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Sábado 31 de Mayo de 2008

La letra con miedo entra

21:28 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

Las amenazas políticas a los objetores pretenden frenar la oposición a EpC

Advertencias falsas sobre la no obtención del graduado en la ESO; insultos a las familias; circulares coactivas; bulling a los niños objetores; exigir a los padres que acompañen a su hijo durante la hora en la que no entran en clase… Las amenazas (y acciones) de la Administración contra los padres objetores frente a Educación para la ciudadanía, contrastan con la perseverancia de aquellos que no están dispuestos a ceder al chantaje del miedo

«Treinta mil padres españoles han tomado la opción de objetar en conciencia frente a Educación para la ciudadanía. Su objeción no va dirigida al centro de enseñanza, ni al profesor, ni al libro…, sino al atropello de un Estado que pretende erigirse en educador moral de los hijos. Estoy seguro de que Dios bendecirá a estos padres que han decidido declararse en santa rebeldía por el bien de sus hijos. (…) Su resistencia activa está escribiendo una de las páginas más bellas de la historia de la lucha por el bien de los hijos, así como de la defensa del principio de subsidiariedad frente a la tiranía de los Estados». Quien firma estas palabras es monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Palencia, en su Carta pastoral Todo por los hijos. Las palabras del prelado suponen una llamada de aliento para las familias que, semana tras semana, sufren el acoso de la Administración pública por haber decidido objetar a la asignatura: el atropello al que alude monseñor Munilla ha cristalizado en un reguero de amenazas basadas, la mayor parte de las veces, en supuestos falsos. Así, la ministra de Educación, doña Mercedes Cabrera, o la consejera de Educación de la Junta de Extremadura son algunas de las voces que han advertido a los padres sobre el peligro de que sus hijos no consigan el graduado en la Enseñanza Secundaria (ESO) si no asisten a clase de Educación para la ciudadanía. Cabrera refería hace unas semanas, en el diario El País, que los objetores «no obtendrán la titulación de la ESO. No es una amenaza, es el cumplimiento de la ley». La misma consigna que proclamó la consejera de Educación de la Junta de Extremadura, doña Eva María Pérez, quien añadió de su cosecha que «no puede haber una objeción de conciencia a una materia, de igual manera que no podemos objetar contra otra asignatura como Matemáticas, o contra el pago de impuestos». Estas afirmaciones, sin embargo, contradicen los supuestos sobre los que se asienta la misma Ley de Educación, y que permiten a un alumno pasar al Bachillerato y obtener la titulación de Secundaria con dos asignaturas suspensas, siempre que no coincidan Matemáticas y Lengua. A veces, incluso con tres si el claustro de profesores así lo estima pertinente.
Don Carlos Seco, abogado y miembro de Profesionales por la Ética, afirma que «este tipo de declaraciones suponen un intento de coartar el ejercicio de un derecho fundamental. Tras las sentencias judiciales que se han dictado, y las que pueden llegar y den la razón a los padres (como es de suponer), la Administración no podría negarse a que un alumno titulara, ni podría penalizar a los padres. Si la Administración no acata la ley, se estaría produciendo un desacato y, hoy por hoy, la Justicia ha asegurado que la asignatura no es evaluable para aquellos que han objetado, y que por tanto no cuenta para obtener el título de graduado».

Bulling desde los centros

Don Carlos Seco revela otro tipo de presiones: «Algunos padres me han contado su preocupación porque a sus hijos les están acosando desde el centro, en una campaña de bulling promovida por la dirección. He encontrado casos de niños a los que apartaban del resto del grupo; directores y profesores que llamaban a los padres para disuadirlos; incluso padres a los que han pedido que se quedaran con el niño en el centro, mientras no estuviera en clase de Educación para la ciudadanía, algo que se salta las normas porque los padres no pueden estar en el centro si no es en horario de tutorías». Esta presión a las familias también ha quedado impresa en el papel: en una nota interna de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, filtrada a los medios, se instaba a los centros a advertir a los padres de que, si el alumno no cursaba la asignatura, «no podría ser evaluado ni obtendrá la titulación correspondiente». Los padres no parecen dispuestos a ceder, por más que la Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, doña Rosa Peñalver, tildase de insensatez las objeciones frente a Educación para la ciudadanía. Como recuerda monseñor Munilla, «la política de palitos en las ruedas desgasta a niños y familias, pero también fortalece la convicción de otros muchos».
José Antonio Méndez

Publicado en Alfa y Omega


Viernes 30 de Mayo de 2008

Fecapa dice que Junta andaluza “tendrá que poner los medios adecuados para que los padres elijan el centro de sus hijos”

15:53 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

MÁLAGA, 29 May. (EUROPA PRESS) –

El presidente de la Federación Católica de Padres de Alumnos (Fecapa), Eduardo Caro, afirmó hoy que la Junta de Andalucía “tendrá que poner los medios adecuados para que todos los padres de alumnos puedan elegir, decidir directamente, el centro escolar donde estudiarán sus hijos”.

Así, mostró en un comunicado su satisfacción “por que los tribunales comiencen a dar la razón a los padres que tienen que defender sus derechos por la actitud constante de la Junta a no reconocer los derechos fundamentales, reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española”.

En este sentido, explicó que en esta ocasión, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), “reconoce los derechos de los padres a poder elegir, que no optar, porque elegir es decidir, el centro educativo en el que estudiarán sus hijos”.

“Argumenta en dicha sentencia, que el argumento falso de que la calidad de la enseñanza se mida por el número de alumnos en una clase, o que la enseñanza pública perdería plazas escolares, no puede ser antepuesto a los derechos fundamentales de los padres”, agregó, al tiempo que concretó que ante esto el Gobierno andaluz deberá cambiar su política educativa para poder adaptarse a la Constitución Española y a los Derechos Humanos.

Caro se refirió a anteriores sentencias del Alto Tribunal andaluz e informó de que el primer fallo “es que no puede desarrollar la legislación educativa sin la audiencia anterior a todas las entidades representativas del sistema educativo, seguida de la sentencias en relación a las objeciones de conciencia contra Educación para la Ciudadanía (EpC)”.

“El tercer fallo fue que unos alumnos que habían sido sacados de un centro educativo después de haber sido admitidos en las listas definitivas, por haber engañado en la documentación tenían que volver a ser admitidos. Y el cuarto fallo ha sido que los padres tienen el derecho de elegir centro educativo”, subrayó.

Según Caro, hay soluciones para reconocer los derechos de los padres y no masificar las aulas, como el ‘cheque escolar’, puntos otorgados por los centros, cambios en la baremación actual, etcétera. “Todas las posibles soluciones tienen que ser debatidas y consensuadas entre los representantes de los padres de alumnos y la Administración andaluza”, puntualizó.

Asimismo, desde Fecapa invitaron a la Junta a “sentarnos juntos y dar una solución real al deterioro que hemos tenido los padres de alumnos en nuestros derechos, y que los tribunales nos reconocen”.

Finalmente, explicó que conocen el interés del viceconsejero de Educación, Sebastián Cano, “de sentarse con nosotros para desarrollar la Ley de Educación de Andalucía, pero creemos que también será necesario sentarnos para debatir cómo la Junta de Andalucía reconocerá los derechos de los padres de alumnos”, sentenció.


CONCAPA dice que la sentencia del TSJA va “en la buena dirección” y criticó “el sectarismo” de la Junta de Andalucía

15:51 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) –

El presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, manifestó hoy que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha dado la razón a varios padres en Sevilla, anteponiendo su derecho a elegir el centro escolar de sus hijos frente a los criterios de ratio, va “en la buena dirección” y resaltó que se produzca en la comunidad andaluza, “donde hay bastante sectarismo por parte de la Junta actual”.

En declaraciones a Europa Press, Carbonel denunció que el Gobierno andaluz “está empeñada en imponer su criterio ideológico en vez de satisfacer las demandas de las familias”.

Asimismo, se mostró “contento” porque la sentencia “pone orden a la mala práctica de muchas administraciones educativas”. “En lugar de luchar para que los ciudadanos puedan ir a los centros que desean, lo que hacen es planificar y, si es posible, entorpecer el derecho de los padres a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos”, agregó.

Dijo también que la sentencia no hizo sino aplicar “correctamente” el artículo 27 de la Constitución que garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.


La FERE considera “positivo” que se valore el derecho a la libertad de elección de centro en la sentencia del TSJA

15:51 h | Libros,Noticias,Sala de prensa | chequeescolar | Comentarios cerrados

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) –
El presidente de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza, Manuel de Castro, consideró “positiva” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconoció a una familia el derecho a tener un plaza escolar en el colegio concertado que eligieron por considerar que prevalece el derecho constitucional a elegir el tipo de educación de sus hijos frente a la limitación de plazas.

En declaraciones a Europa Press, comentó, sin embargo, que la solución que propone la sentencia –aumentar la ratio de alumnos por clase en un 10%– “ya se contempla en la Ley Orgánica de Educación (LOE)” en relación con los inmigrantes.

Para Manuel de Castro, las administraciones “deben tener en cuenta la voluntad de los padres en la planificación” y criticó que en muchas ocasiones nieguen a sus centros ampliaciones para adecuarse a la demanda.


Numerosos colectivos celebran el apoyo del TSJA a la libre elección de centro

15:48 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


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Mientras, la Junta e IU muestran su “perplejidad” ante la sentencia del alto tribunal andaluz, llegando a negar su objetividad.

REDACCIÓN HO / EUROPA PRESS.- Mientras la Junta andaluza discrepa del TSJA argumentando que el “aumento indiscriminado en aulas afecta al interés general” de los alumnos e IU arremete contra el tribunal negando su objetividad y pidiendo a la Junta que recurra, CONCAPA, FECAPA Y FERE  se suman a la valoración realizada ayer por ChequeEscolar.org, al suponer el fallo un nuevo respaldo a la libertad educativa.

Así,  el presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonell, considera que la sentencia que ha dado la razón a varios padres en Sevilla, anteponiendo su derecho a elegir el centro escolar de sus hijos frente a los criterios de ratio, va “en la buena dirección” y resalta que se produzca en la comunidad andaluza, “donde hay bastante sectarismo por parte de la Junta actual”.

En declaraciones a Europa Press, Carbonell denunció que el Gobierno andaluz “está empeñada en imponer su criterio ideológico en vez de satisfacer las demandas de las familias”. Asimismo, se mostró “contento” porque la sentencia “pone orden a la mala práctica de muchas administraciones educativas”. “En lugar de luchar para que los ciudadanos puedan ir a los centros que desean, lo que hacen es planificar y, si es posible, entorpecer el derecho de los padres a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos”, agregó.  Añadió que la sentencia no hizo sino aplicar “correctamente” el artículo 27 de la Constitución que garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

También la Federación Católica de Padres de Alumnos (FECAPA) celebra el fallo. Su presidente, Eduardo Caro, afirma que la Junta de Andalucía “tendrá que poner los medios adecuados para que todos los padres de alumnos puedan elegir, decidir directamente, el centro escolar donde estudiarán sus hijos”.  En un comunicado mueestra su satisfacción “por que los tribunales comiencen a dar la razón a los padres que tienen que defender sus derechos por la actitud constante de la Junta a no reconocer los derechos fundamentales, reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española”.

“Argumenta en dicha sentencia que el argumento falso de que la calidad de la enseñanza se mida por el número de alumnos en una clase, o que la enseñanza pública perdería plazas escolares, no puede ser antepuesto a los derechos fundamentales de los padres”, agregó, al tiempo que concretó que ante esto el Gobierno andaluz deberá cambiar su política educativa para poder adaptarse a la Constitución Española y a los Derechos Humanos.

Frente a los argumentos falsos que niegan el derecho fundamental de los padres

Caro se refirió a anteriores sentencias del Alto Tribunal andaluz e informó de que el primer fallo “es que no puede desarrollar la legislación educativa sin la audiencia anterior a todas las entidades representativas del sistema educativo, seguida de las sentencias en relación a las objeciones de conciencia contra Educación para la Ciudadanía (EpC)”. “El tercer fallo fue que unos alumnos que habían sido sacados de un centro educativo después de haber sido admitidos en las listas definitivas, por haber engañado en la documentación tenían que volver a ser admitidos. Y el cuarto fallo ha sido que los padres tienen el derecho de elegir centro educativo”, subrayó.

Asimismo, desde Fecapa invitaron a la Junta a “sentarnos juntos y dar una solución real al deterioro que hemos tenido los padres de alumnos en nuestros derechos, y que los tribunales nos reconocen”. Finalmente, explicó que conocen el interés del viceconsejero de Educación, Sebastián Cano, “de sentarse con nosotros para desarrollar la Ley de Educación de Andalucía, pero creemos que también será necesario sentarnos para debatir cómo la Junta de Andalucía reconocerá los derechos de los padres de alumnos”, sentenció.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), Manuel de Castro, consideró “positiva” la sentencia del TSJA, También    en declaraciones a Europa Press, comentó, sin embargo, que la solución que propone la sentencia -aumentar la ratio de alumnos por clase en un 10%- “ya se contempla en la Ley Orgánica de Educación (LOE)” en relación con los inmigrantes. ara Manuel de Castro, las administraciones “deben tener en cuenta la voluntad de los padres en la planificación” y criticó que en muchas ocasiones nieguen a sus centros ampliaciones para adecuarse a la demanda.

La Junta andaluza se muestra “perpleja” pero no aclara si recurrirá

La Consejería andaluza de Educación manifestó discrepó hoy del contenido de la sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, relativa a la escolarización de un alumno en un determinado centro aunque ello suponga aumentar la ratio de escolares en el mismo, ya que “un aumento indiscriminado de las aulas sí afecta al interés general, porque repercute, como resulta evidente, en la calidad de la enseñanza que reciben todos los alumnos de un centro”.

En un comunicado, el departamento que dirige Teresa Jiménez señaló que la resolución judicial “afecta exclusivamente a un caso concreto, por lo que en ningún supuesto puede tener repercusiones directas sobre el proceso general de escolarización, competencia de la Junta”. No obstante, no aclaró si la Junta recurrirá esta sentencia ante los tribunales.

La “perplejidad” que asegura sentir la Consejería “aumenta cuando en la resolución judicial se incluyen juicios de valor sobre las tasas de natalidad en España, a las que se califican de ínfimas, desconociendo hasta qué punto esos datos sociológicos deben influir en la aplicación de las leyes vigentes”. A su juicio, “reconocer, como hace la citada sala, el derecho de los padres a elegir el centro para sus hijos aunque cuando ello suponga elevar la ratio que fija la LOE y afectando así a la calidad de la enseñanza, contraviene frontalmente el criterio jurisprudencial no sólo del órgano jurisdiccional de primera instancia que dio la razón a la Junta de Andalucía, sino también de las otras dos salas de lo Contencioso Administrativo del TSJA y del propio Tribunal Supremo”.

IU arremete contra el Tribunal y pide a la Junta que recurra

Por su parte, el parlamentario de IULV-CA y portavoz en materia de Educación, Ignacio García, discrepó con la sentencia y mostró igualmente su “perplejidad por los reiterados ataques de una Sala del TSJA contra la educación pública y laica, mediante interpretaciones jurídicas cuestionables y desde luego, altamente subjetivas”.

En un comunicado, García indicó que “desde IULV-CA pensamos que la sentencia en cuestión no se sostiene porque fundamentalmente ignora, entre otras disposiciones, el artículo 3-6 de la Ley de Educación de Andalucía (LEA), que establece que la coordinación y la planificación del sistema educativo andaluz corresponde a la Consejería de Educación”.

El diputado va más allá cuestionando la objetividad del tribunal, al manifestar que el fallo ” nos lleva a constatar una exagerada ideologización de dicha Sala, en un sentido muy concreto, que limita la credibilidad de la sociedad en los órganos judiciales como en el caso de la sentencia de Educación para la Ciudadanía”.   Por ello, IULV-CA exigió a la Junta que “recurra e impida por todos los medios la consolidación de esa doctrina que impide una planificación racional del sistema educativo y que coloca en una posición favorable a determinados sectores ideológicos de la sociedad”.


Jueves 29 de Mayo de 2008

Chequeescolar.org celebra el respaldo judicial a la libre elección de centro educativo

20:45 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

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“Es obligación de las consejerías autonómicas cumplir con este mandato”.

CHEQUEESCOLAR.ORG, 29 DE MAYO DE 2008.- La Sección Tercera de lo Contencioso del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reconocido a unos padres el derecho de sus hijos a tener una plaza escolar en el colegio concertado que deseen, conforme a sus convicciones morales, al entender que prevalece su derecho constitucional a elegir el tipo de educación de sus hijos sobre el problema de masificación del centro. Un  fallo judicial que, como no podría ser de otra forma, celebra la plataforma educativa ChequeEscolar.org, como un nuevo impulso a la libertad educativa y al derecho constitucional que confiere a los padres la misión y responsabilidad como primeros educadores de sus hijos.

En concreto, el TSJA dice que hay que “ponderar los intereses en conflicto” y considera más importante “el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Frente a ello, “no existe dato objetivo que determine un perjuicio del interés general por la mayor escolarización de menores en el centro”, dice la sentencia.

Así, los jueces otorgan a los padres, representados por la letrada Carmen García Díaz, derecho a que su hija tenga plaza en el colegio concertado del barrio sevillano de Los Remedios que habían pedido, en una sentencia que no entra a valorar los restantes argumentos que utilizó la Junta de Andalucía para rechazar su petición. La niña había sido rechazada porque el baremo no le dio puntos por tener una hermana escolarizada en el mismo centro, ya que lo estaba en un curso aún no concertado con la Junta, y esta razón sirvió al juzgado de primera instancia para confirmar la posición de la Administración.

Una responsabilidad de las consejerías autonómicas

Como recuerda José Carlos Muñoz, asesor de ChequeEscolar.org, “la LOE (art. 84) obliga a la Administración a garantizar la libre elección de centro por parte de padres o tutores (párrafo 1) y a respetar el ejercicio de ese derecho al ‘establecer el procedimiento y las condiciones para la adscripción de centros públicos’ (párrafo 6)”.

“Por lo tanto -añade Muñoz-, es responsabilidad de las consejerías autonómicas de Educación (o del propio Ministerio en los territorios en que mantiene las competencias) cumplir con ese mandato. Los padres tienen reconocido expresamente el derecho a elegir el centro en que sus hijos han de estar escolarizados y el Estado ha de garantizar que esa elección se aplique de forma efectiva y real, no puede desvirtuarla y convertirla de hecho en una simple expresión de preferencia”.

“Asimismo, en el caso de que el centro sea concertado y con ideario propio, se añade un elemento más, reconocido por el tribunal en esta sentencia, que es importante reseñar: la prevalencia del derecho constitucional de los padres a decidir  sobre la formación moral y religiosa de los hijos, por encima de cualquier condicionante de carácter organizativo o técnico, como puede ser la limitación de la ratio (numero de alumnos máximos por aula)”, destaca Muñoz.

Finalmente, ChequeEscolar.org coincide con la calificación de” penosa”  que establece la sentencia para referirse a “la realidad de unos niños a los que, pese al decir solemne de la Constitución, se les niega el derecho a iniciar sus estudios en el colegio que sus padres eligen por falta de plazas bastantes”, y exhorta a las autoridades educativas a paliar esta situación.

ChequeEscolar.org es una plataforma de padres, educadores, juristas, economistas y entidades civiles que, ante las carencias del sistema de educación español que priva a los padres, en especial a los más desfavorecidos, del derecho a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos, reivindican que el Estado reconozca que deben ser los padres los que decidan qué hacer con el dinero que ellos mismos aportan, a través de sus impuestos, para sufragar la educación de sus hijos. Entre los miembros del Comité Asesor de Chequeescolar.org destacan los  Catedráticos y profesores Carlos Rodríguez Braun, Pedro Schwartz, Jesús Tanco, Antonio Moreno y María Calvo, el DG de la COPE, Alfonso Coronel de Palma, el rector Daniel Sada, el periodista Enrique de Diego y el autor de la primera ley del Cheque en el mundo, José Manuel Otero Novas.


La Justicia ampara a las familias

10:06 h | Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

LOS más recientes pronunciamientos judiciales conocidos en Andalucía acerca del espinoso contencioso que la Administración mantiene con padres disconformes e insumisos ante la política que, a brazo partido, mantiene el PSOE en la Junta de Andalucía nos introduce en una «nueva era» jurídica con un inmediato impacto en la realidad escolar cotidiana. Si hasta ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad había dado prioridad al derecho fundamental de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, ahora, no sólo se hace más alto y exigente el tono de las sentencias sino que se entra plenamente en el fondo del asunto, y se llega a negar valor objetivo a la ratio. Ésta ha sido la gran coartada de la Administración socialista a la hora de restar niños a la enseñanza concertada, derivándolos hacia una red pública controlada por el Gobierno andaluz. Ni siquiera la oferta de unidades nuevas por parte del centro, producida en el mismo barrio en el que se ha resuelto uno de los pleitos en cuestión, fue tomada en consideración por la Delegación Provincial de Educación.

El TSJA es más contundente, explícito e irrevocable que nunca al declarar que la supuesta masificación de las aulas -recordemos que el límite lo pusieron las autoridades docentes en 25 alumnos por clase de Primaria- no puede justificar en modo alguno la restricción de un derecho constitucional. Mucho menos resulta de recibo, según los jueces, la existencia de plazas libres en centros públicos de la misma zona. Hasta el más cándido de los ciudadanos puede discernir que si ese desequilibrio existe es porque la Junta de Andalucía, que siempre ha practicado -y así lo ha reconocido sin recato en sede parlamentaria- una planificación deliberadamente favorable a la enseñanza pública en detrimento de la concertada, así lo ha buscado. Su afán sectario e intervencionista le ha guiado en el arrinconamiento de cuanto suponga un rival para sus ansias de fiscalizar la formación mental de las nuevas generaciones de andaluces. A muy escasa distancia de la tentación totalitaria, los sucesivos consejeros se han empecinado en monopolizar la educación, que -no lo olvidemos- fue la primera gran transferencia que demandaron.

Los Tribunales se toman su tiempo pero finalmente siempre prevalecen sobre el despotismo del poder ejecutivo. El TSJA pone en guardia frente a la avalancha de procedimientos que se acumulan en sus mesas, con un denominador común: la defensa de un derecho al que los padres no quieren renunciar. ¿Hasta cuándo va a esperar la Junta de Andalucía y el partido que la sustenta para imprimir un giro verdaderamente social a su talante y dialogar con los colegios y las asociaciones de padres para que su régimen de escolarización deje de lesionar gravemente las legítimas aspiraciones de las familias? Su grado de dureza en este campo emblemático de su programa sólo cede ante los varapalos consecutivos y cada vez más frecuentes de la Justicia. Una y otra vez, como si de un empeño quijotesco contra molinos de viento se tratase, el TSJA desautoriza la intromisión del Estado en la vida privada de las personas. La responsabilidad de educar a los hijos corresponde a sus padres y sólo por delegación la cumplimentan los centros. La Administración y los establecimientos por ella dirigidos deberían desempeñar un papel subsidiario. En Andalucía, ya lo vemos, es al revés, y la Junta no tiene empacho en abogar por sus tesis apoyándose en que donde hay una plaza escolar pública no debe haber una privada financiada con fondos públicos. La Ley de Educación de Andalucía, primera de las autonómicas, incluye a la enseñanza concertada en el sistema público. Y por añadidura, ahora tenemos una sentencia según la cual «no existe dato objetivo que determine un perjuicio del interés general por la mayor escolarización de menores en el centro». Ya nadie puede llamarse a engaño ni seguir esparciendo la confusión.

Editorial ABC de Sevilla


Miércoles 28 de Mayo de 2008

El TSJ andaluz sentencia que prevalece su derecho constitucional sobre los problemas de masificación

23:29 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

La Justicia reconoce el derecho de los padres a elegir un colegio concertado conforme a su moral

Efe – Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reconocido a unos padres el derecho de sus hijos a tener una plaza escolar en el colegio concertado que deseen porque prevalece su derecho constitucional a elegir el tipo de educación de sus hijos sobre el problema de masificación del centro.

El TSJA dice que hay que «ponderar los intereses en conflicto» y considera más importante «el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Frente a ello, «no existe dato objetivo que determine un perjuicio del interés general por la mayor escolarización de menores en el centro», dice la sentencia.

Los jueces otorgan a los padres, representados por la letrada Carmen García Díaz, derecho a que su hija tenga plaza en el colegio concertado del barrio sevillano de Los Remedios que habían pedido, en una sentencia que no entra a valorar los restantes argumentos que utilizó la Junta de Andalucía para rechazar su petición.

La Sección Tercera de lo Contencioso del TSJA denuncia en su sentencia «la penosa realidad de unos niños a los que, pese al decir solemne de la Constitución, se les niega el derecho a iniciar sus estudios en el colegio que sus padres eligen por falta de plazas bastantes».

Añaden los jueces que consideran «lamentable la realidad cotidiana de proliferación» de este tipo de pleitos «por el desfase entre el número de plazas escolares disponibles y el de candidatos a ocuparlas».

«Y esto en una nación que tiene en las ínfimas tasas de natalidad desde hace años uno de los problemas endémicos más preocupantes de nuestro país», añaden los jueces.

La niña había sido rechazada porque el baremo no le dio puntos por tener una hermana escolarizada en el mismo centro, ya que lo estaba en un curso aún no concertado con la Junta, y esta razón sirvió al juzgado de primera instancia para confirmar la posición de la Administración.

La sentencia del TSJA, que es firme, no entra a valorar tales razones y simplemente dicta que prevalece el derecho constitucional de los padres a elegir el tipo de educación y el de los niños para evitar los «perjuicios psicológicos» que pueden sufrir «con los sucesivos cambios de entorno educativo, emotivo y de amistades».

Frente a ello, dice la sentencia que el único interés afectado es la existencia de más alumnos de los permitidos en cada unidad escolar, pero «no existe dato objetivo» que determine que se produce un «perjuicio del interés general por la mayor escolarización de menores en el centro».

LA RAZON


Casi 900 nuevas objeciones a EpC en la Comunidad de Madrid

17:18 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


Objeciones en Madrid

La plataforma madrileña ‘Padres en Acción’ ha tramitado 862 nuevas objeciones a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Con esta entrega, las objeciones a EpC superan las 7 000 objeciones.

REDACCIÓN HO.- En la mañana de hoy, la plataforma de objetores ‘Padres en Acción’ ha formalizado en el registro de la Comunidad de Madrid 862 nuevas declaraciones de objeción a EpC. Con ello, la cifra de objeciones tramitadas en la región es superior a 7.000, ya que hasta ahora, según PROFESIONALES POR LA ÉTICA DE MADRID, anteriormente se habían presentado al menos otras 6.117.

Hay que recordar que la asignatura Educación para la Ciudadanía aún no se ha comenzado a impartir en la Comunidad de Madrid. El calendario de implantación es el siguiente:

La plataforma ‘Padres en Acción’ ha sido una de las entidades encargadas de promover la objeción a Educación para la Ciudadanía en los últimos meses. Según su portavoz, Celia Cuevas, la plataforma está formada por padres de la zona Norte de Madrid capital, que en las últimas semanas han multiplicado su actividad para informar a los padres sobre la polémica materia escolar. Para ello han instalado mesas callejeras, han acudido a centros escolares e institutos, se han reunido en casas particulares… “Los padres objetan”, asegura Celia Cuevas,”porque la asignatura Educación para la Ciudadanía se propone formar la conciencia moral de los alumnos de manera obligatoria y según las posiciones ideológicas del gobierno de turno. Padres en AcciónPadres en AcciónY esto contradice frontalmente el artículo 27.3 de la Constitución Española, que reconoce a los padres su derecho a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas”. Cuevas recuerda que el derecho a la objeción de conciencia está reconocido en la Constitución Española, en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en la jurisprudencia nacional e internacional.

Además de Padres en Acción, en la Comunidad de Madrid se han creado otras plataformas de padres como la Plataforma Libertad para Objetar de la sierra Noroeste de Madrid, Educa en Libertad Madrid Noroeste, Madrid Educación y Libertad, Alcalá Educa en Libertad, Rivas en contra de Educación para la Ciudadanía y Griñón Educa en Libertad, sumándose así a las casi 90 entidades que, en toda España, se han adherido a la campaña “Tus hijos, tu decisión” que aglutina al movimiento objetor.

Según PROFESIONALES POR LA ÉTICA DE MADRID, la campaña a favor de la objeción a Educación para la Ciudadanía no ha hecho más que empezar; en los próximos meses se espera que las objeciones se multipliquen. Además, los padres objetores están pendientes de la publicación de la normativa de la Comunidad de Madrid que concrete la atención educativa a los hijos de los objetores y les exima de evaluación por razones de conciencia.


‘Soria Educa en Libertad’ reclama a la Junta que reconozca la objeción a EpC

17:17 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


Soria Educa en Libertad

La plataforma de padres objetores soriana ha emitido un comunicado en el que solicita al gobierno castellano-leonés que, cuanto antes, reconozca oficialmente el derecho de los padres a objetar en conciencia a ‘Educación para la ciudadanía’ y adopte las medidas organizativas precisas para que sus hijos reciban en los centros la debida atención educativa.

Este es el texto completo de la nota remitida a HO:


SORIA EDUCA EN LIBERTAD ESPERA QUE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EXPRESE CUANTO ANTES, DE MANERA OFICIAL, SU POSTURA RESPECTO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Esperamos que en Castilla y León se respete el derecho fundamental a la objeción de conciencia

Soria, 28 de mayo de 2008

En los últimos días, en los medios de comunicación se han recogido muchas declaraciones, desde distintos ámbitos, sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Ayer mismo conocíamos unas nuevas declaraciones del Consejero de Educación, Juan José Mateos, en las que reiteraba, una vez más, que en Castilla y León no es necesaria la objeción de conciencia puesto que en el desarrollo curricular de la asignatura en nuestra Comunidad se han rebajado los contenidos ideológicos contenidos en los Reales Decretos del MEC. Ante estas nuevas declaraciones del Consejero, desde la plataforma SORIA EDUCA EN LIBERTAD recordamos, una vez más, que:

• Los Reales Decretos del MEC contienen los contenidos mínimos, obligatorios para todas las Comunidades Autónomas y para todos los centros, y recordamos, una vez más, que nuestra Comunidad tiene presentado, por parte del Ministerio, un recurso contenciosos administrativo por haber eliminado parte de dichos contenidos en su desarrollo curricular.
• El Gobierno ha manifestado siempre, y lo sigue haciendo, su clara intención de mantener la asignatura tal como está recogida en dichos Reales Decretos, y su voluntad de estar vigilante para comprobar su implantación tal y como se recoge en éstos, acudiendo a los Tribunales, como ya ha hecho en el caso de Castilla y León y de otras Comunidades gobernadas por el partido Popular, o a la inspección en el caso de los centros educativos.
• Los padres que, ante esta intromisión del Estado en la formación moral e ideológica de nuestros hijos, ejercemos nuestro derecho a la objeción de conciencia, lo hacemos ante estos contenidos mínimos publicados en los reales Decretos del Ministerio, puesto que no está en manos del Gobierno autonómico modificar los mismos.
• Lo que esperamos del Gobierno regional es que respete este derecho, de manera que los alumnos queden exentos de cursar la asignatura y de ser evaluados y que dé instrucciones a los centros para garantizar la debida atención a los alumnos objetores (tal como va a hacer, por ejemplo, la Comunidad de Madrid)

Hace unos días, la dirección nacional del Partido Popular, partido que gobierna en Castilla y León, emitió una nota de prensa en la que manifestaba su postura a través de cinco puntos que reproducimos textualmente aquí:

1.- El Partido Popular ha defendido y defiende la objeción de conciencia como un derecho de las personas contemplado en nuestra Constitución.
2.- El Partido Popular reconoce y valora positivamente que algunos padres hayan ejercido ese derecho, que más allá del tema concreto, fortalece nuestra democracia, así como el reconocimiento del mismo por parte de algunos Tribunales Superiores de Justicia.
3.- El Partido Popular se ha manifestado en contra de la implantación de esta asignatura y especialmente de su contenido por su carácter doctrinario e ideológico que, como ya advertimos en su momento, atenta contra el derecho de los padres y divide a la sociedad.
4.- El Partido Popular, ante la pluralidad de sentencias y a la espera de que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo defenderá siempre la objeción de conciencia y la no impartición de los contenidos tal como se contemplan en el Real Decreto a los alumnos que así lo manifiesten. Esta situación no deberá perjudicar nunca el expediente de los alumnos.
5.- El Partido Popular instará al Gobierno a que retire esta asignatura mientras no se consensúe un contenido estrictamente educativo basado en el conocimiento de nuestra Constitución, no conocida suficientemente, por la mayor parte de nuestros escolares.

Mientras la retirada de la asignatura, tal como está planteada, no sea una realidad (lo que exigiría la derogación de los vigentes Decretos de enseñanzas mínimas, en la parte que corresponde a EpC) el ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia frente a esta asignatura (y la interposición de acciones ante los tribunales cada vez que nuestros derechos se vean conculcados) sigue siendo la mejor opción para todos aquellos padres que consideramos que esta asignatura no respeta el artículo 27.3 de la Constitución Española, puesto que se propone formar la conciencia moral de los alumnos al margen de la voluntad de los padres.

Desde SORIA EDUCA EN LIBERTAD confiamos en que los responsables de la Junta de Castilla y León sean coherentes con la postura expresada desde la dirección nacional del Partido Popular, y en el uso de sus competencias, respeten la decisión adoptada por los padres en el ejercicio de sus derechos constitucionales y adopten las medidas necesarias para que esta situación, provocada por la intransigencia del Gobierno, no perjudique a los alumnos. Se trata, como hemos dicho otras veces, de una cuestión de libertad.

Ante la implantación de la asignatura el próximo curso en nuestra Comunidad, es urgente que esta postura sea trasladada cuanto antes a los padres, de forma oficial, para su tranquilidad, así como a los centros educativos para que éstos organicen la debida atención a estos alumnos, como ya ocurre en el caso de otras asignaturas. De lo contrario, los padres adoptaremos las medidas necesarias para que nuestros derechos constitucionales sean respetados acudiendo a los Tribunales en defensa de los mismos.

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