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Miércoles 30 de Agosto de 2006

Cheque Escolar frente al adoctrinamiento estatal

14:28 h | Libros,Noticias | Txemav | Trackback

Los últimos borradores conocidos acerca de la asignatura Educación para la Ciudadanía que el Gobierno pretende poner en marcha el curso 2007/2008 suponen una peligrosa amenaza para la libertad en España. El Estado quiere hacerse garante de la transmisión de una serie de supuestos valores morales como la normalidad y bondad de familias de papás, de mamás, de papás y mamás, de mamás y mamás, y de papás y papás. De fondo, subyace una vieja tesis propia de la mentalidad socialista, ya explicitada por algunos como el reconocido militante laicista Victorino Mayoral: “por primera vez en la historia de España, el estado asume la transmisión de valores, una tarea que hasta ahora correspondía casi exclusivamente a la Iglesia católica”. Mayoral y otros tantos olvidan que los padres eligen libremente si otorgan a la Iglesia o no una participación en la tarea de la transmisión de valores a sus hijos. En cambio, con esta asignatura se obliga por ley al estudio de unos hipotéticos valores que decide el Estado. Se imponen. Entre las virtudes laicas que se difundirían en la asignatura se encuentra la filosofía de género que propaga el socialismo español, conceptos como la ‘feminización de la pobreza’, el diálogo como método para la resolución de conflictos o la bondad del pago de impuestos para la redistribución de la riqueza….

Asociaciones de padres y familiares como el Foro Español de la Familia ya han denunciado la política del ejecutivo, y animan a los padres a que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia con esta asignatura. Además la materia podría ser inconstitucional, ya que el artículo 27.3 de la Carta Magna establece que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

En cualquier caso, la actual coyuntura pone de manifiesto la fragilidad de puntos intermedios en políticas educativas como es el caso de los colegios concertados. Si se aplicara la ley, en cualquier momento el Gobierno podría enviar inspectores a los centros concertados para supervisar las materias que se imparten. Y en el caso de que no se transmitiera la moral estatal que se hubiera impuesto por ley, podrían retirarles el concierto.

Los conciertos educativos no son la solución para permitir una mayor libertad de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos. El concierto lo deciden los organismos públicos, y, por tanto, en cualquier momento éstos podrían exigir un determinado tipo de enseñanza para continuar colaborando con los colegios. Además, los centros concertados actúan en una situación de cuasi monopolio respecto al resto de operadores del mercado: los colegios privados, que pese a haber sido elegidos libremente por numerosos padres carecen de los recursos públicos que se destinan a los concertados. Si bien es cierto que el sistema de conciertos supone un mayor campo de elección para los padres en un sistema estatista como el nuestro, también es verdad que los colegios concertados dependen de la discrecionalidad del Estado, y, por tanto, del Gobierno de turno.

Una cosa es garantizar desde el Estado la educación a todos los niños en edad escolar, y otra bien distinta gestionar la misma. ¿Por qué ha de ser el Estado el propietario de colegios y arrogarse la competencia de definir sus líneas educativas? ¿No puede garantizar un mínimo de conocimientos educativos y el acceso a estos servicios sin ser el propietario de los centros? Naturalmente que puede, pero no le interesa. Y menos a un Gobierno socialista, siempre presto a conformar la realidad según su criterio.

Ahora mismo, si usted lleva a su hijo a un centro privado paga dos colegios sin que le devuelvan la diferencia. Si lo lleva a un colegio concertado, probablemente le estarán devolviendo parte de sus impuestos, pero el Estado se reserva el derecho a anular el privilegio de este colegio en cualquier momento.

La alternativa se llama ‘cheque escolar’, idea del premio Nobel de economía Milton Friedman. Se trata de que el estado asigne a los padres un cheque o bono por el importe del coste de una plaza escolar para que ellos decidan a quién confían la educación a sus hijos. De esta forma, podrán enviarles al centro que deseen y se les garantiza el derecho a la educación. Con la iniciativa se prima al mercado y a las familias con menos recursos. Los colegios entran en competencia unos con otros a la hora de conseguir alumnos –subsistirían los que mejor satisfagan las demandas educativas de los padres-, y aquellos con menos recursos pueden optar a alternativas diferentes a las de la escuela pública que actualmente le asigne el Estado. Naturalmente, el cheque también favorece a la gente con más posibilidades, aunque estos ya tienen dinero para enviar a sus hijos al colegio que deseen…

Actualmente el ‘cheque’ se aplica en lugares como Suecia, Nueva Zelanda y algunas zonas de EE. UU. En España, la comunidad valenciana ha introducido un sistema parecido para los más pequeños, pero en nuestro país aún no se ha planteado a gran escala por ningún partido político.

Miguel Gil

Publicado en Periodistadigital.com