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Martes 11 de Septiembre de 2007

El Defensor del Menor dice que los padres tienen derecho a objetar

14:49 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Trackback

 
   MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) –

   El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, se refirió a la polémica suscitada en torno de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) y señaló que “si bien es cierto que el Gobierno tiene la capacidad legal para fijar esa asignatura y sus contenidos mínimos, no es menos cierto que los padres tienen la capacidad de elegir la mejor educación para sus hijos”.

   En declaraciones a Europa Press Televisión, afirmó que no se pueden ni “adoptar posturas maximalistas” ni “minusvalorar el posicionamiento de aquellos que decidan objetar”, ya que, en su opinión, “tienen toda la capacidad y todo el derecho a hacerlo”.

   Esta ha sido el caso de un padre andaluz que interpuso un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la implantación  de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC),  y que señaló que la solución pasa por excluir de EpC los contenidos que afecten a la ética o la moral, instrumentalizar la participación de los padres en la elaboración y determinación del material didáctico.

   “Nadie discute el derecho que tiene un Gobierno a fijar unos contenidos mínimos, pero tampoco podemos perder de vista lo que genera en la sociedad esos contenidos y, si se está generando un rechazo social importante, lo que se tiene que tener en cuenta es eso, con independencia de la capacidad que se tenga para normar”, aseveró el Defensor del Menor.

   En este sentido, Canalda afirmó que no recuerda ningún debate que haya puesto en cuestión ninguna asignatura hasta el punto de la objeción de conciencia. “Sí que se han discutido leyes, pero, ¿qué hayan tenido que llegar a la objeción de conciencia? Yo no lo recuerdo en la historia de la democracia”, subrayó. 

   Sin embargo, en esta ocasión la polémica es evidente. Mientras en algunas comunidades como Extremadura  se considera que los contenidos de dicha materia son “fundamentales” para la formación educativa del individuo “por fomentar los valores democráticos, educar en el respeto a los demás, promover el espíritu crítico y la libertad individual”.

   En otras como la Comunidad Valenciana, su Conseller de Educación indicó que la Educación para la Ciudadanía (EpC)– asignatura que no se cursará este curso en esta autonomía– es “inoportuna e innecesaria”, y defendió la “transversalidad” de la materia y la implicación en la misma de todos los profesores y no sólo de “unos pocos”.

   Por ello, Arturo Canalda indicó que es “importante aunar posturas para llegar a un punto intermedio”. “Lo que no se puede mantener es posturas enfrentadas de tal modo que al final lo que tengamos son niños que no tengan clase o no tengan la posibilidad de conseguir su título”, se quejó.

   Canalda evitó culpar a nadie directamente de la situación, que calificó de “problemática”, pero indicó que “la responsabilidad, en primera instancia, es del ministerio” porque al diseñar la nueva asignatura creo unos contenidos mínimos que no eran asumibles por la generalidad de los ciudadanos, algo que, a su juicio, puede lograrse con un mayor consenso.

   “No hay que olvidar que existe un interés superior que es el del menor, y lo que no se debe permitir bajo ningún concepto es que con independencia de los posicionamientos de unos y otros al final los que salgan perjudicados sean los menores”, afirmó.

   Así, instó a los responsables de las administraciones autonómicas y del Gobierno central a llegar a un punto intermedio” y alcanzar, por lo menos de momento “hasta que los tribunales se pronuncien”, “una solución transitoria de compromiso” para evitar “que los chicos pues no pierdan el tiempo por el hecho de que sus padres hayan objetado y que, al mismo tiempo, no pierdan la posibilidad de obtener su calificación o su graduado”.

   El Defensor del Menor distinguió a la Comunidad de Madrid, donde en su opinión, al igual que ocurre en otras comunidades de distinto “color político” como Castilla La Mancha, “hay un mayor margen de actuación”, ya que la asignatura no entrará en funcionamiento este curso.

   Además, garantizó, en el caso de Madrid, los contenidos “han sido muy adaptados y muy adecuados a la mayoría de las personas”, por lo que “los contenidos son más asumibles que en otras comunidades”. “El problema puede parecer menor, pero tenemos un año para escuchar todas las partes”, concluyó.