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Martes 30 de Octubre de 2007

Un instituto expulsa a un alumno por “falta contra la convivencia” por no ir a EpC

13:07 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

La Dirección de un instituto público de Granada ha sancionado como “falta contra la convivencia” la inasistencia de un alumno objetor a las clases de Educación para la Ciudadanía. Sus padres y el Foro de la Familia han denunciado que el centro aplicará de un día a otro la expulsión temporal del chico como parte del castigo. La profesora de la asignatura le advirtió, antes de expedientarle: “¿Quiénes se creen tus padres que son?” El Foro ofrecía el pasado viernes una conferencia de prensa para denunciar ésta y otras “amenazas, coacciones y abusos jurídicos” de la Administración educativa de Andalucía sobre familias objetoras a EpC.

LD (V. Gago) El caso del Instituto de Enseñanza Secundaria Alhendín, de Granada, no es único. En este centro, un alumno va a ser expulsado temporalmente como castigo a una “falta contra la convivencia”, según ha calificado la Dirección su inasistencia a las clases de Educación para la Ciudadanía.

La familia del chico presentó la declaración formal de Objeción de Conciencia a la asignatura de adoctrinamiento ideológico y moral, un derecho constitucional al que se han acogido más de 17.000 familias en toda España.

El Foro de la Familia señala que el chico ha sido tratado como un elemento anti-social por la Dirección del centro, “como si hubiera provocado un grave altercado contra sus compañeros o hubiera inferido daños de importancia en el material” escolar, señala la plataforma cívica en un comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital.

La aplicación del castigo creará “un grave perjuicio” al alumno, que no podrá asistir al resto de las asignaturas del curso “con las correspondientes consecuencias contra su rendimiento escolar”.

El Foro subraya que el expediente y la sanción son ilegales y “en ningún momento se ven amparados por el Decreto de la Junta de Andalucía 10/2007, de 23 de enero, de Medidas de Promoción de la convivencia en Centros sostenidos con Fondos Públicos”.

El padre objetor de este alumno ha denunciado, además, que la profesora de Educación para la Ciudadanía ha hostigado a su hijo desde el primer día de clase. A la salida de una de las clases de la nueva asignatura, increpó al alumno en el pasillo en los siguientes términos: “¿Tus padres qué se han creído al presentar la objeción?”.

Los intentos de la familia de hacer valer el derecho del chico han sido inútiles. Según el Foro, “la Dirección del centro ha mantenido su postura, afirmando que aplica el régimen general del centro y que el alumno falta injustificadamente a clase, lo que evidentemente no es cierto”, señala la misma asociación cívica, “puesto que no asiste bajo el amparo de un derecho constitucional”.

No es el único caso de represalias en centros públicos de Andalucía contra alumnos cuyas familias han objetado a la asignatura de adoctrinamiento ideológico y moral.

“Amenazas, coacciones y abusos jurídicos” se están dando en otros colegios e institutos de la Junta andaluza, asegura el Foro de la Familia, que, al igual que otras organizaciones cívicas, como Profesionales por la Ética, presta apoyo jurídico permanente a las familias objetoras.

Se trata –señala el mismo comunicado– de una “situación muy grave e inaceptable en un Estado de Derecho. Probablemente”, opinan, “estemos ante casos claros de acoso escolar, en el que menores de edad son discriminados por la forma de pensar de sus padres en libertad, siendo, en un plus de mayor gravedad, vejados impunemente ante sus propios compañeros por algunos profesores”.

Publicado en Libertad Digital


Los estudiantes se manifestarán en Sevilla contra Educación para la Ciudadanía

11:34 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | Jaimeba | Comentarios cerrados

El próximo 17 de Noviembre los estudiantes de Novillada.Org y Universitarios por Andalucía se manifestarán en Sevilla para protestar por la represión y amenazas que están recibiendo desde los organismos de la Junta de Andalucía.

Ambas plataformas estudiantiles contactarán con un número considerable de agrupaciones de alumnos para reivindicar en la calle el derecho a la libertad de educación y de opinión frente a “la asignatura del pensamiento único”.

El lema de la manifestación será: “MÁS LIBERTAD Y MENOS PENSAMIENTO ÚNICO: ¡EPC NO!”

Novillada.Org, AUPA, 17 de Octubre de 2007.- Tras las graves amenazas de la Junta de Andalucía para coartar la libertad de los alumnos a objetar contra Educación para la Ciudadanía, la plataforma de estudiantes Novillada.Org junto con la Asociación Universitarios Por Andalucía (AUPA) han decidido convocar una protesta estudiantil en Sevilla el próximo sábado17 de Noviembre.

Novillada.Org y AUPA convocarán a decenas de agrupaciones estudiantiles para que se sumen a la protesta en Sevilla. El lema con el que reivindicarán su derecho a la objeción de conciencia será “MÁS LIBERTAD Y MENOS PENSAMIENTO ÚNICO: ¡EPC NO!”

Pablo Paredes, portavoz nacional de Novillada.Org, afirma que esta protesta “dejará una
vez más patente que la verdadera ciudadanía está en contra de que se imponga la ideología de una minoría radical de forma obligatoria y evaluable”, “Educación para la Ciudadanía es un proyecto de reingeniería social de tipo totalitario que no es propio de un estado democrático de derecho como el nuestro”.

Por su parte, Jesús García Hernández, presidente de Universitarios por Andalucía, señala que “En una democracia no se pueden imponer valores morales, ni estereotipos de conducta”. Asimismo declara que “la objeción de conciencia es un derecho de todo ciudadano que sólo se deniega en sistemas de pensamiento único; nuestra libertad está siendo amenazada por la Consejería de Educación Andaluza y por el Gobierno de España”.


Lunes 29 de Octubre de 2007

Los malos también son incompetentes: sobre la Dirección del IES de Alhendín de Granada

11:12 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Opinión | Jaimeba | Comentarios cerrados

En ChequeEscolar.org hemos sabido de la situación que se ha planteado a unos padres objetores contra EpC en el I.E.S. de Alhendín de Granada donde el director, al amenazar con sancionar al alumno con la pérdida del derecho a evaluación contiinua, ha demostrado ser (entre algunas otras cosas de no menor trascendencia) un auténtico incompetente…

Su amenaza constituiría una vulneración de la legislación educativa (que por su cargo tiene la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir).

Y es que ningún centro puede privar a un alumno de su derecho a la evaluación continua… Sencillamente porque en Primaria y en la ESO es obligatorio evaluar de esa forma (el decreto sobre Bachillerato aún no ha sido publicado, pero actualmente también sucede lo mismo)… La legislación actual no contempla la posibilidad de evaluar de otra manera.

Véase el art. 9.1 del vigente RD de enseñanzas mínimas de Primaria:

“La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo”.

Y éste es el art. 10.1 del también vigente RD de enseñanzas mínimas de la ESO:

“La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación secundaria obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo”.

Por otra parte, la sanción que pretende imponer ese sujeto (que sí era factible con normativas anteriores a las vigentes), no sólo no está contemplada en el Decreto de la Junta de Andalucía 10/2007 de 23 de Enero de Medidas de Promoción de la Convivencia en Centros sostenidos con fondos públicos, sino que quedó abolida expresamente ¡hace doce años!

Véase el preámbulo del Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros:

“Se pretende con él potenciar la autonomía de los centros en la definición de su régimen de convivencia, ampliar los derechos de los alumnos, suprimir aquellas sanciones que conlleven la pérdida del derecho a la evaluación continua del alumno y establecer un régimen especial para la corrección rápida de aquellas conductas que no perjudiquen gravemente la convivencia en el centro, inserta en el proceso de formación del alumno”.

Si el director no rectifica formal y públicamente (puesto que públicamente ha proferido sus amenazas), se puede buscar un lío muy gordo… Pero que muy gordo…


Jueves 18 de Octubre de 2007

DE CÓMO ALGUNOS OBJETORES FRENTE A “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA” SON ACOSADOS Y AMENAZADOS

10:44 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

La Junta de Andalucía solicita a una madre que acredite la representación legal de su hijos de 13 años

El Departamento de Comunicación de la plataforma cívica “Profesionales por la Ética”, ha elaborado un amplio reportaje en el que muestra cómo se ejerce una sistemática persecución de algunos objetores de conciencia que se oponen a la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”. Por su interés, lo recogemos en su integridad:

 

“María C. es una madre de Jaén que ha presentado objeción de conciencia en el Instituto de Enseñanza Secundaria para que su hijo no curse la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía (EPC) en 3º de ESO. El primer día de clase, el jefe de estudios le llamó y le dijo que si su hijo no entraba a clase de EPC ella tendría que ir a buscarlo porque en el centro no podía permanecer. Ante la firme postura de María, defendiendo su derecho a objetar, el chico permaneció en el pasillo mientras la Junta de Andalucía acosaba a la madre solicitándole que acreditara “la representación legal de su hijo”, detalle tragicómico si consideramos que el chico tiene unos 13 años y no ha dejado de estar al lado de su madre desde su nacimiento.??En Barcelona, un grupo de padres ha recibido notificación de la Generalidad “desestimando” sus escritos de objeción de conciencia; el gobierno catalán se arrogaba así un poder absoluto que no tiene porque la libertad de conciencia es un derecho constitucional y no depende de ninguna otra instancia. La Generalidad, al igual que la Junta de Andalucía y el propio Gobierno de España, ya ha advertido que los alumnos cuyos padres han objetado frente a EPC “serán suspendidos”.

En Toledo, provincia con más de 4 000 objetores, los padres también han recibido escritos de la Junta de Castilla-La Mancha rechazando la comunicación de los padres relativa a la objeción. Estas decisiones de la Administración están siendo ya recurridas. No hay que olvidar que Ángel Felpeto, delegado de Educación en Toledo, ha recibido una querella criminal (que ha sido admitida a trámite) por obstaculizar los derechos fundamentales de los objetores. ??En Lucena (Córdoba) el director de un IES ha escrito a los padres que han objetado instándoles a que entren a clase de EPC o sean recogidos por sus padres. En Cádiz, una alumna de 3º de la ESO de un centro público ha sido coaccionada y amenazada para que entrara en clase de EPC. ??Leonor Tamayo, coordinadora de Redes Locales de la Campaña de Objeción de Conciencia frente a Educación para la Ciudadanía, se sabe de memoria la casuística de cada objetor, no en vano recibe decenas de llamadas y correos electrónicos cada día. “Es cierto”, asegura, “que se están produciendo coacciones y casos de acoso a objetores pero también es cierto que los padres son muy conscientes de sus derechos y reciben asesoramiento y apoyo jurídico inmediato en cuanto tienen un problema con la Administración educativa o con el centro escolar; en cuanto estos últimos reciben un burofax o una comunicación cesan de presionar a los alumnos y a sus padres. Tamayo recuerda que también existen movimientos espontáneos de solidaridad con los padres objetores. Es el caso del IES Javier de Uriarte, del Puerto de Santa María (Cádiz) donde la Asamblea de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos aprobó por unanimidad solicitar a la dirección del centro educativo el respeto a la objeción de conciencia de los padres que objetaran frente a EPC. En laa asociación de padres y madres había padres contrarios a la asignatura y padres que no han objetado ni piensan hacerlo pero respetan escrupulosamente este ejercicio de ciudadanía responsable.

Mecanismos de defensa jurídica

José Luis Bazán, Doctor en Derecho y responsable de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, no ha desconectado su teléfono móvil desde la primera semana de septiembre. Ante una llamada de petición de ayuda de padres objetores pone en marcha la operación defensiva con la colaboración de una treintena de abogados que, desde todos los lugares de España, trabajan desinteresadamente en favor de los derechos fundamentales de padres y madres. Un fax, una carta urgente o un correo electrónico paraliza de inmediato las coacciones y amenazas y las aguas vuelven a su cauce…hasta el próximo caso. En unos minutos, Bazán abruma con citas legales y abundante jurisprudencia al profesor, educador o funcionario que se haya atrevido a levantar la mano (en sentido figurado, por supuesto) a un padre, a una madre o a un alumno objetor frente a EPC. ??El mensaje es claro: si es Vd. funcionario, que sepa que está violando la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común, conculcando los derechos constitucionales de los padres, amparados por la Carta Magna y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional además de otras sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De paso, Bazán recuerda a los que amenazan y coaccionan que la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE) obliga al director del centro a mediar en la resolución de conflictos y a impulsar la colaboración de las familias. Entre tanto, otros abogados, coordinados entre sí, ultiman recursos frente a las decisiones de la Administración de rechazar las objeciones de conciencia. “El derecho a la objeción de conciencia no lo concede la Junta de Andalucía, ni la de Castilla-La Mancha ni la Generalidad de Cataluña”, insiste Bazán, “porque está recogido en la Constitución y amparado por jurisprudencia nacional e internacional y es la expresión de la voluntad de los padres”. Esta es la esencia misma del Estado de Derecho, apostilla Bazán. ?

Se niegan derechos a los padres objetores

Curiosamente, en una legislación educativa sumamente permisiva, los padres objetores y sus hijos carecen de derechos. Se les acusa falsamente de “absentistas”, cuando en realidad el absentismo es la ausencia reiterada del centro escolar, algo que no tiene nada que ver con la oposición de los padres a EPC. La propia LOE, en su Disposición Final Primera, reconoce (al igual que la Constitución Española) el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones morales y religiosas. La misma norma reconoce ese derecho a los alumnos; estos, además, deberán ser protegidos contra toda agresión física o moral. Para remate, la ley educativa aprobada por el Gobierno Zapatero permite que los estudiantes, a partir de 3º de ESO, podrán decidir la no-asistencia a clase siempre y cuando lo hayan decidido ellos mismos en una reunión y lo hayan comunicado previamente a la dirección del centro. Se ve que el espíritu democrático, la participación ciudadana, la resolución pacífica de conflictos y la atención a la diversidad, tan presentes en la legislación educativa rigen para todos los casos, actitudes y comportamientos escolares. Menos para los que objetan por motivos de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía.

“La realidad”, concluye Leonor Tamayo, “es que en un año se han producido veinte mil objeciones de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía. Si esta asignatura permanece, ¿qué Gobierno, Administración, Comunidad Autónoma…puede resistir a la voluntad persistente de los padres? Estamos ante un movimiento sin precedentes y las coacciones y amenazas, lejos de amedrentar a los objetores, les animan a seguir en esta singular batalla por la libertad de educación y los derechos fundamentales”. Tamayo ha enviado, desde el 17 de octubre de 2006, unas cien mil Guías informativas sobre Objeción de Conciencia; a la vez coordina unas veinte charlas mensuales sobre EPC. Está convencida de que este creciente movimiento social es imparable porque apela a aquello por lo que cualquier padre y cualquier madre decente daría la vida: sus hijos. ??Y eso no hay quien lo detenga. Los autores de este reportaje dan fe de ello.
Analisis Digital


Domingo 14 de Octubre de 2007

Un grupo de padres exige su derecho a una escuela católica para sus hijos y se niega a llevarlos a una pública

21:39 h | Libros,Noticias | Jaimeba | Comentarios cerrados

(VERITAS) Cinco familias residentes en la localidad barcelonesa de Santpedor han presentado recursos contencioso administrativos ante los Tribunales para defender su derecho a escoger el modelo educativo para sus hijos, ante la negativa de la Generalitat a escolarizarlos en la Escuela Llisach, del Obispado de Vic, según informó uno de los padres afectados, David Vidal, esta mañana en una rueda de prensa en Barcelona, organizada por la Plataforma Derecho a Escoger.

Un grupo de niños de entre 3 y 4 años que habían comenzado el curso en la escuela católica a pesar de que no habían obtenido oficialmente la plaza, no acude al colegio desde ayer ante las presiones recibidas porque la Generalitat amenazó al colegio con retirar el concierto si les seguía acogiendo en una aula especial.

La Escuela Llisach tiene espacio y medios para acoger más alumnos. Ante la elevada demanda de los tres últimos años, pidió a la Generalitat abrir nuevas líneas este curso, con el apoyo del obispo de Vic, monseñor Romà Casanova, y de todos los grupos políticos municipales. Sin embargo, el Departamento de Educación ha denegado la solicitud y a la vez ha abierto otra escuela pública en Santpedor, que, según Vidal, no tiene demanda.

El coordinador de la Plataforma, Juan Garriga, denunció que la Generalitat planifica las plazas escolares en virtud de criterios políticos, en lugar de hacerlo en respuesta a la demanda de los padres. Como signo, destacó que en el tiempo que transcurre desde el período de preinscripción escolar, en abril, cuando los padres muestran sus preferencias, hasta el inicio de curso, es imposible planificar el curso.

Garriga añadió que el caso de Santpedor se repite en muchas localidades de toda Cataluña y valoró la valentía del grupo de padres de la localidad del Bages que se ha negado a llevar a sus hijos a la escuela pública asignada y está luchando para matricularlos en la elegida.

Publicado en Veritas