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Viernes 29 de Septiembre de 2006

Una sentencia del Supremo amenaza la educación concertada

10:39 h | Libros,Noticias | Txemav | Trackback

REDACCIÓN HO.- Una sentencia del Tribunal Supremo pone en peligro el sistema de funcionamiento de la escuela concertada, favoreciendo los ataques a la misma. La jurisprudencia cuenta ahora con que el alto tribunal ha dado la razón de manera irrevocable a unos padres de una escuela concertada de Olot, que se negaron a pagar las cuotas del centro por considerar que no podían ser obligatorias.

De acuerdo con la sentencia, los centros concertados solo podrían cobrar con carácter obligatorio, al igual que los públicos, las actividades de naturaleza extraescolar como, por ejemplo, el comedor o la sexta hora de clase.

Los sindicatos de enseñanza pública acusaron a la concertada de utilizar de manera inadecuada los recursos públicos al no ser gratuita la enseñanza que imparte. Detrás de toda esta cuestión hay un marco legal que ha intentado casar unos principios, el de la gratuidad de la enseñanza y el derecho de los padres a elegir centro, con una inadecuada financiación de estas plazas en las escuelas concertadas.

La realidad nos muestra la discriminación que sufre la enseñanza privada y concertada y, con ello, la violación del derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos, al poder estar condicionados por actores económicos. Y es que, según los últimos datos disponibles del estudio en curso promovido por la Fundación para el Desarrollo Humano y Social (FundSocial), para 2006 una plaza en un centro infantil tenía una financiación pública de 3.779€, la de primaria de 3.789€, la de ESO de primer ciclo de 3.383€ y la de ESO de segundo ciclo de 4.626€. En contrapartida, los centros concertados solo recibían una financiación de 1.106€ en la infantil, 1.915€ en la primaria, 1.952€ en el primer ciclo y 2.670€ en el segundo ciclo de ESO. Las diferencias son, por consiguiente extraordinarias.

La cuestión es que si los centros público tienen un coste por plaza como el indicado para que funcionen bien, es incongruente pensar que los concertados, con una financiación del Estado un 30% ó un 40% inferior, puedan mantener abiertos los centros sin acudir a la aportación solidaria de los padres. Esto ayuda a entender también el porqué los centros concertados tienen un número mayor de alumnos por aula y una retribución de los profesores inferior al de la escuela pública.

Sin una modificación de las normas actuales que garantice una financiación igual a la pública de los centros concertados, sin limitar el derecho a disponer de su propio ideario, la libertad de los padres para elegir centro continuará viéndose coartada y ahora amenazada. Desde HO se ha insistido en la necesidad de implantar medidas que cooperen con los padres. Una de ellas es la emprendida por chequeescolar.org, que trata de implantar ayudas para que, en ningún caso, el actor económico coharte la libertad de los progenitores a decidir sobre la educación de sus hijos.