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Lunes 10 de Septiembre de 2007

Educación persigue a Castilla y León por eliminar el sesgo ideológico de Ciudadanía

10:14 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias,Sala de prensa | chequeescolar | Comentarios cerrados
La Junta argumenta que en su decreto ha buscado la neutralidad y el respeto a la libertad de enseñanza de los padres
 
Mar Villasante
Madrid- El Ministerio de Educación olvida su manga ancha para las enseñanzas propias de cada comunidad autónoma y recurre a la mano dura cuando se trata de que se cumplan los mínimos comunes a todas ellas, especialmente si la amenaza se cierne sobre Educación para la Ciudadanía y la «infractora» es una comunidad del PP, en este caso Castilla y León.

   Las comunidades autónomas tienen un margen de desarrollo de los contenidos mínimos fijados por el Gobierno, con un porcentaje propio del 55 por ciento para las autonomías sin lengua propia y del 65 por ciento para las que la tienen.

   Las comunidades del PP ya anunciaron que esperarían hasta el último momento para introducir la nueva materia (lo harán el próximo año, al contrario que las socialistas, que lo hacen este curso) y avisaron de que, además, se limitarían a los mínimos fijados por el Gobierno. Sin embargo, el Ministerio no se muestra conforme con el tratamiento que le ha dado Castilla y León, que empezará a impartir Educación para la Ciudadanía el próximo curso y en 2º de ESO.

   Con lupa
   En el fragor de la batalla que ha desatado la asignatura, con lupa ha examinado Educación el decreto de Secundaria de esta autonomía (publicado en mayo) y tiempo ya le ha dado a enviarle un requerimiento (en julio) con las cuestiones que el Gobierno de Juan Vicente Herrera ha podido pasar por alto.
   En concreto, la Secretaría General de Educación del Ministerio (con Alejandro Tiana al frente) considera que hay aspectos básicos de la normativa del Estado que no han sido recogidos, y que se refieren tanto a objetivos y contenidos como a criterios de evaluación.

   En respuesta, la Junta argumenta que la LOE, a diferencia de la Ley de Calidad del PP, no exige que los decretos de currículo incorporen las enseñanzas mínimas en sus propios términos, y añade que la redacción de su decreto no desvirtúa el sentido de los mínimos establecidos.

   La Junta alega que en la enunciación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación ha procurado buscar la simplificación formal y que en la redacción del currículo ha intentado mantener la neutralidad ideológica para que, de acuerdo con el artículo 27.3 de la Constitución, los padres puedan elegir para sus hijos una formación moral y religiosa acorde a sus convicciones.

   «La materia de Educación para la Ciudadanía se ha concebido con especial atención al espacio constitucional, soslayando con voluntad explícita la implantación de una moral de Estado y respetando escrupulosamente los ámbitos de la moral individual, cuyas decisiones pertenecen a la conciencia personal de los alumnos y a la educación recibida en el seno de las familias», concluye la Consejería.

   En un requerimiento enviado hace mes y medio a la Junta de Castilla y León, y al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio enumera, uno a uno, cada punto y cada frase de los mínimos que esta comunidad autónoma ha omitido.

   Estos párrafos o fragmentos se refieren, por ejemplo, a los objetivos, con especial atención a los aspectos morales, afectivo-sexuales o rayanos con la educación que pueden corresponder a las familias.

   ?Emociones, ética y moral. Así, la Junta no incluye en su texto que los alumnos deban «aceptar la propia identidad, las características y experiencias personales»; «desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones»; «rechazar las discriminaciones por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo»; «identificar y analizar las principales teorías éticas» o «reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual».

   Opciones y prejuicios. En cuanto a los contenidos mínimos, la Junta ha dejado de lado «las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales»; la «valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos» o el «respeto y valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos».

   ?Identidad y alteridad. En la parte de la Educación Ético-cívica (así se llama la asignatura en 4º de ESO), las quejas del Ministerio llegan por la omisión de contenidos sobre el «reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos» o de cuestiones relativas al bloque sobre «Identidad y alteridad. Educación afectivo-emocional». Entre los criterios de evaluación, la Junta ha obviado el de «descubrir los sentimientos en las relaciones interpersonales, razonar las motivaciones de sus conductas y elecciones y practicar el diálotgo en las situaciones de conflicto».

   ?Política. Los fragmentos omitidos en los que se aprecia riesgo de impartir una determinada política de Estado serían, por ejemplo, los de la «compensación de desigualdades y distribución de la renta»; «principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones» o «derechos cívicos y políticos».

   Aparte del decreto de Castilla y León, otros desarrollos que se han aprobado recientemente son los de Andalucía. Esta comunidad, que en principio había barajado tres borradores de asignatura con contenidos muy cuestionados por los colectivos que se oponen a la materia, finalmente decidió ceñirse a los mínimos fijados por el Gobierno, a los que añade el conocimiento de las instituciones de la comunidad y del Estatuto de Autonomía.

   Junto con otras cinco comunidades socialistas (Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña y Extremadura) y Navarra, Andalucía será una de las siete autonomías que esta semana empieza a impartir Educación para la Ciudadanía a los alumnos de 3º de ESO. Incluso el Ministerio, al igual que las comunidades del PP, esperará a 2008 para hacer lo propio en Ceuta y Melilla, los dos territorios de su competencia.
 
 Publicado en La Razón


Inspectores de Educación vigilarán que todos los alumnos asistan a “Educación para la Ciudadanía”

10:12 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Se insiste en que es una materia obligatoria como matemáticas o lengua

Redacción – 10/09/2007
Informarán a centros y a familias sobre sus derechos y obligaciones en caso de que no se imparta la clase de “Educación para la Ciudadanía” o no se asista a ella, y comunicarán a las autoridades educativas los “incumplimientos”, también sobre libros de texto y otros materiales
El presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Educación (ANIE), Félix Urbón, explicó a Efe que cada comunidad autónoma establece la forma concreta para que la inspección educativa respectiva ejerza la “supervisión” de los textos escolares en general. “No obstante, -añadió- cualquier inspector siempre puede
informar de oficio a las autoridades educativas si en su trabajo habitual en los centros detecta que determinados textos o materiales curriculares contravienen el currículo aprobado por la correspondiente administración educativa”.

Los libros escolares no necesitan autorización administrativa previa para poder ser utilizados por los centros de enseñanza desde julio de 1998, según decidió entonces el Gobierno del PP. En relación con la objeción de conciencia que defienden los contrarios a la asignatura, Urbón recordó que se trata de una materia obligatoria como lo son Matemáticas o Lengua.

Los inspectores propondrán, en su caso, las medidas conformes con la legalidad que deben adoptarse cuando detecte incumplimientos si un centro decide que no haya clase o algún estudiante no acude a ella. La Ley no atribuye funciones ejecutivas a la inspección, que no resuelve ni sanciona, sólo informa de lo que comprueba y presenta propuestas en consecuencia. Cada familia, cada alumno es un “caso particular” que hay que evaluar en su contexto “sin perder de vista en ningún momento la legalidad vigente”, matizó finalmente Urbón.

Los inspectores tienen carácter de autoridad pública con acceso a todas las actividades escolares de centros públicos y privados con la función de supervisar, asesorar en derechos y deberes y velar para que se cumpla en ellos la legalidad vigente. La inspección, totalmente transferida a las CCAA, eleva informes a las administraciones educativas correspondientes de oficio o a petición de ellas.

Publicado en Análisis Digital

 

 


Martes 4 de Septiembre de 2007

La FERE, Losantos y el más puro liberalismo

11:51 h | Artículos,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados
 No hace mucho, en el Consejo Escolar de Madrid, el representante de la FERE me criticó por defender el cheque escolar y dijo que el concierto garantizaba la estabilidad y los puestos de trabajo (tipo astilleros, imagino) 

Álvaro Vermoet Hidalgo

Fuimos ocho las organizaciones convocantes de la manifestación educativa del 12 de noviembre de hace ya dos años. Entre ellas no estaba la FERE, que se adhirió en el último momento para desmarcarse del grupo convocante desde la misma rueda de prensa que dimos en el Palacio de la Moncloa, en la cual aclararon a la prensa que la FERE no se unía a nosotros en la petición de dimisión de la ministra.

Me he reunido muchas veces con la FERE y estoy convencido de que ninguno de sus dirigentes tendría reparo en admitir que los colegios concertados lo tienen más fácil en las comunidades autónomas gobernadas por el PP que en las gobernadas por el PSOE. La escuela concertada depende de la voluntad política para poder funcionar. El concierto educativo consiste en que el centro privado sea parte del servicio público, en el sentido de que ni elige a sus alumnos –éstos son asignados por una Comisión municipal– ni tiene derecho a cobrar a las familias cantidad alguna; sólo su ideario moral o religioso y la autonomía en la selección del profesorado lo diferencia de una escuela pública. O al menos esa es la idea, pues, como bien sabe la FERE, ese dinero no es suficiente y tienen que cobrar a las familias para poder mantenerse, eso sí, siempre bordeando la Ley. Por eso los colegios concertados están sujetos al poder político.

No hace mucho, en el Consejo Escolar de Madrid, el representante de la FERE me criticó por defender el cheque escolar y dijo que el concierto garantizaba la estabilidad y los puestos de trabajo (tipo astilleros, imagino). ¿Acaso se basa el libre mercado –o la libre elección de centro– en garantizar la estabilidad y los puestos de trabajo a quienes pretenden dar un servicio a la sociedad? ¿No se basa más bien en que sean las preferencias de la sociedad las que determinen qué servicios sobreviven y cuáles no? Así sucede, al menos, con la alimentación, ¿por qué no con la enseñanza? Estoy convencido de que la inmensa mayoría de las familias católicas que van a centros FERE preferirían poder tener en sus manos el cheque escolar para, con él en la mano, buscarse la vida sin pasar por la Comisión de Escolarización y el concejal de turno.

Al final va a tener razón la FERE: su problema no es la Educación para la ciudadanía ni mucho menos depender del Gobierno de turno cada dos años. Su problema es, según dicen en una carta remitida a la Conferencia Episcopal (y al ABC), Federico Jiménez Losantos. Resulta que el locutor ha pecado de, cito textualmente, defender “el más puro liberalismo”, lo cual, a juicio de la FERE, atenta contra la libertad de enseñanza. Es decir, que la Educación para la ciudadanía no atenta contra la libertad de enseñanza, la imposición lingüística que defendió hace poco la FERE gallega no atenta contra la libertad de enseñanza, pero el liberalismo y la COPE resultan letales. Qué raro ¿no? Y ¿qué dice la FERE de Rajoy? ¿No dijo Rajoy en la COPE que el cheque escolar era la garantía de la total libertad? Igual hasta tienen razón en la FERE y deben temer al liberalismo. ¿Por qué no lo comprobamos? Es fácil: ¡Cheque escolar, cheque escolar, cheque escolar!

Publicado en Libertaddigital