuado para la educación de su hija, es “desnaturalizar” los derechos fundamentales, cuando las administraciones públicas deben garantizar, según la Constitución, el derecho de los progenitores de que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones.

La juez ha recomendado a la Consejería de Educación que no se rija “por razones tan prosaicas como la del respeto de unos cupos, fijados en función no de la demanda real de los padres, sino de las preferencias de la Administración educativa por un determinado modelo de escuela”.

Gutés insta a la Generalitat a ajustar la oferta a la demanda, en lugar de ofrecer plazas que finalmente no se cubren “por razones que la demandada no debería despreciar, sino tener en cuenta para la debida aplicación de los fondos ajenos que administra”.

La juez también asegura que la Generalitat vulneró “claramente” el derecho a la libre competencia, al no permitir que David V. P. y Antonia R. C. llevaran a su hija al colegio elegido, que “de forma totalmente legítima y meritoria” se ha ganado su confianza.

Además, el Centro Llisach puede acoger a los alumnos que lo hayan solicitado a diferencia del centro público al que Gisel·la fue destinada y que, “al parecer y no por casualidad, no logra cubrir su oferta de plazas”. Tal vez inluya para ello algo que la magistrada considera probado: que algunos alumnos (entre los que se cuenta Gisel·la) dan sus clases en barracones.

Sentencia de Santpedor (10-09-08).doc 776 KB


Miércoles 24 de Septiembre de 2008

Los objetores alicantinos reivindicarán sus derechos ante la Justicia

21:01 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

La Plataforma por una Educación en Libertad reprocha al gobierno valenciano su silencio y anuncia que emprenderá acciones en los tribunales por la actitud de algunos centros públicos que obligan a asistir a las clases de EpC a hijos de objetores.REDACCIÓN HO.- La Plataforma por una Educación en Libertad de Alicante reitera, mediante un comunicado remitido a esta redacción, que, como el movimiento objetor ha venido denunciando, los actuales currículos de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) representan una clara vulneración del derecho fundamental de los padres, reconocido por el artículo 27.3 de la Constitución, para que sus hijos “reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Hasta la fecha, en la provincia de Alicante, se han registrado más de 3 500 objeciones de conciencia frente a esas materias, pero la Consejería de Educación sigue sin contestar a las familias que presentaron sus declaraciones. La plataforma denuncia que “con este silencio administrativo”, la Administración Educativa de la Comunidad Valenciana “deja a los padres objetores en una grave situación de incertidumbre e inseguridad”.

“Creemos que el Estado mira para otro lado ante un grave problema docente y de derechos fundamentales, a pesar de que el movimiento objetor cuenta ya con más de 30 sentencias favorables, que reconocen el derecho de objeción”, declara este colectivo, que recuerda así mismo que también “se han dictado más de 70 autos judiciales que autorizan cautelarmente a los alumnos objetores a no entrar a clase de EpC, para evitar que sean ‘adoctrinados’, y todo ello sin que puedan ser suspendidos o privados de acceso a cursos superiores o titulaciones académicas”.

La plataforma asegura haber recibido denuncias de numerosos padres de la provincia cuyos hijos están siendo obligados a asistir a las clases de EPC, a pesar de haber objetado. Estas familias se lamentan de que la única respuesta que han recibido de profesores y directores de los centros es que reciben órdenes de la Inspección Educativa. La asociación alicantina exige en su nota “que se cumplan correctamente” las instrucciones que la Consejería de Educación dictó el pasado 30 de julio, que ordenan a los colegios e institutos que presten “la debida atención educativa a los alumnos objetores”.

“Ante esta actitud de los centros educativos”, prosigue el comunicado, “la Plataforma por una Educación en Libertad de Alicante ofrece a los padres objetores todo su apoyo”. Así mismo, recuerda que las asociaciones promotoras de la objeción ponen a disposición de las familias asesoramiento jurídico gratuito, para plantear ante los tribunales recursos contra “este atropello, más propio de otras épocas y regímenes que del siglo XXI”. En la Comunidad Valenciana prestan ese servicio la asociación Valencia Educa en Libertad (VAEL) y CONCAPA-CV.

“Los tribunales están confirmando que los padres objetores son padres bien informados y que estas asignaturas no se limitan a contenidos sobre Constitución Española y Derechos Humanos”, añade la nota de la plataforma alicantina, “sino que pretenden algo más: imponer la visión que de la moral tiene el gobierno de turno, vulnerando el derecho constitucional de los padres”.

Así mismo, asegura que “numerosos colegios que no comparten el ‘adoctrinamiento’ estatal, han garantizado a los padres objetores que sus hijos no asistirán a clase de EpC y recibirán en su lugar una atención educativa adecuada que incluya la enseñanza de contenidos cívicos, de manera que no pierdan ninguna hora de clase”. “La plataforma apoya decididamente este tipo de iniciativas a favor de la defensa de los derechos fundamentales de nuestros hijos”, concluye el escrito.

Asesoría jurídica para objetores de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia:

Valencia Educa en Libertad (VAEL): tfno. 609 717 773

CONCAPA-Comunidad Valenciana: tfno. 963 916 902


Martes 23 de Septiembre de 2008

Los objetores andaluces se querellarán contra la Junta si sigue suspendiendo a sus hijos

21:09 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


Manuel Chaves y Teresa Jiménez

El abogado Carlos Seco considera que, al negarse a ejecutar las resoluciones del TSJA, Chaves y su consejera de Educación podrían estar incurriendo en delitos tipificados en el Código Penal.

REDACCIÓN HO y ABC.- El diario ABC incluye hoy en su edición andaluza una noticia firmada por Mercedes Benítez mediante la que da a conocer que, si la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no rectifica y mantiene los suspensos con que ha evaluado en junio y en septiembre a los hijos de objetores de EpC, éstos podrían interponer una querella contra los más altos responsables políticos de la Administración Educativa andaluza.

Así lo anunció ayer el letrado Carlos Seco, que, como informó HO, ha presentado varios recursos ante el TSJA para que los alumnos hijos de objetores que fueron calificados negativamente queden exentos de evaluación, en aplicación de lo dispuesto por el Alto Tribunal en sus 15 sentencias favorables a los objetores.

Según detalla el mencionado periódico, los nuevos recursos afectan a dos tipos de alumnos.

Por una parte, a los que fueron suspendidos porque la Administración autonómica no resolvió sus peticiones de objeción y, por tanto, no pudieron acudir a los tribunales antes de que acabara el pasado curso. Educación los suspendió tanto en la convocatoria ordinaria de junio como en la extraordinaria de septiembre y Seco ha recurrido, pidiendo que queden como no evaluados. El letrado recuerda que, como el propio TSJA determinó en un reciente Auto, esas calificaciones son ilegítimas denegaciones de facto del derecho a objetar que reiteradamente ha reconocido la Sala.

Por otra, algunos de los alumnos a los que el TSJA amparó, mediante la concesión de medidas cautelares por las que determinó que habían de quedar exentos de ser evaluados mientras hasta que el propio Tribunal dictara sentencia, también han sido suspendidos por la Consejería de Educación, que hizo caso omiso de las resoluciones judiciales. Carlos Seco ha solicitado a la Sala que inste a la Administración para que se ejecuten las medidas cautelares y los alumnos sean considerados provisionalmente exentos de cursar EpC y de ser evaluados en esas materias, en aplicación de los autos dictados por los magistrados que la componen.

Si la Junta persiste en su actitud, el abogado de los objetores no descarta acudir a la vía penal. Seco considera que el presidente Chaves y la consejera de Educación, Teresa Jiménez, pueden estar incurriendo en varios posibles delitos, tipificados en diversos artículos del Código Penal. Concretamente, en el que hace referencia a la autoridad o funcionario público que impida ejecutar una resolución judicial, el que alude a las autoridades que se nieguen a dar el debido cumplimiento a las resoluciones judiciales y el que estipula penas para los funcionarios públicos que impidan a una persona el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución.


Un informe del CEU sostiene que los contenidos de los libros de texto de “Educación para la Ciudadanía” aluden a la familia y a la Religión con un sentido negativo

11:19 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


Redacción

23/09/2008
Los contenidos de la mayoría de los libros de texto de “Educación para la ciudadanía” son “vagos y escasos” desde el punto de vista pedagógico-científico, según un informe realizado por el CEU, que analiza la asignatura en los libros de texto

El informe, presentado en un acto ayer por Alfredo Dagnino, presidente del Fundación Universitaria San Pablo CEU y Juan José Escandell, coordinador del estudio y secretario general del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, se ha realizado sobre una muestra de 19 textos, que coinciden en “simplificaciones, errores e ignorancias de grueso calibre”, según las conclusiones.

La mayoría de los manuales mencionan a los mismos personajes de referencia “como si se hubiera creado un staff de pensadores políticos de referencia obligada, a despecho de los clásicos”, se destaca.

La familia y la religión, si son aludidas, “lo son en sentido más bien negativo. La familia sólo se acepta en una versión moderna, abierta y plural mientras la religión es generalmente presentada como un elemento de freno del progreso”, es otra de las conclusiones generales del informe.

El informe, en el que han participado el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, José Ángel Ceballos, y el profesor del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, Antonio Páramo, no pretende un análisis exhaustivo sobre todos los libros de texto de Educación para la Ciudadanía, ni una descripción completa de cada libro.

El método de análisis ha seguido once puntos de control, entre otros, verdad y relativismo, la persona, ética, sexualidad, mujer o política, que se ha aplicado sistemáticamente a cada libro y unas conclusiones.


Los padres se querellarán contra Educación si no deja de suspender a objetores de EpC

8:33 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados
M. BENÍTEZ. SEVILLA

Martes, 23-09-08

Si la Junta persiste en su actitud de no rectificar y mantener suspensos a los alumnos objetores de Educación para la Ciudadanía, podría encontrarse con una querella. Así lo ha anunciado el letrado Carlos Seco que ha vuelto a presentar varios recursos ante el TSJA para que los alumnos objetores que fueron suspendidos queden como no evaluados.

Los nuevos recursos afectan a dos tipos de alumnos objetores. Por un lado están los que fueron suspendidos porque la Administración autonómica no resolvió sus peticiones de objeción y, por tanto, no pudieron acudir a los tribunales antes de que acabar el pasado curso. A esos alumnos Educación los suspendió tanto en junio como en la convocatoria de septiembre. Ahora Seco ha recurrido pidiendo que queden como no evaluados
Y por otro lado están otros alumnos, a los que el TSJA amparó concediéndoles como medida cautelar que fueran exentos de ser evaluados mientras se resolvía la sentencia definitiva. Algunos de esos alumnos también fueron suspendidos por Educación que no se dio por enterada de los fallos judiciales. Y el letrado Carlos Seco también ha pedido que se ejecuten las medidas cautelares para que los suspensos queden sin efecto.

Por ello, a la espera de que el TSJA vuelva a resolver, el letrado no descarta acudir a la vía penal. Y lo hará porque considera que tanto el presidente andaluz como la consejera de Educación, Teresa Jiménez, podrían estar incurriendo en varios posibles delitos que aprecen tipificados en los artículos 508, 540 y 542 del Código Penal.

Varios tipos penales

Concretamente se trata de los que hacen referencia a la autoridad o funcionario público que impida ejecutar una resolución judicial, el que se refiere a las autoridades que se nieguen a dar el debido cumplimiento a las resoluciones judiciales así como el que estipula penas para los funcionarios públicos que impidan a una persona el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución.
Por otra parte Seco insistió en que los objetores han hecho extensivo su desacuerdo también para Educación Ético Cívica que se imparte en 4º de ESO.

ABC de Sevilla


Declaración del Partido Popular sobre Educación para la Ciudadanía

8:28 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

1.- El Partido Popular ha defendido y defenderá la libertad que asiste a los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, garantizada en la Constitución Española en su articulo 27.3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

2.- El Partido Popular respeta y apoya tanto a los padres que hayan ejercido el derecho de la Objeción de Conciencia como a los que no, así como valora positivamente el reconocimiento del mismo por parte de algunos Tribunales Superiores de Justicia.

3.- El Partido Popular se ha manifestado en contra de la implantación de esta asignatura y especialmente de su contenido por su carácter doctrinario e ideológico que, como ya ha recogido alguna sentencia pretende conformar en los alumnos una conciencia moral concreta, la denominada “Conciencia moral cívica”, atentando contra el derecho de los padres y dividiendo a la sociedad.

4.- El Partido Popular, ante la pluralidad de sentencias considera imprescindible y urgente que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo que unifique doctrina. Mientras tanto, defiende la no impartición de los contenidos contemplados en el Real Decreto a los alumnos que así lo manifiesten. Esta situación, no debería perjudicar nunca el expediente de los alumnos.

5.- El Partido Popular instará al Gobierno a que retire esta asignatura mientras no se consensúe un contenido estrictamente educativo basado en el conocimiento de nuestra Constitución.

http://www.objetores.org


Lunes 22 de Septiembre de 2008

Objetores andaluces recurren ante el TSJA los suspensos con que sus hijos han sido evaluados en EpC

20:49 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

TSJ andaluz.jpg

La Consejería de Educación ha vuelto a suspenderlos en septiembre, a pesar de que el Alto Tribunal andaluz emitió previamente un Auto en el que juzga que esas calificaciones son ilegítimas denegaciones de facto del derecho a objetar.

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- El abogado sevillano Carlos Seco, representante de numerosas familias objetoras al grupo de asignaturas denominado genéricamente Educación para la Ciudadanía (EpC), ha planteado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una serie de recursos contra la denegación del derecho a la objeción de conciencia, a la que de facto equivalen los suspensos con que, en la convocatoria extraordinaria de septiembre, han sido evaluados los hijos de los objetores a cuyas notificaciones aún no ha respondido expresamente la Consejería de Educación.

Seco ha anunciado que, en representación de los tutores y madres y padres de alumnos afectados por el citado Auto -dictado el 31 de julio y notificado a los interesados el 1 de septiembre-, ha interpuesto varios recursos relativos a estos casos, en los que el Alto Tribunal andaluz declaró que los suspensos en EpC ocultan una “denegación fáctica” del reconocimiento del derecho a objetar en conciencia, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha amparado hasta la fecha en 15 sentencias.

Cada uno de los recursos ahora formalizados, ha explicado el jurista, se dirige expresamente contra la denegación de la petición de objeción de conciencia que previamente había reconocido la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, al haber sido suspendidos los alumnos sin que la Consejería de Educación se hubiera pronunciado aún sobre sus declaraciones de objeción.

La Junta de Andalucía se resiste a cumplir las resoluciones del TSJA

Aquel Auto del 31 de julio, del que en su día informó HO, aludía a un procedimiento contencioso-administrativo elevado a la Justicia por varias familias de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, tras los suspensos con que, en la convocatoria ordinaria de junio, fueron evaluados sus hijos en la asignatura de EpC de 3.º de la ESO, pese a haberse declarado los tutores legales de los niños como objetores de conciencia.

Los recurrentes argumentaron que los suspensos suponían un rechazo expreso a la objeción de conciencia notificada, a la que la Administración Educativa había evitado responder formalmente. La representación jurídica de la Consejería de Educación solicitó la inadmisión de esas acciones judiciales, alegando que nunca se llegó a producir “acto administrativo alguno en cuanto a sus peticiones de objeción de conciencia”. Así mismo, la Administración pretextó que el recurso era “extemporáneo”, por razón del tiempo transcurrido desde que los padres presentaron su declaración.

Según se expresa en el texto de aquel Auto, los interesados “nunca” fueron informados del plazo en el que debían dar por desestimadas sus solicitudes de objeción por silencio administrativo. Consiguientemente, el tribunal sostuvo que los recurrentes “no han obtenido otra respuesta que su denegación fáctica mediante la calificación de suspenso” e impuso el pago de “las costas de este incidente a la Administración que lo planteó” (es decir, a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía).