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Viernes 20 de Abril de 2007

La educación, la gran batalla política

8:42 h | Artículos,Libros | Agn | Trackback

La educación es la gran batalla política, que los partidos libran entre sí, aplicando su ideología, para conquistar y permanecer en el poder de un Estado político, de una Comunidad autónoma y de un Municipio gobernando a sus ciudadanos según sus intereses.

La educación es la transmisión y enseñanza de conocimientos y valores intelectuales, morales, religiosos, profesionales, culturales y técnicos, y de costumbres, formas, reglas y modelos que rigen la sociedad, para la formación y desarrollo de las nuevas generaciones, niños y jóvenes.

Originariamente, en los pueblos primitivos, la educación consistía en la transmisión oral de costumbres, tradiciones, creencias, técnicas, artes de supervivencia y tabúes, enseñados por padres y clanes a sus niños y jóvenes. La educación griega era familiar, espartana y ateniense, duraba hasta siete años; la primera era colectiva y principalmente física, y la segunda enseñaba y practicaba la gimnasia, la gramática y la música en la palestra. La educación judía enseña la Ley de Moisés por medio de los escribas y actualmente por rabinos en las sinagogas. La educación romana, muy difundida, era práctica y moral, cultivaba el respeto a los mayores, sumisión al padre de familia y adhesión al Estado romano.

La educación occidental Europea, durante la Edad Media y Moderna hasta la Edad Contemporánea, consistía en la enseñanza de las humanidades, gramática, retórica y dialéctica y en la doctrina cristiana impartidas por los monjes en los monasterios, por el clero secular en las catedrales y parroquias y por los religiosos en los conventos; y en la enseñanza de estudios de teología, filosofía y derecho trasmitidos por el clero secular y regular en las universidades. Este tipo de educación fue llevada por los misioneros cristianos a América y a Filipinas, a partir del XVI.

En el siglo XIX, bajo el influjo de la Ilustración, del liberalismo y de la industrialización, los Estados políticos europeos y americanos inician la educación primara, secundaria, normal, universitaria y técnica de arte y oficios, mediante maestros y profesores, pagados por la Hacienda pública, en escuelas, institutos y universidades; y la extienden a la mujer. La Iglesia sigue con sus centros educativos, en lucha permanente con los Estados laicos y laicistas, por su derecho de libertad de enseñanza.

Actualmente, la educación de las nuevas generaciones comprende conocimientos, valores y comportamientos humanísticos, intelectuales, morales, religiosos, culturales y técnicos, sanitarios, audiovisuales, electrónicos, informáticos e espaciales.

 

Los partidos políticos en España luchan entre sí y con la Iglesia por imponer su ideología política en la educación. Concretamente, en 15 años, la educación española sufrió diversos cambios, sin resultados positivos. En 1990 surge la LOGSE impuesta por el partido socialista, en 2002 la LOCE dada por el partido popular, y actualmente, el partido socialista trata de imponer la LOE, que ha tenido 1800 enmiendas particulares y dos a la totalidad. La futura LOE es considerada por los especialistas como una marcha atrás, decepcionante y mediocre, siendo más LOGSE que LOCE.

Pues bien, la actual Constitución Española, en su artículo 27, manda lo siguiente sobre el derecho de educación:

1º- “Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2º- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3º- Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4º-La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5º- Los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de enseñanza, con la participación de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6º- Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7º- Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8º- Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9º- Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10º- Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la ley establezca”.

Es decir, todos los españoles, independientemente de su edad, capacidad física o síquica, estado, condición o raza o religión, tienen derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El pleno desarrollo de la personalidad humana se realiza mediante la formación humana, física, síquica, intelectual, moral, sanitaria, religiosa y jurídica, cultural, social profesional, técnica, audiovisual e informática de nuestros niños y jóvenes; respetando los derechos y libertades constitucionales y los principios democráticos de convivencia, es decir, la dignidad del persona y la ley humana, que debe ser verdadera y justa, mirando al bien común y a la utilidad y bienestar social.

Los padres tienen el derecho primario e inalienable de que sus hijos se eduquen religiosamente y moralmente conforme a sus convicciones, dado que la educación es consecuencia de la generación; y el Estado político tiene la obligación de garantizar y tutelar este derecho paterno. El hogar familiar es el primer centro de educación integral de los hijos.

Ahora bien, actualmente la educación de los es muy compleja y extensa, requiere unas condiciones de preparación y organización, que los padres no tienen, y que el trabajo laboral de ambos cónyuges fuera de casa, les impide impartir hoy día. De ahí, que antiguamente la Iglesia, y modernamente el Estado, con su colaboración y la de otras organizaciones, tiene el derecho y la obligación subsidiaria de su educación.

La educación española es, pues, uno de los derechos y libertades fundamentales de la actual Constitución Española, que debe interpretase de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España (Art. 10-2º). El artículo 16. 3º de la citada Constitución establece “ninguna confesión tendrá carácter estatal”; sin embargo, ordena a continuación, “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica”.

En su virtud, la Sede Apostólica Romana y España tienen firmados y ratificados cuatro Acuerdos, con fecha del 3 de enero de 1979. El segundo de dichos Acuerdos ordena: “La acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar; en todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana”.

Por consiguiente, los partidos políticos y organizaciones sociales, civiles, religiosas y sindicales deben respetar y cumplir lo expresamente establecido en nuestra Constitución Española, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Acuerdos firmados y ratificados, prescindiendo de su ideología e intereses partidistas.

Por José Barros Guede