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Jueves 14 de Junio de 2007

El Estado como educador

20:14 h | Artículos,Educación para la Ciudadanía,Libros | Jaimeba | Comentarios cerrados

La misión del Estado no es educar, sino garantizar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza

Ignacio Sánchez Cámara

Ya se han producido los primeros casos de objeción de conciencia contra la imposición obligatoria de la asignatura de educación para la ciudadanía. Es normal, ya que la nueva materia había suscitado gran oposición e incluso alarma en sectores, quizá mayoritarios, de la sociedad.

El titular del derecho a la educación es la persona y se ejerce, en los casos de menores de edad, a través o por representación de los padres. En este sentido, puede decirse que los padres tienen el derecho a decidir la educación que deben recibir sus hijos. Y, lo que no se recuerda con tanta frecuencia, tienen también el deber de hacerlo. Toda educación es pública y ninguna debe ser estatal. Los centros docentes pueden ser de titularidad y gestión privada o estatal (o autonómica y municipal), pero todos son públicos. La formación de la persona no es un asunto meramente privado. Entonces, el Estado no puede aspirar legítimamente a convertirse en educador. Su misión, en este ámbito, no es educar, sino garantizar el ejercicio del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El Estado educador es un Estado totalitario. Sólo podría conferírsele esa potestad en el caso utópico e imposible de que, como en la República platónica, que según Sócrates jamás vería la luz del sol, gobernaran los más sabios (y aún así sería inconveniente por ser lesivo para la libertad).

¿Qué razones pueden aducirse contra la nueva asignatura obligatoria? En primer lugar, carece, en sí misma, de razón de ser, al menos tal como ha sido planteada. La función de formar buenos ciudadanos es una de las básicas de toda educación, pero no tiene por qué ser objeto de una asignatura específica. ¿Es que nunca hasta ahora en España (o acaso salvo la etapa de la Formación del Espíritu Nacional, con la que la Educación para la Ciudadanía guarda algunas semejanzas) se había promovido la formación de los ciudadanos? La asignatura, por lo demás, al menos en parte, instaura el adoctrinamiento moral de los alumnos, pues asume ciertos contenidos antropológicos y morales, en detrimento de otros. Así, encubre la superchería de presentar como común de todos, como los principios básicos que toda persona debe asumir, lo que es sólo una determinada concepción del hombre y la moral. Por lo demás, ni el Gobierno ni la mayoría parlamentaria poseen autoridad para determinar lo que está bien o mal en el orden moral e imponerlo a todos los ciudadanos. Otra cosa sería si se tratara de una asignatura que tuviera como objeto el conocimiento de los principios e instituciones constitucionales y la adhesión crítica (pues tampoco son un inviolable tabú, sino el contenido de la norma jurídica, no moral, suprema, pero reformable) a ellos. Pero no es éste el caso.

Si equivocado es implantar una asignatura semejante, peor aún es hacerlo sin consenso entre los dos grandes partidos y mediante una exigua mayoría parlamentaria y un Gobierno bastante endeble. Si toda ley educativa fundamental debería contar con el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad, pues la educación es algo, en cierto modo, sagrado, que no puede quedar encomendado a los vaivenes de las mayorías sociales, más aún deberían hacerlo las normas que se refieren a la formación moral de los alumnos. Además, es, con muy alta probabilidad, inconstitucional, ya que puede vulnerar la libertad de conciencia y, desde luego, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. En nombre de la libertad, sólo podría haberse creado esta asignatura, si acaso, como optativa. ¿Por qué no se ha hecho?

Toda educación se nutre de excelencia y ejemplaridad. Sólo puede educar quien ostenta o, al menos, aspira a poseer un poder o, quizá mejor, autoridad espiritual. Acaso la tragedia de nuestro tiempo es que nadie ejerce esa autoridad o al menos a nadie se le reconoce generalmente. Incluso se niega la validez misma del concepto a manos de la arbitrariedad, el capricho, el relativismo y el nihilismo. El resentimiento posmoderno ha decretado que nada ni nadie vale más que nada ni nadie. La igualdad ha triunfado, pero todo lo demás naufraga, incluida la libertad. En cualquier caso, quien nunca podrá aspirar a ejercer la autoridad espiritual es el Estado democrático, pues él se sustenta en la opinión pública, es decir, en lo mediocre, nunca en lo excelente. Pero a quien aspira a ejercer un poder absoluto lo que menos le interesa es la existencia de una autoridad social ajena a sus intereses. Aspira, pues, a ejercerla él, es decir, a eliminarla, y así a perpetuar su poder. Pero esto ya nada tiene que ver con la democracia ni con la libertad.

Se podrá discutir si el Derecho español faculta a los padres y alumnos para ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Pero lo que nadie les podrá, a mi juicio, negar es, en su caso, el deber que tienen de hacerlo: en defensa de la libertad y de su derecho, y en contra del Estado (mal) educador.

Ignacio Sánchez Cámara

Publicado en la Gaceta de los Negocios


Miércoles 13 de Junio de 2007

Mitos progres: Los colegios elitistas eligen a sus alumnos

20:01 h | Libros,Noticias | Jaimeba | Comentarios cerrados

“Los colegios, cuyas plazas son limitadas, tienen que poder elegir a los alumnos que los demandan; el objetivo es que no lo hagan en función de sus recursos sino de su esfuerzo y su mérito. El elitismo es imprescindible en el sistema educativo”.

Últimamente, la izquierda se lo piensa dos veces antes de criticar, como idea, la libertad de los padres para elegir el centro de sus hijos, sobre todo quienes llevan a sus hijos a algún colegio privado (y, si pueden, extranjero). Lo que hace la izquierda es rechazar toda medida destinada a facilitar la libre elección, basándose en que serían los colegios los que elegirían a los alumnos y que eso haría que los menos favorecidos siguieran sin poder elegir y se vieran en los mismos centros pero con menos recursos. Ya se ha explicado muchas veces por qué la liberalización ayuda a elegir precisamente a quienes menos tienen, pero pocos se atreven a defender que sean los colegios quienes escojan a sus alumnos.

Cuando un liberal reivindica la libre elección de centro no está reivindicando que se obligue a los colegios a admitir a toda la población escolar que lo demande; lo que está pidiendo es que no haya trabas administrativas para solicitar ningún centro, que toda financiación de la enseñanza siga al alumno al centro en que se escolarice y que las ayudas públicas vayan destinadas a que los mejores alumnos vayan a los mejores centros con independencia de sus posibilidades económicas.

Claro que los colegios, cuyas plazas son limitadas, tienen que poder elegir a los alumnos que los demandan; el objetivo es que no lo hagan en función de sus recursos sino de su esfuerzo y su mérito. El elitismo es imprescindible en el sistema educativo. Precisamente, la crisis educativa española se fundamenta en que la escuela pública ha dado un bajón sin precedentes en la exigencia sin que hayan sobrevivido colegios de alta exigencia, como sí sucedió en el resto de Europa. Así, en el Reino Unidolas exigentes grammar schools sobrevivieron a las nuevas comprehensive schools.

Lo que pedimos los liberales es que el elitismo sea académico y no económico. Lo que se hace ahora es igualar a todos los que no pueden pagarse la educación con su dinero en una escuela comprensiva sin dar a quienes más se esfuerzan la financiación que corresponde a su puesto escolar para que puedan ir a centros más exigentes, sean públicos o privados. La consecuencia es que hoy los mejores colegios sólo son accesibles a una élite económica y, por tanto, deja de tener sentido que sean exigentes en el nivel académico que piden a la hora de seleccionar a sus alumnos ya que, de todos modos, son pocos los estudiantes que pueden acceder a estas escuelas.

Lo que tenemos que reivindicar desde la derecha liberal es un sistema de financiación que permita a los colegios más exigentes del país seleccionar a sus alumnos en función de sus méritos y resultados, ocupándose el Estado de la financiación de quienes no puedan pagarlos. Lo contrario supone atar a los alumnos a sus centros locales, y eso no beneficia ni a los alumnos ni a los centros, sino que contribuye a que la selección y el elitismo se basen en la riqueza en vez del esfuerzo individual. Ese es el modelo de elitismo antiacadémico de la izquierda, que dinamita la instrucción como instrumento de movilidad social. Ese es el igualitarismo progre, que bien podría resumirse en la máxima orwelliana de “todos somos iguales… pero algunos más iguales que otros”.

Álvaro Vermoet Hidalgo
Publicado en Libertad Digital


Ética Ciudadana

0:31 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | Jaimeba | Comentarios cerrados

El prestigioso profesor Rafael Gómez Pérez ha publicado una nueva obra denominada Ética Ciudadana, que fundamenta prudentemente la Objeción ante Educación para la Ciudadanía.

Sinopsis

“Ciudadanos justos, a favor de la libertad y de la igualdad, de los derechos humanos”. Pero, ¿es esto algo que ha de enseñar el Estado, que tiene siempre nombre y apellidos? ¿O es tarea de la sociedad civil, de la conciencia de cada persona, de la propia libertad?

Más allá de una educación estatal para la ciudadanía, está la conciencia personal de los derechos y de los deberes, la ética ciudadana. El Poder político no es quien para decidir qué es un buen ciudadano, ni menos para dictar cuáles han de ser los criterios de esa educación. Es el ciudadano el que decide qué es un buen Poder. La ética ciudadana se origina y se construye desde abajo, desde el origen del poder, desde el pueblo. Con el supremo objetivo de la paz, como realización de la justicia.

En este libro se estudian con detalles todos los temas que, desde siempre y ahora mismo, son problemas que han preocupado a una atenta ética social y ciudadana; la base de los derechos humanos, para su mejor garantía, la lógica del pluralismo, la tensión entre religiosidad y laicismo, las exageraciones del nacionalismo, la necesidad de fortalecer la sociedad civil, la conjugación de la libertad con el progreso en la igualdad, el rechazo de cualquier discriminación y la actitud vigilante ante la aparición de cualquier forma de abuso de poder.

El autor

Rafael Gómez Pérez. Doctor en Derecho y en Filosofía, estudió en Sevilla, Barcelona y Roma. De 1976 a 2000 fue profesor de antropología cultural en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado más de setenta libros, entre ellos muchos de temas éticos: Ética. Problemas morales de la existencia humana (ocho ediciones), Introducción a la ética social (cuatro ediciones), Deontología jurídica (cuatro ediciones), Ética empresarial (tres ediciones).

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Lunes 11 de Junio de 2007

¿Por qué objetar contra Educación para la ciudadanía?

19:35 h | Artículos,Educación para la Ciudadanía,Libros | Jaimeba | Comentarios cerrados

José Carlos Muñoz Úbeda.
Profesor de Lengua y Literatura.
Asesor de la Plataforma ChequeEscolar.org

Los padres que han objetado ya contra Educación para la ciudadanía y los que lo harán en el futuro ejercen un derecho constitucional (el de libertad ideológica y religiosa, reconocido por nuestra Carta Magna en su artículo 16.1), para evitar que sus hijos sean víctimas del adoctrinamiento del gobierno de turno a través de esa materia.

Esos padres y las asociaciones que promovemos la objeción de conciencia no rechazamos que en nuestro sistema educativo no universitario se integre la educación cívica (bien como asignatura o bien –y ésta es la fórmula que consideramos más adecuada– como materia transversal). Lo que nos parece ilegítimo es que, mediante el currículo de Educación para la ciudadanía, el Estado se arroga la potestad de imponer una determinada formación moral a nuestros hijos y con ello vulnera nuestros derechos constitucionales recogidos en los artículos 16.1 y 27.3.

Quienes ejercemos o promovemos la objeción de conciencia contra Educación para la ciudadanía la rechazamos por algunos elementos de su contenido curricular (que, al abordar cuestiones de índole moral, vulneran nuestro derecho a decidir la formación moral que nuestros hijos han de recibir) y por su obligatoriedad (que, al abordarse cuestiones de carácter moral e ideológico desde postulados antropológicos y sociológicos concretos, atropellan el derecho a la libertad ideológica y religiosa).

Por medio de esa asignatura, hoy vulnera nuestros derechos el gabinete socialista presidido por Rodríguez Zapatero… y en el futuro (si la materia no desaparece del sistema educativo o si al menos no se modifica sustancialmente su currículo) podría llegar a hacerlo el PP… o cualquier otra opción política que pudiera acceder al poder ejecutivo.

Esta realidad, que no se alteraría en absoluto con un simple cambio de gobierno, sólo podría corregirse si se modificara el currículo y (bien manteniéndola como asignatura específica o bien dándole el tratamiento de materia transversal) se eliminasen las cuestiones de carácter moral e ideológico, o si pasara a ser una asignatura de carácter optativo con alguna alternativa académica para los alumnos cuyos padres rechazamos el adoctrinamiento estatal.

Para tratar de evitar el recurso a la objeción de conciencia, propusimos en varias oportunidades al Ministerio de Educación que admitiera alguna de estas dos fórmulas, cualquiera de las cuales habría supuesto una solución de compromiso creemos que razonablemente satisfactoria para todos. Evidenciando la nula voluntad de consenso que ha caracterizado su gestión, primero Dª Mª Jesús San Segundo y después Dª Mercedes Cabrera se negaron en redondo a aceptar como válida ninguna de ellas.

En consonancia con lo expuesto anteriormente, al objetar contra Educación para la ciudadanía no recelamos en modo alguno del profesorado que ha de impartirla ni desconfiamos de los centros educativos (tanto de titularidad estatal como de iniciativa social) en que estudian nuestros hijos, como al parecer ha querido interpretar el secretario general de FERE-CECA en dos cartas dirigidas recientemente a los titulares de los centros adscritos a esa organización.

Lo que rechazamos es que la asignatura tenga carácter obligatorio, a la vez que su currículo incluye entre sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación cuestiones de carácter ideológico y de índole moral.

Aduce D. Manuel de Castro que los centros de iniciativa social pueden adaptar el currículo a sus idearios y añade que, en consecuencia, carece de sentido que los padres de los alumnos matriculados en ellos opten por la objeción. Al manifestarse así, parece ignorar que a todos los centros docentes (sea cual fuere su titularidad) les compromete el cumplimiento de lo dispuesto en los reales decretos de enseñanzas mínimas de Primaria y de la ESO (como en el futuro sucederá con el de Bachillerato) y que habrán de cumplir también con lo que establezcan los decretos autonómicos que en cada comunidad los desarrollen.

Contrariamente a lo que De Castro manifiesta, no nos parece factible adaptar la totalidad del currículo de la asignatura a los idearios de los colegios integrados en FERE-CECA (ni a los de muchos otros más) sin incumplir lo establecido en esas disposiciones, pues los planteamientos ideológicos que son inherentes al diseño curricular de la asignatura entran en claro conflicto con las convicciones que inspiran esos idearios. Y si para adaptar el currículo al ideario se soslayara algún aspecto del currículo de Educación para la ciudadanía, ello constituiría en realidad otra forma de objeción por parte de las direcciones de los colegios.

Es más… Admitiendo a efectos puramente dialécticos que fuese posible adaptar al ideario propio de cada centro todos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sin modificar sustancialmente sus fundamentos ideológicos o morales, consideramos que la enseñanza de esa materia seguiría siendo ilegítima, por su carácter impositivo y obligatorio. Y es que ni aun los principios ideológicos o morales que coincidieren con nuestras convicciones se les pueden inculcar a nuestros hijos sin nuestra expresa solicitud.

Las decisiones en relación con su formación moral nos incumben exclusivamente a los padres (sea cual sea nuestra ideología y cualesquiera que sean nuestras creencias). Y no sólo es ilegítimo que el Estado (o cualquier otra institución o persona) se arrogue la potestad de decidir por nosotros, sino que (en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.3 de la CE) los poderes públicos tienen la obligación de garantizar que nuestros hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con nuestras propias convicciones.

Además, por medio de esa materia (tal y como está definida en su currículo), también vulnera el Estado el derecho de libertad ideológica y religiosa (art. 16.1 de la CE), al imponer una visión concreta en cuestiones que afectan a las ideas y convicciones de los ciudadanos.

Ya que, por medio del currículo de Educación para la ciudadanía, el Estado vulnera dos de nuestros derechos constitucionales, los padres tenemos el derecho irrenunciable de exigirle que, en lugar de impedirlo usurpándonos la potestad de elegir que la Constitución nos reconoce, respete y garantice su pleno ejercicio por nuestra parte.

Y puesto que la Administración sigue empecinándose en atropellar nuestros derechos civiles, no nos deja otra opción que objetar, algo que (contrariamente a lo que el gobierno y sus terminales mediáticos pretenden hacer ver) es acorde con nuestro marco jurídico, pues constituye una concreción del derecho de libertad ideológica y religiosa. Así lo juzgó el TC, entre otras, en su sentencia 53/1985, de 11 de abril (FJ 14º):

“No obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales”.


Lunes 4 de Junio de 2007

Nueva objección de conciencia contra EpC, esta vez en Murcia

15:38 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | Agn | Comentarios cerrados

José Luis Marín Moreno y Toñi Ortiz Martinez, padres de cuatro hijos y residentes en Cieza (Murcia), han presentado escrito de objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía. José Luis, que es profesor de Filosofía, ha explicado el motivo de su objeción frente a esta asignatura: «En la materia Educación para la Ciudadanía subyace una ideología muy concreta, una concepción del ser humano y de la vida que conduce al aniquilamiento de la persona. Y no quiero que mis hijos sean educados obligatoriamente en esta ideología».

A pesar de que los hijos de esta familia no cursarán Educación para la Ciudadanía hasta dentro de unos años, los Marín-Ortiz han decidido presentar ya sus impresos de objeción de conciencia. «El hecho de que esta asignatura no nos afecte a nosotros el próximo curso no nos exime del problema; sobre todo cuando hay muchos padres de otras comunidades autónomas que van a verse afectados en septiembre. Ahora es el momento de que los padres presenten objeciones en toda España. Es una cuestión de solidaridad», han asegurado.