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Lunes 23 de Abril de 2007

Un informe jurídico avala la objeción frente a la Educación para la Ciudadanía

1:28 h | Libros,Noticias | Jaimeba | Trackback

Las asociaciones contrarias a la asignatura preparan un recurso constitucional ante la amenaza de suspensos

Celia Maza

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Madrid- Desde que se presentó la campaña de objeción de conciencia contra la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, muchos han puesto en duda la constitucionalidad de esta iniciativa, incluido el ministerio que dirige Mercedes Cabrera. Por ello, y ante los conflictos que se puedan encontrar los padres objetores, las organizaciones contrarias a la materia han encargado un dictamen jurídico, al que ha tenido acceso este periódico, que recoge las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional que pueden avalar la negativa a que los alumnos cursen una asignatura que más de 30 asociaciones tachan de «adoctrinadora».

El texto jurídico afirma que este derecho de objeción existe y puede ser ejercido «con independencia de que se haya dictado o no tal regulación», es decir, que se puede aplicar contra la nueva asignatura aunque no exista ninguna ley que lo defina como tal. «La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16 de la Constitución -continúa- y la Carta Magna es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales».

Tribunal Europeo

Además, el informe destaca una sentencia del Tribunal Europeo de 7 de diciembre de 1976, según la cual el Convenio Europeo de Derechos Humanos «prohíbe al Estado perseguir un fin indoctrinador o de adoctrinamiento en la organización del sistema educativo».

Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, asociación que expresamente ha solicitado esta opinión jurídica, asegura que tienen la intención de presentar las conclusiones de este dictamen en el recurso que preparan para el Tribunal Constitucional frente a aquellas comunidades que no faciliten la objeción en los centros. «De momento no ha llegado el caso, pero estamos dispuestos a llegar hasta el final. Queremos que los padres se sientan seguros y respaldados», puntualiza.

Tras recoger varios casos, como el de los farmacéuticos que se niegan a recetar la píldora del día después, el de unos padres que no quieren que su hijo reciba un tratamiento de transfusión de sangre o el de un mando de policía contrario a tomar parte en una procesión, el texto señala que la libertad religiosa incluye también una dimensión externa de «agere licere» que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones.

Según el escrito, la razón de esta ampliación de objeciones estriba en un «oscuro drama» que se presenta entre la norma legal que «impone un hacer» y la ética «que se opone a tal actuación». A esto, tal y como detalla la opinión jurídica, se suma «una cierta incontinencia del poder» que tiende a «invadir campos fronterizos con las más íntimas convicciones y creencias».

El dictamen informa además que quien objeta «no lo hace por motivos bastardos o de mero capricho», sino por un deber de conciencia «que también debe ser protegido razonablemente por el Estado».

Formación moral

Así, puntualiza que objetar a Educación para la Ciudadanía, tal y como está regulada en sus contenidos actuales, «no es un mero negarse a cursarla», sino que los recurrentes entienden que se vulnera de forma clara el contenido del artículo que protege y garantiza la formación religiosa y moral acorde con las convicciones de los padres. «No sólo objetamos amparados por un artículo 16 de la Carta Magna, sino que también lo hacemos para que se respete el 27.3», aclara Blanco.

Por su parte, Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, asociación promotora de la objeción, asegura que el dictamen viene a confirmar lo que defienden desde que conocieron el currículo de la materia. «No es necesario ningún desarrollo legislativo específico. Creo que ya estamos suficientemente respaldados», puntualiza.

Por este motivo, considera «inadmisibles» las amenazas «del suspenso» que el Ministerio de Educación y diferentes comunidades autónomas realizan a quienes no vayan a cursar la polémica asignatura. «El mismo dictamen señala que quienes hacen uso de este derecho no pueden tener ningún tipo de coacción del Estado o de cualesquiera grupos sociales. Es el que amenaza con un cero el que está violando la Constitución, no nosotros», advierte.

http://www.larazon.es/noticias/noti_soc3873.htm