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Miércoles 23 de Julio de 2008

El TSJ de La Rioja sigue dictando sentencias favorables a los objetores

18:22 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

En dos semanas, ha emitido veintiuna resoluciones que reconocen el derecho de los padres a objetar para que sus hijos queden eximidos de cursar EpC.

REDACCIÓN HO.- Desde el pasado día 8 de julio hasta ayer, martes 22, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha dictado veintiuna sentencias favorables al reconocimiento del derecho de los padres a objetar en conciencia para que sus hijos no cursen ninguna de las cuatro asignaturas que forman el conjunto denominado “Educación para la Ciudadanía” (EpC).

Según los datos facilitados a esta redacción por el abogado de los padres objetores, Enrique Domingo Oslé, trece de las resoluciones adoptadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal riojano llevan fecha del día 8 de los corrientes, aunque solo una se conoció entonces y el resto se comunicaron a los representantes legales de las familias recurrentes entre el jueves 17 y el viernes 18. Otras cinco sentencias fueron acordadas por los magistrados del TSJR el día 11 y las tres últimas se resolvieron ayer, día 22.

Una de las sentencias emitidas este martes exime a uno de los hijos de Carmen Castells Miró, presidenta de CONCAPA-Rioja y vicepresidenta de CONCAPA a nivel nacional, y una de las más significadas impulsoras del movimiento objetor en La Rioja.

En todas las resoluciones, el Tribunal decidió por mayoría, al emitir uno de sus miembros un voto particular en el que disiente de la opinión de sus dos compañeros.
A juicio de la Sala, el currículo de EPC, fijado en los reales decretos de enseñanzas mínimas de Primaria, la ESO y el Bachillerato, vulnera los dispuesto en los artículos 16 y 27 de la Constitución, como en sus recursos alegaron los recurrentes.

Los textos de las veintiuna sentencias determinan que “la supuesta dualidad ética pública – ética privada no tiene el menor amparo constitucional” y que “la conducta humana de cada persona se rige por las normas de una sola ética, con la que se resolverá el juicio moral concreto sobre cada acción de las personas”.
Las familias a las que el TSJR ha reconocido su derecho a objetar frente a EpC tuvieron que recurrir ante el máximo órgano judicial riojano porque las resoluciones administrativas que les había notificado la Consejería de Educación, tras haber recibido sus declaraciones de objeción, les denegaban el reconocimiento de ese derecho amparado por el artículo 16.1 de nuestra Carta Magna.

En el fallo de cada una de las resoluciones adoptadas, el TSJR declara “la nulidad de pleno derecho” de la resolución denegatoria adoptada por la Administración Educativa autonómica, y reconoce “el derecho de la parte recurrente a ejercer el derecho de objeción de conciencia frente a las asignaturas de educación para la ciudadanía, según se regulan en los Reales Decretos 153/2006, 1631/2006 y 1467/2007”.

Por lo tanto, los magistrados ordenan que los hijos de las familias que interpusieron los recursos que las veintiuna sentencias vienen a resolver queden exentos de cursar las cuatro materias de EpC, por lo que han de ser eximidos de asistir a sus clases y de ser evaluados, “sin que ello pueda tener consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso y/o obtener los títulos académicos correspondientes”.

Entre los alumnos a los que ha de aplicarse la exención dictada por el TSJR hay algunos que estudian en colegios concertados y otros que lo hacen en centros de los que es titular la Consejería de Educación.

La Rioja Educa en Libertad valora las sentencias

Ana María Peralta, portavoz de la plataforma objetora La Rioja Educa en Libertad, ha declarado a HO que las resoluciones del TSJR vienen a dar la razón al movimiento objetor y ha destacado que en ellas “se tratan aspectos que no están incluidos en ninguna otra”.

Ha alertado sobre el hecho de que “algunas denegaciones del derecho a objetar no han sido recurridas (sobre todo las que afectan a alumnos de Bachillerato) por miedo a represalias”.

Así mismo, ha destacado la labor que otras asociaciones promotoras de la objeción, como el Foro de la Familia y CONCAPA, han venido realizando en La Rioja.

Respecto de la asociación a la que representa, ha asegurado que seguirá actuando con el mismo entusismo con que lo ha hecho desde que se constituyó. “Ganas, fuerza e interés por conseguir los derechos que la Constitución da a los padres y poder actuar con libertad, es algo de lo que esta plataforma está sobrada”, ha dicho.

“Tenemos como objetivo hacer una campaña intensiva, dando a conocer las sentencias y animando a más padres para poder ampliar las objeciones, aunque contamos con la oposición frontal de la FERE”, ha concretado.

Finalmente, Ana María Peralta ha lamentado que la mayor parte de los medios de comunicación riojanos estén silenciando la actividad y los éxitos del movimiento objetor. “Los periódicos de aquí no comunican ni las sentencias”, ha asegurado.


CONCAPA pide ampliar la pluralidad educativa ante la crisis económica

18:16 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Por la libertad educativaNinguna familia debe ver impedido su derecho a elegir el centro escolar de sus hijos por motivos socioeconómicos.

REDACCIÓN HO.- “La presencia de una crisis económica como la que está sufriendo nuestro país obliga a las Administraciones a ser imaginativas. La inevitable reducción de ingresos públicos exige dejar a un lado los dogmatismos. No basta con pedir -como ha hecho el Gobierno- que las Comunidades Autónomas contengan el gasto público y, al mismo tiempo, mantengan los recursos destinados a sostener los beneficios propios de un Estado del bienestar”, afirma CONCAPA en un comunicado remitido a HO.

Por eso CONCAPA, desde el convencimiento de que la educación no puede soportar el coste de la crisis, propone a todas las Administraciones educativas que actúen en este campo “con medidas que, por un lado, permitan afrontar los problemas económicos de la educación y, de otra parte, garanticen mejor las libertades educativas consagradas en el artículo 27 de la Constitución. Esto supone no sólo reducir el gasto público, sino también incrementar la oferta educativa y su pluralidad”.

Demanda de nuevos centros de iniciativa social

Para CONCAPA, las Administraciones deben favorecer la creación de centros docentes de iniciativa social.Hay que tener en cuenta que los centros concertados suponen una participación de la iniciativa social en la atención a la demanda educativa que, con una inversión media de 15 millones de euros -que no recaen sobre la Administración correspondiente-, tiene un coste por alumno inferior en un 28% al de los centros públicos. Pero, además, cada nuevo centro concertado supone la creación de una media de 100 empleos, de los cuáles el 70% corresponde a mujeres, una cuestión que no resulta baladí en tiempos de crisis como la actual”, sostiene la Confederación de Padres.

El colectivo entiende además que, incluso atendiendo a la exigencia de la LOE para la imprescindible revisión del módulo “otros gastos” de los conciertos educativos de modo que permita la cobertura del coste real de cada puesto escolar-, estos centros suponen un ahorro para el contribuyente; pero también contribuye a que ninguna familia se vea impedida a elegir el centro escolar de sus hijos por motivos socioeconómicos, tanto en la enseñanza obligatoria como en la educación infantil, en el bachillerato y en la formación profesional.

CONCAPA pide por tanto, a las Administraciones educativas el fomento de la construcción y gestión de nuevos centros concertados, mediante concurso público, sobre suelo dotacional en todas las zonas donde haya nuevas demandas educativas que atender. En este sentido, recuerda que “estas acciones no son exclusivas de ninguna fuerza política, como se ha demostrado en la Comunidad de Madrid, donde Ayuntamientos gobernados por la izquierda también se han sumado a la opción de incrementar las posibilidades de elección de sus ciudadanos”.

Medidas a favor de la iniciativa social

Junto a esto,  CONCAPA cree deseable que los poderes públicos favorezcan la participación de la iniciativa social mediante otras medidas, como la gestión indirecta de nuevos centros públicos, al estilo de lo que ocurre con las escuelas infantiles, con la financiación privada de la construcción y mantenimiento de centros públicos para ser gestionados por las Administraciones educativas o con la financiación pública, en zonas de menor renta, de la construcción de nuevos centros concertados o la ampliación de los existentes, al modo en que viene funcionando la experiencia inglesa de las City Academies.

Por último, recuerda otras posibilidades, como la desgravación fiscal del gasto educativo de las familias; la creación de centros integrados de 0 a 16 años frente a la construcción de nuevos centros; o el fomento del uso del uniforme en todos los centros, en cuanto instrumento de ahorro familiar, de atenuación de diferencias sociales y de refuerzo de la identidad del centro y de la convivencia.


El TSJ de La Rioja ya ha reconocido el derecho a objetar frente a EpC en 17 sentencias

9:53 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


Tus hijos, tu decisión

La última por ahora ha sido notificada esta mañana, junto con un nuevo auto de medidas cautelares también favorable a la familia recurrente.

REDACCIÓN HO.- A día de hoy son diecisiete las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) que reconocen a los padres el ejercicio del derecho a ejercer la objeción de conciencia frente al conjunto de asignaturas conocido como “Educación para la Ciudadanía” (EpC).

La última, por el momento, ha sido notificada a los representantes legales de los objetores riojanos esta misma mañana y viene a sumarse a la sentencia dictada el pasado día 8, a las catorce notificadas entre los días 17 y 18 y a la conocida ayer. En esta ocasión, la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal riojano estima el recurso presentado por los padres de una alumna de un centro privado.

La fundamentación jurídica invocada por sus señorías es la misma que en las dieciséis anteriores y, como en todas ellas, el fallo reconoce “el derecho de la parte recurrente a ejercer el derecho de objeción de conciencia frente a las asignaturas de educación para la ciudadanía, según se regulan en los Reales Decretos 1513/2006, 1631/2006 y 1467/2007” y declara “a su hija, exenta de cursarla, asistir a sus clases y ser evaluada, sin que ello pueda tener consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso y/o obtener los títulos académicos correspondientes”.

También en esta oportunidad, uno de los magistrados ha emitido un voto particular contrario a la decisión adoptada por sus compañeros de Sala.

El currículo de EpC vulnera también el artículo 18.1 de la Constitución

“Hay un aspecto de estas sentencias que tal vez pasa algo inadvertido, pero que me parece importante”, ha declarado a HO Enrique Domingo Oslé, abogado que defiende los derechos del movimiento objetor en La Rioja.

El jurista ha explicado que los magistrados consideran probado que en el actual currículo de EpC “se valora la formación de los alumnos en el modo de abordar la convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia, entre los que enumera la familia, lo cual vulnera el artículo 18 de la Constitución, que protege la intimidad de este espacio familiar”.

“Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, dice literalmente el mencionado artículo 18 de nuestra Carta Magna, en su apartado n.º 1.

“Debe acogerse la alegación de los recurrentes cuando señalan que con este contenido el currículo pretende una intromisión inaceptable en la formación de las conciencias de los alumnos respecto del entorno familiar, cuya privacidad debe estar preservada en todo caso de otras concepciones relativas a las relaciones humanas distintas a las decididas por la propia estructura familiar”, dice la sentencia en su fundamento jurídico n.º 4, tras haber considerado que “este aspecto formativo queda fuera del sistema educativo”.

Otro auto de medidas cautelares exime provisionalmente a una alumna que debía cursar EpC en septiembre

Así mismo, Enrique Domingo ha informado a esta redacción de que también le ha sido notificado un auto, mediante el que la Sala concede a los padres de otra alumna la medida cautelar solicitada. Esta no es otra que la suspensión de la obligatoriedad de cursar EpC, hasta que se dicte la resolución del recurso interpuesto en su día contra la resolución adoptada por la Consejería de Educación, que denegaba el reconocimiento de su derecho a objetar.

Así pues y de forma provisional, su hija, escolarizada en un instituto y que tendría que haber comenzado a estudiar EpC en el ya próximo mes de septiembre, queda eximida de asistir a las clases de esa materia y de ser evaluada en ella, “sin que ello pueda tener consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso y/o obtener los títulos académicos correspondientes”.


Lunes 21 de Julio de 2008

Decimosexta sentencia favorable a la objeción en La Rioja

20:37 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

EpC adoctrina ilegítimamente

Esta resolución exime a un alumno que el curso próximo tendría que haber cursado EpC en 2.º de ESO y que estudia en un instituto donde hay varios objetores más.

REDACCIÓN HO.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha notificado en la mañana de este lunes, 21 de julio, la 16.ª sentencia favorable al reconocimiento del derecho de los padres a objetar contra las asignaturas del área denominada “Educación para la Ciudadanía”.

El abogado de las familias objetoras riojanas y secretario general de CONCAPA-Rioja, Enrique Domingo Oslé, ha confirmado a HO que esta nueva resolución es formalmente idéntica a las catorce emitidas por el TSJR durante la pasada semana e igual también a la dictada con fecha 8 de julio.

En esta oportunidad, la decisión del TSJR exime de asistir a clases de EpC y de ser evaluado en esa materia, “sin que ello pueda tener consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso y/o obtener los títulos académicos correspondientes”, a un alumno que a partir del mes de septiembre estudiará 2.º de ESO (curso en el que se ha de impartir EpC en La Rioja), en un instituto donde hay varios objetores más.

El jurista ha manifestado a esta redacción que “estas sentencias son una joya en la interpretación de los artículos 27.3, 27.2 y 10 de la Constitución Española”.

Domingo ha explicado que “los defensores de la asignatura arguyen que el artículo 27.2 de nuestra Carta Magna dice que ‘la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales’, lo que habilita para que la educación no se limite a la instrucción académica, sino que se transmitan valores”. “Ahora bien”, ha matizado, “ese artículo se refiere a valores jurídicos, no morales; además habla de respeto, no de comunión, y, por último se refiere a valores constitucionales”.

“Por ello”, prosigue el abogado, “teniendo en cuenta el 27.3, y además que en virtud del artículo 10 el desarrollo de la personalidad es libre, el Estado sólo puede -a través de la educación- transmitir a los alumnos el respeto de valores que se desprendan directamente de la Constitución, sin interferir en el libre desarrollo de su personalidad”.

Domingo detalla que por esa razón, entre otras, el TSJR ha juzgado ilegítimo pretender imponer “los valores propios de la ideología de género, que no tienen un soporte constitucional explícito ni implícito”. “En este aspecto, a mi juicio, la sentencia es para enmarcarla”, ha añadido.

“No deja de ser chocante que los mismos que criticaban la educación en valores de los centros privados ahora pretendan imponer ‘sus’ valores en todos los colegios”, ha comentado finalmente el secretario general de CONCAPA-Rioja.


Sábado 19 de Julio de 2008

El TSJR reconoce en quince sentencias nuevas objeciones a Educación para la Ciudadanía

9:02 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

19.07.08 –
EUROPA PRESS| LA RIOJA
La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha emitido ya 15 resoluciones en las que reconoce el derecho a la objeción de conciencia reclamada por los padres de menores para no cursar la asignatura Educación para la Ciudadanía.

La primera de las sentencias se hizo pública el pasado día 9, y las otras 14, que se han conocido entre en los dos últimos días, son prácticamente en forma y argumentación, con la única diferencia de que algunas de ellas responden a recursos interpuestos por padres de niños que estudian en colegios privados.

La Sala estima los recursos presentados por los padres de los alumnos contra la decisión administrativa de la Consejería de Educación de denegarles la objeción de conciencia. El fallo de la sentencias declara «la nulidad de pleno derecho de la actuación administrativa objeto del mismo» y reconoce el derecho de la parte recurrente a ejercer el derecho de objeción de conciencia frente a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía»


Viernes 18 de Julio de 2008

La Junta de Castilla y León vuelve a defraudar a los padres objetores

22:09 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

encuentro_de_objetores GR.JPGA través de una notificación complica las vacaciones a cientos de padres objetores, en lugar de asumir su responsabilidad frente al adoctrinamiento ideológico que supone EpC.

REDACCIÓN HO.- A la vuelta del pasado fin de semana, varios centenares de padres objetores de Castilla y León se han encontrado en el buzón una notificación de la Consejería de Educación, que les impone el deber de presentar la fotocopia del libro de familia compulsada y un certificado de escolarización de sus hijos en diez días.

El portavoz en Castilla y León del Foro Español de la Familia, José Manuel Cantera Quitián, manifiesta su sorpresa porque “la Junta ha perdido todo el curso sin afrontar el problema que plantea, para miles de ciudadanos de la región, el adoctrinamiento ideológico de sus hijos a través de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Ahora parece que hace como los malos estudiantes, y le entran las prisas en verano. Así, y otra vez como aquellos, le complica las vacaciones a los padres en lugar de asumir su responsabilidad.”

Quitián destaca además que “lo más incomprensible del requerimiento de la Junta es que solicita datos que en la mayoría de los casos ya tiene, y que por tanto, los padres no están obligados a presentar en base al artículo 35 de la Ley 30/1992, que regula el Procedimiento Administrativo Común”.

Ante todo ello, el portavoz del Foro de la Familia en Castilla y León, recomienda a los padres que informen a la Junta de este último extremo “a través de un escrito en formato libre, que pueden presentar en cualquier registro de la Administración regional o nacional, con independencia de que aporten esa documentación o no, lo cual ya es cosa de cada uno, pero en ningún caso puede afectar a la validez de su declaración de objeción de conciencia.”

Más infromación:


El TSJ de la Rioja dicta otras catorce sentencias favorables a las familias objetoras

14:17 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


Madres objetoras

Ayer jueves notificó a los representantes legales de los interesados ocho sentencias y hoy viernes les ha dado a conocer seis sentencias más y un auto de medidas provisionales.

REDACCIÓN HO.- En dos días, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha notificado catorce nuevas sentencias favorables a los objetores de la comunidad. Durante la mañana de ayer, 17 de julio, notificó a la procuradora que representa a las familias objetoras ocho sentencias que reconocen el derecho a objetar en conciencia frente a las cuatro asignaturas conocidas como “Educación para la ciudadanía” (EpC). Hoy mismo, se le han notificado otras seis sentencias y un auto de medidas cautelares. Así se lo ha hecho saber a HO el abogado de los objetores y secretario general de CONCAPA-Rioja, Enrique Domingo.

Las argumentaciones jurídicas con las que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal justifica sus fallos reiteran las esgrimidas en la sentencia del pasado día 8, que estimó un recurso interpuesto por los padres de un menor que estudia en el IES Duques de Nájera, de Logroño.

Nuevamente, sus señorías consideran que, tal y como está diseñada en los reales decretos de enseñanzas mínimas de Primaria, la ESO y el Bachillerato, EpC es contraria a los artículos 16 y 27 de la Constitución, como en sus recursos alegaron los recurrentes. También vuelven a indicar que “la supuesta dualidad ética pública – ética privada no tiene el menor amparo constitucional” y que “la conducta humana de cada persona se rige por las normas de una sola ética, con la que se resolverá el juicio moral concreto sobre cada acción de las personas”.

Estas familias a las que el TSJR ha reconocido su derecho a objetar frente a EpC habían recurrido ante el máximo órgano judicial riojano las resoluciones administrativas en sentido contrario que les había notificado la Consejería de Educación, tras haber recibido sus declaraciones de objeción.

Cada uno de los catorce fallos determina, como lo hacía el de la sentencia fechada el día 8, “la nulidad de pleno derecho” de la resolución denegatoria adoptada por la Administración Educativa autonómica, y reconoce “el derecho de la parte recurrente a ejercer el derecho de objeción de conciencia frente a las asignaturas de educación para la ciudadanía, según se regulan en los Reales Decretos 153/2006, 1631/2006 y 1467/2007”.

Consiguientemente, las catorce resoluciones ordenan que los hijos de las familias que interpusieron los recursos queden exentos de cursar las cuatro asignaturas de EpC, lo que supone que han de ser eximidos tanto de asistir a sus clases como de ser evaluados, “sin que ello pueda tener consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso y/o obtener los títulos académicos correspondientes”.

Algunos de los alumnos a los que ha de aplicarse la exención dictada por el TSJR estudian en centros de los que es titular la Consejería de Educación y otros están escolarizados en colegios concertados.

Es de esperar que el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte recurra ante el Tribunal Supremo estas sentencias, como al parecer ha decidido hacer respecto de la del día 8 de julio. Aunque ningún alto responsable del departamento se ha manifestado sobre ello, eso fue lo que anunció el pasado día 15 Manuel Medrano, director de la Alta Inspección de Educación de la Delegación del Gobierno en La Rioja, como informó HO.

El abogado de los objetores valora las sentencias

Enrique Domingo ha manifestado a HO sus impresiones respecto del contenido de las sentencias y ha expresado lo que supone para él la experiencia que está viviendo, en su triple condición de abogado de las familias objetoras, secretario general de CONCAPA-Rioja y padre.

Como abogado de los objetores, considera que “estas sentencias son un triunfo de las libertades y del Estado de Derecho, a la vez que un verdadero ejemplo del más auténtico ejercicio de la ciudadanía democrática”.

Destaca que “en La Rioja, se está dando la circunstancia de que estas primeras sentencias reconocen derechos de familias de la pública y de un amplio abanico de colegios de la privada”. “Esto último”, ha señalado, “corrobora que la tesis de la FERE de que se puede adaptar el curriculum al ideario es una farsa: si fuese cierto, no habría motivo alguno para que el Tribunal concediera las objeciones a quienes escolarizan a sus hijos en centros FERE”. “Hay que tener en cuenta que estas sentencias reconocen derechos individuales, basados en unos hechos también concretos. Por lo tanto, si existiera la posibilidad jurídica de adaptar los contenidos al ideario, no habría ‘choque de conciencia’, luego técnicamente no podría reconocerse la objeción”, ha añadido.

Así mismo, Domingo ha afirmado que “pese a que la asignatura se nos presenta como una suerte de ética pública -que, por lo tanto, debiera afectar solo al enjuiciamiento de actos ‘públicos’-, lo cierto es que en el propio desarrollo del currículo -sobre todo en ESO- se nos presenta esa ética también para los aspectos más íntimos, tales como la educación afectivo-emocional, la familia, etc. Es decir, los gobernantes se arrogan la facultad de establecer cuáles son los valores de lo que llaman ética cívica, pero nos los señalan también como válidos para lo que ellos mismos dejan al ámbito de la ética privada, por lo que su intención ideologizante es evidente”.

Asegura que le causa especial satisfacción haber podido constatar, al leer el texto de las sentencias, que “hemos mostrado al Tribunal que nuestra oposición a la asignatura no obedece a ninguna creencia religiosa, sino, en esencia, a nuestro firme convencimiento democrático”. “En otras palabras”, prosigue, “la motivación de la objeción no está en lo que -con total acierto- haya podido decir la Conferencia Episcopal, sino en la Constitución y en los Tratados Internacionales. No es cuestión de determinar si la ideología que pretenden imponer es buena o mala, el problema es que el Estado no puede imponer ninguna ideología”.

“Uno de los objetores que ya tiene sentencia se puso en contacto con nosotros y nos dijo que él era agnóstico y no era ‘pepero’, pero que a sus hijos no les imponía la moral nadie”, cuenta a modo de anécdota ilustrativa de su razonamiento anterior.

“Como abogado”, confiesa, “es evidente que lo más bonito de nuestra profesión es la defensa de los derechos fundamentales, por lo que esta experiencia está siendo muy gratificante para mí”.

Por otra parte, como secretario general de CONCAPA, dice haber llegado a la conclusión de que los padres han de implicarse mucho más en el sistema educativo y no pueden esperar que otros los defiendan. “Hemos hablado mucho de derechos, pero estos siempre van acompañados de responsabilidades, que hemos de asumir nosotros, los padres: ni los políticos, ni los titulares de los centros: nosotros”, asegura.

Finalmente, la vivencia que como padre está suponiendo para él su implicación plena en el movimiento objetor, la resume recordando un comentario de un padre objetor a otro que dudaba: “Si quieres ser tú el referente moral de tus hijos, tienes que presentarles una conducta íntegra, auténtica y totalmente coherente con tus valores. Tus hijos saben que te opones totalmente a esta asignatura, si no actúas con todas las consecuencias, no percibirán una conducta coherente, por lo que tus principios morales no serán atractivos para ellos y, tarde o temprano, dejarás de ser su referente moral y te sustituirán por otro más auténtico”.


Jueves 17 de Julio de 2008

Martínez López-Muñiz: los Gobiernos no puede utilizar los conciertos para imponer sus preferencias

8:33 h | Artículos,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la enseñanza diferenciada por sexos

Martínez López-Muñiz: No pueden utilizarse los conciertos para que el Gobierno de turno imponga sus preferencias ideológicas o pedagógicas

Firmado por Aceprensa
Fecha: 19 Junio 2008

Una sentencia del Tribunal Supremo ha admitido que las comunidades autónomas pueden exigir la enseñanza mixta a los colegios concertados. El Tribunal da la razón a la Junta de Castilla-La Mancha frente a la patronal de colegios privados CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), y anula una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad, que había sostenido lo contrario. La sentencia mantiene que “el sistema de enseñanza mixta, en el caso de los centros concertados, es una manifestación o faceta más de esa competencia sobre la admisión del alumnado que corresponde a la Administración educativa que financia dichos centros”.

Preguntamos sobre esta sentencia a José Luis Martínez López-Muñiz, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid.

– La sentencia mantiene que los titulares de los centros concertados no son libres para establecer la enseñanza diferenciada. ¿Es nueva esta doctrina?

–Si hay algo propio de cualquier libertad es que implica el derecho de actuar en el ámbito de que se trate sin más restricciones que las que marquen las leyes por razones justificadas y proporcionadas. Un viejo adagio jurídico afirma, con toda razón que, para la libertad, “todo lo que no está prohibido está permitido”.

Ocurre además que no cualquier norma de cualquier poder público puede establecer tales restricciones a cualquier libertad. La Constitución española dispone que tales restricciones o límites sólo los puede establecer una ley orgánica (estatal, por tanto) cuando se trate de libertades garantizadas en los artículos 15 a 29 de la Constitución. Son incompetentes para ello las leyes ordinarias estatales, las leyes autonómicas y cualesquiera normas reglamentarias.

Es asombroso que la Sentencia diga que como “ni la LODE ni la LOE reconocen a los titulares de los centros concertados el derecho a establecer en ellos un sistema de enseñanza diferenciada como parte integrante de su derecho de creación y dirección de centros privados”, no debe “ser aceptado como un contenido adicional de lo directamente establecido en el artículo 27 CE” (Fundamento Jurídico 9º).

O sea, que para el Supremo, en esta ocasión, lo que puede hacerse con cada libertad pública tiene que ser pormenorizado en la ley, porque si no se contempla en ella, no quedaría reconocido como ámbito protegible de esa libertad “adicional” a lo esencial. Es de esperar, desde luego, que el Constitucional pueda corregir semejante planteamiento. ¿Cómo va a ser aceptable que con la libertad sólo pueda hacerse lo que diga la ley específicamente? Esto es el fin de la libertad, simplemente.

Ya la misma Sala, en otra sentencia de mayo de 2007 sobre el derecho de los centros privados a decidir por sí mismos sobre la admisión de sus alumnos, incurrió en la misma aberración. Como no les está expresamente conferida en las leyes orgánicas –lo que, además, no es rigurosamente cierto–, se presume que no forma parte de su libertad y cualquier Gobierno autonómico podría disponer al respecto a su antojo. Es decir, el mundo jurídico al revés.

Una opción pedagógica legítima

– La libertad de enseñanza, reconocida en el art. 27 de la Constitución, ¿no incluiría la opción pedagógica de la educación diferenciada en el caso de los centros concertados?

– El Supremo, sin razón expresa alguna, afirma en la Sentencia que “el sistema de educación diferenciada, en lo que se refiere a los centros concertados, no forma parte del contenido esencial del derecho a la dirección que corresponde a sus titulares como una manifestación del derecho a la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 CE”. Se trata de una afirmación gratuita y arbitraria, porque no se da razón alguna al respecto.

Podrá quizás discutirse si la educación diferenciada forma parte o no del contenido esencial de la libertad de enseñanza, lo que desde luego en absoluto se hace en la sentencia, que se limita a pronunciarse apodíctica y equívocamente sobre el asunto. Para aceptar constitucionalmente su exclusión o incluso su limitación habrá que poner en el otro platillo de la balanza bienes jurídicos más altamente protegidos por el orden constitucional que no es fácil discernir.

¿Se ha olvidado el Supremo de que, como recuerda cualquier manual de Derecho público, bajo la actual Constitución prima en nuestro sistema el principio “pro libertate”?

– ¿Hay alguna norma internacional que prohíba la educación diferenciada?

– El protocolo 1º del Convenio europeo de derechos humanos y libertades fundamentales, que asegura el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, obliga a respetar el derecho de los padres a que la educación de sus hijos sea conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas, en las que el citado Tribunal incluye todo tipo de convicciones relevantes, también las de orden pedagógico (y así lo ha explicitado luego el artículo 14 de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea, que el nuevo Tratado de Lisboa quiere reconocer con rango de tratado).

La Convención de la UNESCO de 1960, que es Derecho vigente en España, ya dejó sentado además que, por el lado de la lucha contra las discriminaciones por razón del sexo, no podría justificarse esa exclusión de la enseñanza diferenciada por sexo. Y que no es una práctica discriminatoria lo tiene expresamente reconocido la misma Sala del propio Tribunal Supremo, en una sentencia de 2006, basándose en estas normas y considerando también el tenor de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

¿Quien paga manda?

– ¿La financiación pública de los centros concertados puede justificar que se excluya una opción pedagógica como la enseñanza diferenciada?

– En la sentencia parece subyacer de modo implícito el errado criterio de que la asignación de fondos públicos justificaría la imposición por el Gobierno financiador de limitaciones de la libertad de dirección de los centros privados concertados.

Como si la referencia contenida en el artículo 27.9 de la Constitución sobre que “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”, permitiera esas limitaciones, aunque la Sala mire a otro lado en punto a la evidente reserva a la ley de tales requisitos, una ley que, además, por lo ya dicho, habría de ser orgánica.

Lo que es constitucionalmente evidente es que no vale imponer cualquier requisito para recibir fondos públicos destinados a favorecer el ejercicio de libertades públicas. Sería tanto como admitir que el Estado, al subvencionar a los partidos políticos, a los sindicatos, a la producción cinematográfica, al teatro, etc., pueda imponerles requisitos o condiciones, más allá de los necesarios para asegurar el destino previsto a los fondos públicos correspondientes.

Si se aplica aquí aquello de que quien paga manda, ¿dónde quedará el Estado social de Derecho? No cabe aceptar otros requisitos que los que aseguren que los fondos públicos de los conciertos cumplen su fin. No pueden utilizarse los conciertos para que el Gobierno de turno imponga sus preferencias ideológicas, pedagógicas, etc. De otro modo sólo podrían disfrutar de la libertad los ricos.

– En la anterior sentencia de 2006 que antes citaba el Tribunal Supremo  decia que “no se discute” que la educación escolar separada por el sexo “es lícita” y que “tampoco hay norma expresa que prohíba el sostenimiento público de centros que la practiquen”? ¿Ha cambiado la doctrina del Supremo?

– Ciertamente eso fue lo que, con razón, dijo la misma Sala del Supremo hace un par de años. Y no creo que, a pesar de las apariencias, haya cambiado ese criterio suyo. Lo que pasa es que ahora se han encontrado con una “norma expresa” que ha venido a prohibirlo: el Decreto de 2004 de Castilla La-Mancha que había anulado el Tribunal Superior con competencia en esa región.

Pero, claro, se trata de una norma autonómica y además reglamentaria, radicalmente incompetente para establecer tal imperfección. Pero la Sala se niega expresamente a entrar a enjuiciar esta capital cuestión, porque hace una interpretación restrictiva inaceptable del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, que es el que se ha seguido en el caso. Incomprensiblemente, no tiene en cuenta las expresas formulaciones sobre este procedimiento que introdujo la Ley de 1998 reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa y se aferra acríticamente a una jurisprudencia anterior a cuyo desafortunado criterio quiso poner fin con toda evidencia dicha Ley. El resultado es una lamentable denegación de justicia precisamente en una materia que el artículo 53.2 de la Constitución obliga a tutelar con especial atención, rapidez y prioridad.


Miércoles 16 de Julio de 2008

El Ministerio de Educación recurrirá la sentencia que reconoce la objeción a EpC en La Rioja

19:08 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

El director de la Alta Inspección de Educación de la Delegación del Gobierno en La Rioja anuncia que el departamento de Cabrera presentará recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJR que admite la objeción de conciencia frente a EpC.HO y EUROPA PRESS.- El Ministerio de Educación y Política Social recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) que el pasado día 8 admitió la objeción a las asignaturas englobadas bajo el nombre de Educación para la Ciudadanía planteada por los padres de un alumno riojano.

No ha sido ninguno de los máximos responsables del departamento encabezado por Mercedes Cabrera, sino el director de la Alta Inspección de Educación de la Delegación del Gobierno en La Rioja, Manuel Medrano, quien ha anunciado hoy esta medida que, según ha dicho, se llevará adelante ante la decisión de la Consejería de Educación riojana de no recurrir el citado fallo.

Medrano ha explicado que el recurso se presentará de forma “inminente” porque es la voluntad del Gobierno central que el Supremo se pronuncie cuanto antes sobre este asunto.

El director de la Alta Inspección de Educación ha asegurado que la sentencia del TSJR adolece de “debilidad argumental” y ha manifestado que, en su opinión, se apoya en “argumentos del derecho postmoderno” porque “no reconoce la existencia de una ética pública”. “Es como si Locke nunca hubiese existido”, ha añadido.

Medrano asegura que aceptar estos argumentos “convertiría cualquier enseñanza en impracticable”. Además, comparó el caso con la cuestión del creacionismo: “¿Por qué no objetan los creacionistas las asignaturas que enseñan el evolucionismo?”, se ha preguntado.

El responsable de la Alta Inspección educativa se ha dirigido también a los padres de alumnos riojanos, indicándoles que “en septiembre sus hijos recibirán Educación por la Ciudadanía por educadores competentes, no por adoctrinadores, porque los profesores de Filosofía no son comisarios políticos”.

Por otra parte, Medrano ha criticado la actitud del Gobierno regional ante el fallo judicial, acusándole de mostrarse “encantado de perder, porque la sentencia va contra la Consejería”. También ha dicho que al no recurrir “no defiende la normativa estatal” y está “desamparando a sus propios servicios jurídicos”.


Una asignatura adoctrinadora

12:00 h | Artículos,Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

15.07.08 – JUAN IGNACIO DE LOS MOZOS TOUYA | PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN LA RIOJA EDUCA EN LIBERTAD

La Asociación La Rioja educa en libertad, ante la reciente sentencia del TSJR, quiere hacer llegar a la opinión pública lo siguiente:

1º Que se reconoce el derecho de objeción de conciencia como un derecho recogido directamente en la Constitución que no precisa de desarrollo alguno por tratarse de un derecho fundamental integrante del derecho de libertad ideológica (art. 16 CE), el cual se declara vulnerado por los Reales Decretos dictados en desarrollo de la LOE para regular el currículo de Educación para la Ciudadanía juntamente con el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones (art. 27.3 CE).

2 º Que, en consecuencia, el ejercicio del derecho de objeción de conciencia no puede tener ninguna consecuencia negativa para el alumno a la hora de promocionar u obtener los títulos académicos correspondientes, y así se declara expresamente en el fallo.

3º Que para objetar no se requiere que el hijo o hija vaya a cursar la asignatura de EpC el próximo curso, basta con que tenga que cursarla más adelante.

4º Que la existencia de diferentes formas de pensamiento, ideologías y creencias (art. 16.1 CE) fundamentan la libertad de enseñanza y el derecho de educación en libertad (art.27.1 CE).

5º Que dichos Reales Decretos que desarrollan la LOE respecto de la asignatura conocida como Educación para la Ciudadanía, que con distintos nombres ha de impartirse obligatoriamente en Primaria, ESO y Bachillerato, en cuanto que pretenden formar la conciencia moral de los alumnos a través de la imposición de una moral concreta, no neutra, elegida por el Estado vulneran los artículos 16 y 27.3 de la Constitución española.

6º Que por su contenido, objetivos y criterios de evaluación los citados Reales Decretos exceden «de los valores consagrados en la Constitución o que son presupuesto o corolario del orden constitucional», según el límite fijado en su día por el Consejo de Estado.

7º Que la exigencia impuesta al alumnado de «manifestar» sus propias creencias y opiniones contraviene la Constitución (art. 16.2 CE), como, así mismo, el establecimiento como criterio de evaluación de la «aceptación» por el educando de los valores propuestos por el Estado que conculca el artículo 27.3 de la Constitución (y desde luego el 16.1).

8º Que la ideología de género responde a unas creencias particulares, en modo alguno integrante de una ética común.

Antes de concluir queremos felicitamos, en este caso, por el funcionamiento ejemplar del Estado de Derecho en defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, en especial de los padres de la escuela pública, muchos de los cuales no han podido hacer efectivo su derecho de elección en un centro concertado, haciéndose así realidad el mandato constitucional dirigido a los poderes públicos, hoy incumplidores, de garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral que sea conforme con sus creencias y convicciones.

Por último, hacemos un llamamiento a todos los padres de la escuela pública y concertada a que objeten contra una asignatura adoctrinadora en defensa de la libertad de todos y esperamos que las autoridades de La Rioja no sólo cumplan sino que acaten la sentencia y, de una vez por todas, sean coherentes con las conclusiones aprobadas en su reciente congreso celebrado en Valencia.

larioja.com